El Gobierno andaluz explicará los contratos sanitarios en el Parlamento, pero el PP impide un debate de más calado
Los grupos de la oposición acusan a Aguirre de “degradar” la Cámara andaluza
El Gobierno andaluz comparecerá la próxima semana en el Parlamento autonómico sobre los informes desfavorables de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre los contratos de emergencia sanitaria de los años 2020 a 2024, y será la consejera de Salud, Rocío Hernández, recién nombrada en el cargo, quien subirá a la tribuna para dar explicaciones. Hasta tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud en el Gobierno del PP están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por un presunto abuso de los contratos de emergencia a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de junio por los 30 diputados del grupo socialista.
Los tres partidos de izquierda del Parlamento (PSOE, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía) habían reclamado un debate general sobre estos contratos a dedo, lo que implica la defensa y votación de propuestas de resolución. En un debate de este tipo, todos los grupos y el Gobierno se retratan. Además de que es una iniciativa parlamentaria de mayor calado político que otras y en teoría tiene más eco. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha impedido este miércoles incluirla en el orden del día, sin dar ninguna explicación, lo que ha provocado una reacción furiosa de la oposición.
Aguirre fue consejero de Salud durante la primera legislatura de Juan Manuel Moreno y los informes de la Intervención afectan de lleno a parte de su gestión, cuando se decidió contratar por la vía de emergencia una vez caducada la norma que lo permitía, al remitir la pandemia, tanto por el Gobierno central como a través de una instrucción de la Consejería de Hacienda que dirigía Juan Bravo. En la segunda legislatura y tras ganar por mayoría absoluta Moreno, decidió prescindir de Aguirre en su Gobierno, una decisión que en algunos círculos sorprendió porque el entonces consejero de Salud había cosechado una imagen de médico bonachón, algo pizpireto, al que entendía todo el mundo en plena covid. Lo aupó al segundo cargo institucional de la comunidad, la presidencia del Parlamento.
Aguirre lleva también un año y ocho meses bloqueando un debate general sobre la sanidad solicitado por el PSOE y Por Andalucía, cuando ni había investigados y ningún juez ni la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso ahora, habían intervenido. Ninguna explicación ha dado de esta tardanza y este miércoles en la reunión de la Junta de Portavoces ha dicho tan pancho que “está pendiente de cuándo va a ir a pleno” y que se “meterá en tiempo y forma”.
—”¿Esa es su respuesta?”, ha preguntado la socialista Ángeles Férriz.
—”Sí, señora”, ha contestado el presidente del Parlamento.
Ante el guirigay de voces que se ha desatado durante toda la reunión (al popular Toni Martín se le ha escuchado un “vienen a liarla”), Aguirre ha intentado imponerse: “Es el presidente el que da la vez”, “usted pregunte lo que quiera que yo responderé lo que quiera” y “bueno, finiquitado” han sido algunas de sus expresiones. Desde hace meses, la oposición, salvo Vox, vota en contra del orden del día del pleno al interpretar que no se respetan sus peticiones que están reguladas en el Reglamento de la Cámara. Esa posición sirve de pataleta, pero no tiene ninguna trascendencia dada la mayoría absoluta del PP.
En el debate, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha acusado a Aguirre de convertir a la Cámara “en una oficina de San Telmo”, de cometer “cacicadas”, “de degradar el Parlamento” y de “vetar” iniciativas. “Ustedes quieren que hablemos de lo que les sale de su mayoría absoluta, es indecente y una vergüenza”, ha rematado. También la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, se ha quejado del tratamiento “poco serio y democrático” que la Mesa que preside Aguirre da a sus iniciativas parlamentaria a quien le ha dicho: “Usted no se puede tomar la atribución de vetar propuestas en función de lo que le es más cómodo o no, no sé si porque usted entonces era consejero”. La tercera voz desde la izquierda ha sido la del portavoz de Adelante, José Ignacio García, quien ha recordado que no se poder cercenar un debate cuando “hay tres cargos del PP imputados”.
Toni Martín ha intervenido como un rayo: “¿Qué tres cargos del PP? Si confunde eso, lo confunde todo”. Aludía el portavoz popular a que los dos directores que tuvo el Servicio Andaluz de Salud entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y la actual gerente, Valle García, no militan en el PP, aunque Guzmán sí se afilió después de ser nombrado viceconsejero de Salud en la primera legislatura de Moreno. Martín ha reprochado a los grupos generar “una crispación que está solo en sus cabezas, no en Andalucía” y a la socialista le ha dedicado estas palabras: “La indecencia en Andalucía se acabó el día que ustedes dejaron de gobernar”.
A última hora de la tarde, desde la Junta se ha confirmado que será la consejera de Salud la que dará, en nombre del Gobierno, explicaciones sobre los informes desfavorables de la Intervención General a los contratos de emergencia sanitarios. La Intervención General es un órgano adscrito a la Consejería de Hacienda, pero actúa con total autonomía. En el Ejecutivo de Moreno se había abierto un debate sobre si deberia intervenir la consejera de Hacienda y portavoz, Carolina España, o la de Salud. La primera tiene trienios y tablas en el cuerpo a cuerpo parlamentario. La segunda no las tiene.
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