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La Junta andaluza evita defender a los exgerentes del servicio de salud investigados por los contratos de emergencia

El Ejecutivo ampara a la actual gerente del SAS pero no a sus predecesores, a pesar de que un juzgado ha imputado a los tres cargos

La portavoz de la Junta andaluza, Carolina España, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y el portavoz del PP andaluz, Toni Martín, la semana pasada en el Parlamento.
La portavoz de la Junta andaluza, Carolina España, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y el portavoz del PP andaluz, Toni Martín, la semana pasada en el Parlamento.PACO PUENTES
Javier Martín-Arroyo

La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, ha evitado este martes defender la labor de los dos directores que tuvo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, por la causa judicial en la que se investiga un presunto abuso de los contratos de emergencia. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, ha eludido amparar a Guzmán y Vargas pero sí lo ha hecho con la actual responsable del SAS, Valle García Sánchez, a pesar de que los tres están siendo investigados por prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

¿Hace extensible la defensa cerrada de la actual gerente a sus predecesores?, le han preguntado a España. “Yo defiendo a una persona que ahora forma parte de la Junta, los demás ya no forman parte. No pongo la mano [en el fuego], le estoy diciendo que nos extraña la denuncia del PSOE contra una señora funcionaria profesional [García Sánchez] que no es afiliada al PP. Nos extraña contra ella, una mujer que hace su trabajo muy bien”, ha respondido la portavoz de la Junta sin mencionar a Guzmán y Vargas. A pesar de la afirmación de España, este último sí pertenece a la Junta, en concreto es desde el pasado junio director gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, empresa pública perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo.

El juzgado ha imputado a García Sánchez por las adendas de prórrogas de adjudicaciones a dedo firmadas el pasado enero y julio, y esta se personó en la causa ayer lunes con abogado propio y no de la Junta, según España. Tras el Consejo de Gobierno de este martes, la también consejera de Economía y Hacienda ha tildado de “querella política” el origen del caso y ha intentado rebajar la responsabilidad de la actual gerente en la causa, surgida tras una querella del PSOE andaluz, que está personado como acusación popular. “La adenda no es una adenda en sí, ni un contrato de emergencia, ni una ampliación del plazo, ni la realización de nuevos servicios de emergencia, que terminaron en mayo de 2023 (…) Es solo pagar lo que se ha realizado, los servicios prestados durante los contratos de emergencia”, ha insistido. De momento, la Junta andaluza valora personarse en la causa judicial, pero aún no ha tomado una decisión.

El juzgado y la Fiscalía Anticorrupción investigan el presunto abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba estas adjudicaciones a dedo por la emergencia de la pandemia de covid. Carolina España ha repetido que en 2024 el SAS no ha firmado contratos de emergencias, sino que solo ha abonado los pagos suplementarios de contratos anteriores, según el último informe de la Intervención de la Junta del pasado julio. “No hay que comunicar medidas cautelares, no hay informe de actuación [un código rojo de la Intervención General] y no hay menoscabo de fondos públicos ni infracción del buen gobierno”, ha añadido.

Hace un mes, en la línea de la estrategia planteada por España este martes, Catalina García, exconsejera de salud y Consumo —hoy de Sostenibilidad y Medio Ambiente—, ya intentó desvincularse de las decisiones de los exgerentes del SAS bajo su mando, Guzmán y Vargas. “Estoy segura de que las personas que gestionaron aquellos momentos lo hicieron por una necesidad extraordinaria”, dijo.

Hace una semana los socialistas andaluces ampliaron la querella, presentada en junio, para pedir la imputación de la actual gerente del SAS por la firma de adendas de los contratos exprés el pasado enero y julio. La primera de ellas fue por 2,2 millones para procedimientos oncológicos a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano, prorrogado hasta en cuatro ocasiones, entre 2021 y 2023. La segunda adenda, firmada el pasado julio, fue para un contrato de emergencia suscrito por 4,4 millones en 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería para la asistencia sanitaria médica, quirúrgica, diagnóstica y terapéutica de usuarios del SAS.

García Sánchez, exgerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde 1997, ascendió a gerente el pasado 27 de diciembre de 2023, cuando dimitieron Guzmán y Vargas, el primero entonces vicepresidente de la Consejería de Salud y el segundo al frente del SAS desde 2022.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.
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