La exconsejera andaluza de Salud se desvincula de las irregularidades en los contratos sanitarios a dedo de la Junta

Catalina García es desde el pasado 29 de julio consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero entre enero de 2019 hasta esa fecha ocupó la Viceconsejería de Salud, hasta julio de 2022. Entonces, en el arranque de su segunda legislatura, Juan Manuel Moreno, la elevó a titular de ese departamento. En ese periodo de tiempo se centra la investigación judicial sobre los contratos de emergencia sanitarios suscritos por la Junta (entre 2021 y 2023) a instancias de una querella del PSOE-A. Y en esos años se ubican también los 18 informes desfavorables de la Intervención sobre el grueso de la contratación realizada en 2020 y 2021 tanto por la central general del Servicio Andaluz de Salud como por los centros de las ocho provincias. Sin embargo, García se ha desvinculado este jueves de esas decisiones. “Estoy segura de que las personas que gestionaron aquellos momentos lo hicieron por una necesidad extraordinaria”, ha afirmado.

La consejera había sido preguntada durante una entrevista en el programa de Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía sobre si estaba preocupada, en su calidad de viceconsejera (a las órdenes de Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento autonómico) y consejera de Salud, por la denuncia del PSOE de Andalucía por el troceo de facturas durante el periodo de la pandemia, es decir, en 2020 y 2021. García se ha referido exclusivamente a las contrataciones realizadas por las centrales de compras provinciales que, en 2021, tal y como desveló EL PAÍS, otorgaron 1.223 millones de euros en contratos menores, que no requieren ni concurrencia competitiva ni publicidad. De estos, el 92% presentaban “irregularidades”, según la Intervención, la mayoría por fraccionar adjudicaciones millonarias entre las mismas empresas.

El órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía también halló incidencias en el 76,3% de la contratación normalizada, el resto de contratos ordinarios suscritos por los centros provinciales, entre los que se encuentran los contratos de emergencia ―que también se realizan al margen de los criterios de publicidad y concurrencia competitiva―, que son en los que se centran la mayoría de incumplimientos constatados en los informes.

García ha insistido en que esas plataformas provinciales “lo que hacían era solucionar los problemas y que los materiales más necesarios estuvieran en los centros de salud”. “No nos acordamos ahora, pero entonces la queja era no tener mascarillas, equipos”, ha insistido aludiendo a la pandemia de covid-19 y siguiendo una de las líneas argumentales de la Junta de Andalucía para minimizar el alcance de las irregularidades denunciadas por la Intervención y que afectan al grueso de toda la contratación sanitaria de esos años. La exconsejera de Salud también ha aludido a otro de los ejes de defensa del Gobierno de Moreno: todos los contratos firmados por las centrales del SAS “se hacen con informes jurídicos” y el material que se adquirió llegó a su destino. “No se está hablando de que no llegara nada”, ha añadido.

La actual consejera de Medio Ambiente no se ha referido en ningún momento a su cargo como titular y segunda de la Consejería cuando se realizaron esas compras. La querella del PSOE, que ya ha informado de que ampliará con los informes desfavorables de la Intervención realizados en las centrales provinciales de compras, se centra en los casi 300 millones que el Gobierno de Moreno adjudicó por la vía de emergencia y amparándose en el marco normativo que avalaba esos contratos exprés por las necesidades derivadas del covid-19, pese a haberse derogado. En su informe sobre estas adjudicaciones de 2021, el órgano fiscalizador, como hace en el caso de las auditorías de las centrales provinciales, cuestiona que se apelara a la pandemia porque esta para entonces “ya estaba muy atemperada”. En el caso de los centros provinciales se censura que en muchos de ellos esa emergencia, a la que aludía la consejera en la entrevista, no se justificara o que los fraccionamientos de contratos tuvieran un objeto que “no respondía a necesidades imprevistas” por lo que deberían haberse previsto y a través de otros procedimientos ordinarios.

El PSOE de Andalucía va a pedir la comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento andaluz de la interventora general de la Junta y la del SAS para que aclaren las irregularidades detectadas en los 18 informes desfavorables que se han elaborado hasta ahora. En ellos se otorga a los órganos gestores el plazo de seis meses para incorporar sus recomendaciones sobre los incumplimientos detectados y, si no cumplen, podrá dar lugar a la emisión de un informe de actuación, que es indiciario de evidencia de posibles elementos delictivos.

Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, de la que depende la Intervención, no se muestran muy preocupadas sobre las consecuencias penales de los informes desfavorables de su órgano fiscalizador. Entienden que al no haber concluido en ninguna de sus auditorías la existencia de menoscabo de fondos, que implica la obligación de abrir diligencias de manera inmediata, los incumplimientos no tienen mayor recorrido.