La Fiscalía Anticorrupción investigará el abuso de contratos de emergencia sanitarios de la Junta de Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla investigará el supuesto abuso de contratos de emergencia adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2023, que el PSOE de Andalucía denunció en los tribunales el pasado mes de junio, según ha adelantado Diario de Sevilla y ha podido confirmar EL PAÍS. Esos contratos, por un valor total de 300 millones de euros, se otorgaron utilizando el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia dos años después de que se derogara el marco normativo que lo amparaba, de acuerdo con la querella presentada por los socialistas andaluces y que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla.

Será Anticorrupción quien deberá determinar si en ese sistema de adjudicación de contratos a través de un procedimiento “sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada”, de acuerdo con la querella del PSOE, el SAS incurrió en malversación y prevaricación, los dos delitos que esa formación le atribuye, si bien en el auto de incoación de diligencias previas el juez se circunscribe solo a un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa, según indican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El titular del juzgado también ha solicitado documentación a la Intervención General de la Junta, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que, indican esas mismas fuentes, ya se está recibiendo en el órgano judicial.

En la denuncia se recogen los informes desfavorables de la Intervención General de la Junta de Andalucía en los que se aprecian incumplimientos y salvedades en relación con los contratos de emergencia suscritos por el SAS en 2020 y 2021.

En ellos, el órgano fiscalizador, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, se alertaba de que las contrataciones de emergencia y sus prórrogas que se realizaron en ese período contravinieron la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas y, en el caso de las adjudicaciones a dedo realizadas a lo largo de 2021, se advierte de que el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2000 que las amparaba ya no estaba vigente y que la incidencia de la pandemia estaba entonces “muy atemperada”. La Intervención en sus informes de 2020 y 2021 advierte de que el abuso de esos contratos provocó “situaciones de riesgo” en el gasto público porque al no tramitarse por el procedimiento de libre concurrencia, no se pudieron comprobar las condiciones de solvencia, aptitud o capacidad de los adjudicatarios. En muchos de esos contratos, también se pone de manifiesto que “ni tan siquiera consta la tramitación del procedimiento previsto” para los contratos de emergencia.

Entre las distintas prórrogas de los contratos exprés denunciados por el PSOE en su querella, destaca la realizada el 21 de junio de 2022, tres días después de que Juan Manuel Moreno ganara las elecciones por mayoría absoluta, en la que no solo se amplía la duración de una adjudicación realizada el 20 de enero de 2021, sino que eleva el importe del gasto máximo a los 226.731.935,84 euros. Llama la atención que la memoria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria por la que se justificaba la necesidad de prorrogar ese contrato de emergencia se dictó el 2 de febrero de ese año, cuatro meses antes de que se ejecutara.

La Junta de Andalucía había restado importancia a la admisión de la querella, alegando que se trataba de un mero trámite procesal, pero ahora la investigación da un paso más al haber sido asumida por la Fiscalía Anticorrupción. Desde el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno, también se ha aducido que el dinero empleado siempre se destinó a los fines estipulados en esos contratos y que se hicieron porque lo importante era “salvar vidas”, pese a que la propia Intervención argumentaba en sus informes que la incidencia del covid se había atemperado.

Además de los contratos de emergencia, la Intervención del SAS también ha cuestionado los contratos menores adjudicados en esos dos años por las centrales de compra provinciales. En 2021 se otorgaron por esta vía, que también permite eludir la libre concurrencia y la publicidad, un total de 1.223 millones de euros, y el 92% de ellos tenía irregularidades, la mayoría por fraccionamiento de adjudicaciones millonarias, de acuerdo con los informes del órgano fiscalizador. El PSOE está estudiando si incorporar estas irregularidades a su querella.