“Buitres” contra “okupas”: así es la guerra de ideas y consignas en plena crisis de la vivienda

¡Abajo el intervencionismo!, claman a un lado de la línea del frente. ¡Fuera especuladores!, responde la otra trinchera. Se libra una guerra ideológica sobre la vivienda y su campo de batalla no se limita a los partidos. Hay dos bloques de organizaciones enfrentados en “una discusión esencial para definir cómo repartimos la riqueza”, explica Aitana Alguacil, profesora de Sociología en la Universidad Carlos III y coautora de La vivienda en España en el siglo XXI. “Históricamente, ha sido un debate dominado por el discurso de defensa a ultranza de la propiedad privada, con múltiples altavoces bien conectados en posiciones de poder”, señala Jordi Bonshoms, profesor de Derecho Penal en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) e investigador sobre vivienda. Pero añade: “Aunque el lobby inmobiliario sigue siendo dominante, cada vez le opone más resistencia un contradiscurso con énfasis en el derecho a la vivienda”.

El primer bloque, defensor del negocio inmobiliario, abomina del “intervencionismo”, exalta la “seguridad jurídica” y alerta de las amenazas a la propiedad, sean los impuestos o la ocupación (u “okupación”, subrayando su carácter antisistema). Es un bloque “con un arraigo de más de medio siglo” que está “especializado en influir tanto en la opinión pública a través de los medios o la universidad como en la política”, explica Bonshoms.

Precisamente la presencia de expolíticos en su cúspide permite presentar a tres organizaciones que sirven como punto de partida. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que integra al fondo Blackstone, tiene desde febrero como presidenta a Helena Beunza, secretaria general de Vivienda con el Gobierno del PSOE hasta dos años antes y sustituta en Asval del ex alcalde de Barcelona y exministro socialista Joan Clos. La Asociación de Consultoras inmobiliarias (ACI), que reúne a firmas que representan el 90% de este mercado –BNP Paribas, Catelle, CBRE y otras–, tiene al frente a Ricardo Martí-Fluxá, jefe de protocolo con Juan Carlos I (1992-1996) y secretario de Estado con Jaime Mayor Oreja en Interior (1996-2000). Al mando del Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de la CEOE, está Íñigo Fernández de Mesa, también ex secretario de Estado con el PP, en su caso de Economía (2014-2016).

Asval, ACI e IEE comparten implicación en el debate sobre la vivienda, que desarrollan a través de múltiples herramientas: informes, eventos, expertos en los medios, mensajes en webs y redes... Asval anunció en 2023 una millonaria reclamación de indemnizaciones al Estado por los límites a las subidas de renta, que sería mayor –advertía– si salía la ley de vivienda. Poco antes de su aprobación, la ACI lanzaba un comunicado de “alerta”: la norma “pondrá en peligro la inversión”. Es el mismo discurso que recorre el informe sobre vivienda que presentó el IEE en 2022, en un acto en el que su presidente clamó contra la “creciente legitimación” de las “ocupaciones” y de la “suspensión de desahucios” en España.

Las citadas son solo tres entre múltiples entidades en un bloque que integra también a patronales, empresas que actúan a su vez como analistas, portales... La maraña es densa. Su caudal de mensajes, abundante. A pesar de sus intereses en el negocio, sus integrantes se declaran objetivos. “Máximo rigor”, afirma un portavoz de Asval sobre sus análisis. El bloque tiene vínculos con la universidad. La inmobiliaria Tecnocasa, que defiende posiciones contra el “intervencionismo”, financia con 30.000 euros anuales una cátedra en la Pompeu Fabra. Un estudio de dicha cátedra hace más de un año pronosticaba la desaparición del mercado del alquiler de más de 100.000 inmuebles por la “inseguridad jurídica” de la nueva ley.

La Asociación de Promotores y Constructores (APCE), nacida en 1968 y que durante la tramitación de la norma denunció que era “inconstitucional”, financia otra cátedra con la misma cuantía, también en la UPF, que en 2023 publicó un informe crítico con las políticas de contención de rentas y que reclamaba medidas como los “incentivos a los propietarios”. “Tiene la misma credibilidad que un estudio financiado por Marlboro sobre las consecuencias del tabaco”, denunció entonces el Sindicato de Inquilinas de Cataluña.

La APCE no responde a las preguntas de EL PAÍS. Tanto Tecnocasa como la UPF defienden su contribución al debate. “Hemos informado de subidas y bajadas del precio de la vivienda, siempre de manera imparcial”, afirma por escrito Lázaro Cubero, director de Análisis de Tecnocasa, que subraya que la cátedra publica información de sus propias “bases de datos” y de “fuentes públicas”. La UPF, también por escrito, reivindica la “transparencia” de los estudios y la transferencia de conocimiento a la sociedad que permiten las cátedras.

Tanto APCE como la Confederación de la Construcción comparten diagnóstico contra las políticas del Gobierno, así como solución: construir casas mediante “colaboración público-privada”. ¿Y las inmobiliarias? Al igual que promotoras y constructoras, se organizan en plataformas que funcionan como proveedoras de información y análisis. Dos de sus portavoces ofrecen una panorámica de las posiciones del sector. La “principal” razón de los altos precios del alquiler es la “inseguridad jurídica”, afirma Montserrat Junyent, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), que pide menos “burocracia” y –en el caso de Barcelona– rebajar la exigencia de un 30% de vivienda protegida en nuevas promociones aprobada con Ada Colau. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), recalca que la propiedad tiene un “rango superior” de protección constitucional. En cuanto a las medidas, reclama más construcción como solución a largo plazo, y mientras tanto, avales ICO para cubrir a los arrendatarios e incentivos fiscales para aflorar pisos vacíos.

Todos los sectores tienen altavoces. Como las socimis. Hasta 36 inversoras inmobiliarias de este tipo integran Asocimi, cuyo presidente, Javier Basagoiti, otro experto citado en el debate, es un firme partidario de la autorregulación de los mercados. En el sector asegurador y de gestión del alquiler sobresale la aportación de las firmas Alquiler Seguro y Agencia Negociadora del Alquiler. La Fundación Alquiler Seguro financia el “centro de estudios” Observatorio del Alquiler, que funciona como un surtidor de datos para orientar “políticas públicas informadas”. “La presencia de la Universidad Rey Juan Carlos en el Observatorio garantiza su independencia”, sostiene por escrito Sergio Cardona, portavoz de la compañía, que difunde mensajes contra la ley de vivienda y sobre la amenaza de la ocupación. Sus preocupaciones coinciden con las de José Ramón Zurdo, director de Agencia Negociadora del Alquiler, que acusa al Gobierno de un “exagerado intervencionismo”.

Idealista es una fuente fundamental. No solo para los medios. Incluso informes del Banco de España incluyen sus datos. Idealista sostiene una posición contraria a la línea política del Gobierno, cuya ley de vivienda, según un análisis de 2023, lleva a los inquilinos a “cotas desconocidas de sufrimiento”. Además de portal de búsqueda, Idealista es prestador de servicios de intermediación hipotecaria y aseguramiento. ¿Condiciona eso su análisis? Francisco Iñareta, su portavoz, responde por escrito que no, porque Idealista muestra el mercado con “transparencia” y datos “comprobables”. “Ninguno de nuestros productos y servicios tiene un impacto directo sobre los precios”, añade el portavoz de Idealista, empresa colaboradora de Asval.

También tienen presencia en el debate entidades antiocupación como la Organización Nacional de Afectados por la Okupación, la Plataforma Afectados por la Ocupación o la Asociación Española contra la Okupación, que reciben atención dentro de la cobertura mediática que recibe el fenómeno.

“Discursos alternativos”

Un punto fuerte del bloque inmobiliario –coinciden los investigadores Bonshoms y Alguacil– es que un discurso que favorece principalmente a los hogares rentistas, en torno al 10% del total de familias en España, logra una acogida favorable mucho más allá de ese porcentaje ¿Por qué? El quid, sostienen, es que más de un 75% de la vivienda en España es en propiedad, lo que facilita un extendido recelo ante cualquier medida que pueda reducir su valor, incluso aunque el propietario solo tenga una y resida en ella. Romper la alianza entre perceptores de rentas y propietarios de una vivienda es uno de los desafíos de lo que Alguacil llama “discursos alternativos”. Sus defensores conforman el segundo bloque.

¿Quiénes lo forman? Cualquier lista incluye a la PAH, que en 2024 ha cumplido 15 años y que ve complementada su tarea por los sindicatos de inquilinas. Nacidos en 2017 en Madrid y Barcelona, estos sindicatos locales están acumulando protagonismo en las actuales movilizaciones con su propuesta de “huelga de alquileres”. Junto a la movilización social, libran la batalla ideológica. No solo con un diagnóstico crítico, sino adoptando una actitud beligerante contra entidades como Asval, Idealista, Tecnocasa o Alquiler Seguro.

Nombres vinculados al sindicalismo de inquilinos, como los investigadores Javier Gil en Madrid o Jaime Palomera en Barcelona, destacan hoy en el debate sobre vivienda firmando estudios con repercusión mediática. “Es una novedad que ayuda a reducir el desequilibrio de fuerzas”, señala Bonshoms. Conectados a estos sindicatos hay entidades dedicadas a difundir ideas, estudios y propuestas. El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, que promueve la “justicia social y ecológica”, publicó en octubre un informe “sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad” que tuvo importante repercusión. En cuanto al Grupo de Estudios Críticos Urbanos, con sede en Madrid, lanzó en abril un estudio que rebatía el argumentario según el cual la intervención en el mercado perjudicaría fundamentalmente a pequeños caseros.

“Debemos ser humildes. Nos enfrentamos a un marco dominante que ha resistido a la crisis de 2008 y al 15-M. Ellos son más y tienen más recursos. Eso sí, se empieza a notar un cambio. El rentismo sufre una crisis de legitimidad”, afirma Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Su ideario se vale de un conjunto de términos detectables también en la PAH, el Observatori DESCA, las Comisiones de Vivienda 15-M o Facua. Todas son entidades que suscriben un análisis según el cual existe un sistema “mercantilizador” y un “rentismo” que privilegia a los arrendatarios improductivos, entre ellos los “fondos buitre” y otros “grandes tenedores” dedicados a la “especulación”.

“En paralelo a una aceleración de la extracción de rentas, la resistencia es cada vez más sólida. De ahí que el concepto rentismo, que evidencia la injusticia de vivir de las rentas a costa del trabajo de otros, se esté abriendo paso”, explica Javier Rubio, miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, una cooperativa legal que también participa en la pugna ideológica y en la que ejerce como abogada la excandidata de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid Alejandra Jacinto. Mientras el sindicalismo laboral ha sufrido “cierto desgaste”, la movilización en torno a la vivienda contribuye a “una renovación del repertorio de reivindicación democrática” con atractivo para la población joven, añade.

¿Cómo valoran desde el negocio el protagonismo de estos sindicatos? La tónica es la prudencia. Hay incluso mensajes de comprensión. Aportan “nuevas perspectivas”, sostiene por escrito la ACI, que se considera un agente “abierto al diálogo” en el debate. Las reivindicaciones de los sindicatos parten de “una necesidad real”, afirma Sergio Cardona, de Alquiler Seguro, que atribuye las críticas de este movimiento a su compañía a una errónea atribución a los caseros de la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda. Tecnocasa también cree que los ataques recibidos se deben al “desconocimiento”. “La gran mayoría de nuestros clientes son vecinos del barrio”, señala su directivo Lázaro Cubero. El mensaje más crítico sale de FADEI, cuya vicepresidenta cree que los sindicatos lanzan mensajes “alarmistas”.

El bloque que enfatiza el derecho a la vivienda se extiende, sin llegar a los planteamientos más radicales, a organizaciones como Amnistía Internacional, CC OO o UGT, que se han sumado en Madrid a una plataforma junto a los sindicatos de inquilinas, a su vez imbricados en el movimiento contra la turistización. La socióloga Aitana Alguacil cree que este frente irá a más: “Se han resquebrajado las bases del discurso según el cual el mercado se equilibra bien sin la política. Es normal que los discursos contra esa idea ya desmentida avancen”.