UGT denuncia a España ante Estrasburgo para reforzar el derecho a la vivienda

Uno de los lugares comunes más habituales al hablar de vivienda es señalar que, aunque se recoge como un derecho en la Constitución Española, no se cumple. La respuesta es que ese artículo, el 47, realmente no es un derecho fundamental, sino un principio de política social, con una menor protección que otros derechos recogidos en el texto constitucional. UGT quiere cambiar ese punto de partida, que los españoles sí puedan reclamar ante los tribunales su derecho a la vivienda. Para ello ha presentado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que denuncia a España por incumplir el artículo 31 de la Carta Social Europea, que establece que “toda persona tiene derecho a la vivienda”.

La interpretación del sindicato es que la Carta Social Europea, que España ratificó en 2021, es un tratado “que recoge derechos humanos básicos” y que sus resoluciones son “de obligado cumplimiento, como señaló el Consejo de Estado antes de la ratificación”. Es decir, UGT cree que si el organismo del Consejo de Europa le da la razón “el derecho a la vivienda pasaría de ser un principio rector a un derecho efectivo, así que podría ser ejercitado ante los tribunales de justicia; sería un cambio de paradigma”, ha interpretado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. “Si conseguimos una resolución favorable será un derecho que podrá implorar, que se podrá pedir en el momento que cualquiera de las administraciones públicas niegue este derecho”, ha insistido Luján.

“Esta demanda es contra el Reino de España. Implica a todas y cada una de las administraciones competentes, que como ustedes bien saben no es solo el Gobierno del Estado. Son fundamentalmente las comunidades y los ayuntamientos de nuestro país”, ha indicado el líder del sindicato, Pepe Álvarez. “El derecho a la vivienda en España es más declarativo que efectivo. Ese es el cambio que buscamos”, ha añadido.

Álvarez ha denunciado los problemas “desde un punto de vista económico” que suponen los altos precios de la vivienda, en referencia a cuánto limita la movilidad laboral, la altísima porción de recursos que se destinan a pagar lo inmobiliario en vez de otro tipo de consumo, cómo absorbe capital que podría dedicarse a inversiones más productivas... “Somos absolutamente conscientes de que hay que dar este paso, en un momento en que muchos están sufriendo, sobre todo los jóvenes. Requerimos un esfuerzo de consenso, con soluciones inmediatas”, ha agregado Álvarez, que ha priorizado la vivienda pública como una de las respuestas clave. “El Estado tiene que intervenir. Es un tema inaplazable. hay un riesgo extraordinario de pobreza”, ha agregado Luján.

Otra reclamación ante Estrasburgo

Con este movimiento el sindicato prosigue con una estrategia que ya ha resultado exitosa. Estrasburgo le dio la razón en marzo cuando protestó porque, en su opinión, las indemnizaciones tasadas por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. El Comité falló que España no cumple con la Carta Social Europea en este aspecto. Esto no ha conducido a un cambio normativo (Yolanda Díaz ha prometido abrir esa negociación tras la de la reducción de jornada), como tampoco lo ha hecho en otros países que también han recibido reprimendas parecidas del Comité (Bruselas no sanciona por estos incumplimientos), pero sí abre la puerta a que los tribunales concedan indemnizaciones superiores en base a lo que establece la Carta. Esto ya ha sucedido en varias ocasiones.

El objetivo que ahora persigue UGT es el mismo pero aplicado a la vivienda, que por la vía de la justicia el ciudadano sí pueda exigir este derecho. Otra reclamación que ha cursado UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales protesta por la escasa retribución de las horas extraordinarias en España.