Alerta Ayuso: usted no lo quiere ver, pero vive en un “Estado policial”

“En un Estado policial los derechos y libertades civiles están restringidos, y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. La policía actúa con amplios poderes (…) y a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de derecho. Y se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social”. ¿La Alemania de la Stasi? ¿El Chile de Pinochet? ¿Una nueva recreación literaria de la pesadilla distópica de George Orwell? No, la España de Pedro Sánchez. Palabra de Isabel Díaz Ayuso.

Con este terrorífico diagnóstico sobre la España de hoy, la presidenta madrileña no tuvo más remedio que ensombrecer el ánimo de los asistentes, la noche del pasado miércoles, a un acto organizado por el diario El Confidencial. El ciudadano anda a sus cosas, a sus trabajos, a salir a cenar con los amigos, a celebrar los goles de su equipo, y no se quiere enterar. Pero ahí está Ayuso, como el canario que advierte la fuga de gas en la mina: “Esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo, pero muchos ya hemos avisado”.

Para que el mensaje no se quedase entre aquellas cuatro paredes, la presidenta lo difundió en su cuenta de X con la advertencia bien clarita en el texto: “España ya es un Estado policial”. Casi al tiempo que ella, su jefe (de gabinete), Miguel Ángel Rodríguez (MAR), iba abriendo camino en la misma red social: “España, Estado policial”. “Amenazas a la prensa”, agregaba MAR. Pocas personas tan cualificadas para hablar de eso como él, que semanas atrás advirtió a una periodista de eldiario.es tras destapar ese medio el fraude fiscal del novio de Ayuso: “Os vamos a cerrar, os vamos a triturar”. El caso de la pareja de la presidenta es una prueba, dice MAR, de cómo “se violan los derechos civiles de un español”. Por el simple hecho de defraudar 350.000 euros a Hacienda y querer ocultarlo con facturas falsas.

Todo resulta tan estremecedor que vale la pena repasar con detalle las ominosas palabras de Ayuso:

“Las características comunes del Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes con el Gobierno, ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa (…)”. Así lo atestiguan los cientos de militantes opositores que llenan las cárceles españolas. O las penurias que padecieron las 25.000 personas que el pasado domingo se concentraron en Madrid para ejercer su derecho al insulto al presidente del Gobierno y exigir su dimisión. O la clandestinidad en que se celebró ese mismo acto de El Confidencial, diario que a duras penas consigue desde hace meses publicar informaciones contra la esposa de Pedro Sánchez. Por no hablar de cómo el aparato represivo del Estado silencia las valientes denuncias diarias de la presidenta.

“El ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados, esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su Gobierno, a Sánchez mismo, a Begoña, corrupción que están destapando medios de comunicación libres e independientes”. Ahí tienen a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que bajo las órdenes del siniestro Marlaska ha elaborado informes que han llevado al Tribunal Supremo, acusado de corrupción, al exministro y exjerifalte socialista José Luis Ábalos. Informes cuyo contenido nutre a diario las acusaciones de la oposición de que nos encontramos ante el “Gobierno más corrupto de la democracia”. La presidenta seguramente añore los tiempos en que el Ministerio del Interior estaba dirigido por su compañero Jorge Fernández Díaz, procesado con una petición fiscal de ocho años de cárcel, al igual que su número dos, Francisco Martínez, y seis comisarios a sus órdenes, por fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos y destruir las que comprometen a su propio partido. Todas esas prácticas propias de un régimen bolivariano que, nos dice Ayuso, “han llegado a Europa de la mano de nuestro presidente” Sánchez.

“La judicatura, la Policía, las grandes instituciones públicas están tomadas hoy por activistas políticos”. “El sistema judicial no actúa de manera independiente, o se intenta controlar para apoyar las acciones del Gobierno”. No hay mejor prueba de ese apoyo judicial al Ejecutivo que las decisiones del Tribunal Supremo que en tantos apuros han puesto a Sánchez y tanta controversia jurídica han desatado. Actuaciones del alto tribunal como reinterpretar la ley de amnistía en contra del criterio del Parlamento o investigar al fiscal general del Estado como principal y casi único sospechoso de filtrar un documento al que tenían acceso dos decenas de personas y que precisamente desmentía las mentirijillas de MAR sobre el novio de la presidenta. Y qué mayor activista a favor del Gobierno que el juez Juan Carlos Peinado, que lleva meses investigando a la esposa del presidente. Y qué decir de sus colegas del Tribunal Superior de Madrid que le han respaldado y rechazado las querellas contra él entre críticas a Sánchez.

“También un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda, con escarnio -algo que es completamente ilegal- por ser el novio de una adversaria política. Esto es un Estado policial”. Sobre este asunto, habrá que suponer que también tenían alguna relación con la perseguida Ayuso las decenas de personas que fueron investigadas por la justicia y cuyas declaraciones de la renta se incluyeron en sumarios hechos públicos y divulgados por los medios. Entre los más recientes, por ejemplo, Alberto Luceño y Luis Medina, que estafaron al Ayuntamiento de Madrid con la venta de mascarillas; o Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, juzgado y luego absuelto de fraude fiscal; o Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo. O el mismísimo Koldo García.

“TVE, la pública, desde hoy totalmente amordazada, desde el control político”. En este punto, no hay mejor contraste que el propio Gobierno madrileño. Nada más alcanzar la mayoría absoluta, cambió la ley para evitar que el director general de Telemadrid se tuviese que consensuar con la oposición.