Sánchez pide disculpas por la corrupción y se escuda en el historial de casos del PP

La oposición ―fundamentalmente el PP, con Vox haciendo de coro tenue― ametralló a discreción en el pleno de control parlamentario de este miércoles. Entre las novedades contrastadas por la Guardia Civil y las noticias todavía sin contrastar que divulgan ciertos medios, los diputados de la derecha se armaron para la acometida: “El Gobierno más corrupto de la historia de la democracia”, “el Gobierno podrido”, “la mafia calabresa”… Enfrentado a esa avalancha, el Ejecutivo se parapetó en una letanía: “Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen…” Un prontuario con hasta 15 jalones en el currículum judicial del PP, que comenzó leyendo la vicepresidenta primera y luego fueron repitiendo, en el mismo orden, los ministros de la Presidencia, Interior, Política Territorial, Educación, Igualdad… Cada vez que un diputado popular atacaba con las “amantes” del exministro José Luis Ábalos ―ausente del hemiciclo― o las “maletas con lingotes de oro” de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, los socialistas tiraban de listado y la bancada popular suspiraba de hastío.

Pedro Sánchez se acogió a una fórmula más sintética: dijo que en el PP se puede elaborar un abecedario de la corrupción “de la A de Ayuso a la Z de Zaplana”. El presidente dejó sin contestar la pregunta que le había dirigido Alberto Núñez Feijóo: ¿cuántas veces habló con Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor de la trama corrupta que operaba en el Ministerio de Transportes? Sánchez, eso sí, acabó pidiendo disculpas por la corrupción. Aunque no lo hizo ante el líder del PP, sino ante la de Podemos, Ione Belarra, cuyo discurso la va alejando cada día más del teórico bloque de apoyo al Gobierno.

Aquel celebérrimo “váyase, señor González” que Miguel Ángel Rodríguez acuñó hace 30 años para nutrir la ofensiva de José María Aznar contra el Gobierno socialista de entonces parece que quedó grabado a fuego en la memoria de los populares como una fórmula de éxito infalible. Contra Sánchez ya la parafraseó en su día Pablo Casado y este miércoles la volvió a evocar Feijóo. “Su agonía legislativa va a ser una broma al lado de su agonía judicial”, vaticinó el líder del PP. “Vinieron a acabar con la corrupción y lo que hacen es ejecutarla”. Antes de que hable la justicia, Feijóo anticipó su “sentencia política” con el marchamo del joven Aznar: “Márchese ya”. No fue el único guiño a las añejas batallas contra el socialismo. Como ya había hecho también Casado, Feijóo jugó con la memoria del “señor X” de los GAL que en su día se atribuyó a González y llamó al presidente “señor uno”.

Sánchez se acogió a un argumentario que repite desde el inicio del caso Koldo, ahora ya definitivamente caso Ábalos: en el PSOE, “el que la hace la paga”, como ha sucedido con el exministro; en el PP, “al que denuncia se le echa a la calle”, en referencia a Casado y sus acusaciones contra Ayuso por la compra de mascarillas a su hermano. El presidente reafirmó su propósito de consumir “los 1.000 días que quedan de legislatura”. “Y por muchos insultos que ustedes viertan, no me van a sacar de ese carril”, anunció.

Según avanzaba la sesión parlamentaria, en el hemiciclo se dibujaban dos mundos. De un lado, el PP, entregado al temario casi único de la corrupción. Del otro, los que apoyaron la investidura de Sánchez, preguntando por cuestiones como la vivienda (PNV), las horas extra no abonadas (EH Bildu), las condiciones laborales de los trabajadores de Salvamento Marítimo (CC), la protección del catalán (ERC) o las comunicaciones en el corredor mediterráneo (Junts). Podemos parecía en la misma línea cuando Belarra interpeló al presidente, aunque fuese para sostener que sus políticas internacional y de vivienda son las mismas que las del PP. Pero, a excepción de todos los demás, la líder de Podemos sí entró al asunto de la corrupción para acusar al Gobierno de “meter la mano en la caja exactamente igual que el hermano de Ayuso”. Fue entonces cuando Sánchez, tras aleccionar a su interlocutora para que “no se equivoque de equipo” porque “aquí está la izquierda”, entonó su breve mea culpa: “Lo lamento y pido disculpas”.

Sánchez, con un viaje programado a Bruselas, se marchó a toda prisa tras acabar sus preguntas, entre las quejas del PP. Ya no pudo oír cómo todos los oradores populares fueron repitiendo disciplinadamente lo de motejar al presidente como “número uno”, la manera en que se refiere a él Aldama en una de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil. También secundaron al líder los diferentes teloneros en las exigencias de dimisión a sus interlocutores del Gobierno y hasta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Para acrecentar aún más la munición con la que llegaban pertrechados los populares, el Tribunal Supremo anunció en mitad de la sesión la apertura de una causa contra el fiscal general del Estado. La noticia dio alas a Miguel Tellado, más escondido en esta ocasión tras el número de la pasada semana con las fotos de los socialistas asesinados por ETA, y a Borja Sémper, que se refirió a Álvaro García Ortiz como “fiscal general del presidente del Gobierno”. En ese juego de poner apodos hubo quien llamó “cariño” a Armengol, tratamiento que usó con ella Koldo Aguirre en otro de los mensajes reproducidos por la Guardia Civil.

De Feijóo para abajo, los populares dieron por hecho que empresarios vinculados a Aldama entregaron bolsas con dinero negro en la sede del PSOE. Los socialistas no estaban muy por la labor de entrar a discutir detalles, pero en ese punto sí se extendió el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para replicar con vehemencia que el PP está “construyendo un bulo”. Bolaños subrayó que el origen son unas declaraciones de una fuente anónima al digital The Objective “sin aportar ninguna prueba” y que tal imputación no aparece en los informes de la Guardia Civil. No logró acallar a los populares, que continuaron hablando de las supuestas bolsas de dinero hasta el final de la sesión.

Al margen de la barahúnda sobre el caso Ábalos, Sánchez pudo comprobar de nuevo la dificultad para aunar las posiciones sobre la política de vivienda entre sus aliados parlamentarios. Mientras la izquierda exige medidas para limitar los precios, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, defendió ante el presidente los derechos de los pequeños propietarios y pidió retoques en la ley aprobada el pasado año.