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La Audiencia de Madrid fija nueva fecha para debatir si archiva o respalda la causa de Peinado contra Begoña Gómez

El tribunal reserva el 7 de octubre para la deliberación tras solventar el fallo del juzgado de instrucción

Begoña Gómez
Begoña Gómez, en un acto celebrado este martes en Madrid.
J. J. Gálvez

La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado nueva fecha para debatir si archiva, delimita o respalda la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El tribunal ha reservado el próximo lunes 7 de octubre para “deliberar” y “fallar” sobre los recursos presentados por la Fiscalía de Madrid y el abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusan al magistrado instructor de impulsar unas pesquisas “carentes de indicios”. La Audiencia ha anunciado la nueva fecha este miércoles, después de que el pasado lunes tuviera que suspender la sesión prevista por un fallo del juzgado encabezado por Peinado.

El tribunal provincial imprime así celeridad al procedimiento. Fuentes jurídicas calculaban que la nueva deliberación no se produciría hasta dentro de varias semanas, visto los tempos que se manejan habitualmente cuando se producen este tipo de errores. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido este miércoles un comunicado para avanzar que solo se retrasará siete días desde la fecha fijada inicialmente, pues se ha señalado ya el 7 de octubre para el debate, una vez recibida la documentación que faltaba. El lunes, la Audiencia de Madrid explicó que el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que dirige Peinado, no le había enviado el recurso de Begoña Gómez.

El tribunal tiene sobre la mesa los recursos de la Fiscalía y de la defensa de la esposa del presidente, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho. El abogado de Gómez afirma que el instructor Peinado ha emprendido una “investigación prospectiva” para “indagar en la vida de una persona”, con el objetivo de “ver si se encuentra algún hecho delictivo”: “Lo cual está prohibido en un Estado de Derecho”. La Fiscalía, que mantiene una línea argumental parecida, ha denunciado la “deriva procesal” de las pesquisas; y ha expuesto que el magistrado tampoco ha “definido el objeto” y “alcance” de su instrucción.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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