El juez del ‘caso Koldo’ pone el foco en la auditoría elaborada por Transportes

Ismael Moreno, juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha impulsado nuevas indagaciones en el sumario abierto por el presunto cobro de comisiones ilegales con la compra de material sanitario por parte de la Administración durante la pandemia de covid y que afecta a Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, exministro socialista de Transportes. El magistrado ha citado a declarar como testigos a varios autores de la reciente auditoría que el Ministerio de Transportes —encabezado ya por Óscar Puente— ha aportado a la causa. El juez también quiere interrogar como testigo al comisario José Antonio Rodríguez González, actual director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esta decisión del juez Moreno se produce después de que tres altos cargos de Adif criticasen la auditoría. El informe interno de Transportes concluyó que este ente público contrató a la empresa de la trama (Soluciones de Gestión) a pesar de haber presentado una oferta peor valorada y más cara que otra compañía, Injo Technology; y cuando “no todos los departamentos” de Adif consideraban adecuada esa elección. Pero, en su comparecencia ante el magistrado, el imputado Michaux Miranda, ex director general de Gestión de Personas de esta sociedad pública (cesado por Puente), calificó dicha auditoría como un “despropósito”. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; y Manuel Fresno, director financiero y de control del organismo, también arremetieron contra ella al considerar que pasa por alto cuestiones importantes y está incompleta.

Por su parte, la citación del comisario José Antonio Rodríguez González se ordena después de que Daniel Belmar, un ex alto cargo de Interior que coordinó la adquisición de mascarillas, relatase al juez instructor que fue el actual director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad quien le habló de la empresa de la trama, y quien le proporcionó el contacto de uno de los implicados, Íñigo Rotaeche.

Además de todo ello, el magistrado ha citado a más testigos a declarar para indagar en la supuesta falta de justificación de la recepción de las mascarillas encargadas por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión: Jorge Meana, jefe de Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Julio González García, secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos; y Rafael Millas, propietario y presidente de la sociedad Raminatrans.

En paralelo, Moreno ha requerido a la Agencia Tributaria para que se designe a un equipo de funcionarios que calculen las cuotas que presuntamente habrían dejado de ingresarse a Hacienda por parte de la empresa de la trama y por Víctor de Aldama, presidente del Zamora C. F. y uno de los presuntos cabecillas. E, igualmente, se requiere a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias —que también contrataron con la trama— para que le faciliten más documentación y una copia del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de varios cargos: entre ellos, los de Antonio Mascaró, exsubdirector de Compras y Logística de las Islas Baleares.

Según informa Europa Press, el juez ha descartado la petición de Vox de solicitar a la Presidencia del Gobierno que aporte las actas de los Consejos de Ministros de 2020 que contengan referencias a las contrataciones realizadas por la pandemia de covid porque esto, según subraya el magistrado, “convertiría el procedimiento en una causa general sobre las adjudicaciones de suministro de material sanitario”.