El contenido de la auditoría encargada en febrero —tras darse a conocer la investigación del caso Koldo—, por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en Puertos del Estado y Adif para esclarecer la millonaria compra de mascarillas en 2020 ha visto la luz este viernes. Y después de revelar parte de sus conclusiones, que confirman irregularidades “administrativas”, Puente ha anunciado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados por el caso Koldo: el subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, y el jefe de personal de Adif, Michaux Miranda. El dirigente socialista ha desgranado parte del informe y ha anunciado sendas destituciones durante su comparecencia en el Senado, celebrada a solicitud del PP, con mayoría en la Cámara alta. En ella, el ministro ha sido interpelado por los problemas en la red ferroviaria y por la supuesta trama de corrupción en la que se investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, exasesor del entonces ministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos.

El cese de los dos altos cargos se ha producido tras examinar las conclusiones de la auditoría. “Habida cuenta de la situación procesal en la que se encuentran, me van a permitir que no haga valoración de esa decisión, limitándome a señalar que los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría realizada se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión que les acabo de comunicar”, ha explicado Puente durante su intervención, como “asunción de responsabilidades” en las deficiencias administrativas constatadas en los procesos de adjudicación de contratos de la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la investigación del caso Koldo. “No pretendo prejuzgar ni realizar ningún tipo de valoración con cuestiones que solo atañen a los tribunales de justicia. Mi decisión se basa exclusivamente en aspectos administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría”, ha agregado el ministro.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó el pasado 29 de julio imputar a los dos altos cargos del Ministerio de Transportes en el caso Koldo. En su auto, el magistrado citó a declarar el próximo 9 de septiembre al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el 11 del mismo mes al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, ambos en calidad de investigados.

Ocho millones de mascarillas

El ente Puertos del Estado fue habilitado para hacerse con ocho millones de mascarillas en los primeros días del estado de alarma motivado por la pandemia, activado el 14 de marzo de ese 2020. Fue a través de una orden ministerial firmada el 20 de marzo al amparo del levantamiento de buena parte de los filtros que rigen la contratación pública por una cuestión de emergencia. Un fragmento de la auditoría revelado por Puente este viernes, durante su comparecencia en el Senado, se refiere a dicha compra.

“El inicial encargo de adquirir cuatro millones de mascarillas por este Ministerio, en atención a las necesidades que este tenía, sufrió una variación al alza en un lapso de tiempo muy escaso, apenas mediaron 38 minutos entre una orden y otra, pasando estas de cuatro a ocho millones de mascarillas”. Dicha modificación —dice al respecto el informe— “no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características” porque se considera “no adecuadamente resuelta la justificación del alcance, número de mascarillas a adquirir, de la emergencia”.

También se ha comprobado en el estudio que “los ocho millones de mascarillas vienen a coincidir con la oferta de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.”. Detrás de dicha compañía se encontraban presuntamente los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, y fue utilizada, creen los investigadores, en la trama presuntamente orquestada por García Izaguirre para conseguir las adjudicaciones de contratos de mascarillas de las Administraciones Públicas. Para ello, los empresarios habrían pagado comisiones al exasesor del entonces ministro Ábalos, que “facilitaba” la información sobre las concesiones.

Poco después de darse a conocer en el Senado las destituciones de los dos altos cargos, el Partido Popular ha acusado a Puente de asumir con esa decisión la “corrupción” de su Ministerio. “¿Por qué les cesa ahora y no hace un mes? ¿Para que puedan tener este tiempo para destruir pruebas?”, se preguntan fuentes de la dirección del PP en un comunicado. “Algo le habrán dicho a Puente, algo habrán encontrado en este tiempo, para que lo que antes era respaldo a sus altos cargos ahora sea un cese”, censuran desde la ejecutiva popular.

En paralelo, y desde la Cámara alta, el senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha cargado contra el ministro durante su turno de palabra. “Hay un caso de corrupción en este Gobierno, sí. ¿Tienen ustedes que asumir responsabilidades políticas más allá de un subsecretario? Sí. Vamos a seguir pidiendo que asuman responsabilidades políticas al más alto nivel porque teníamos razón”, ha aseverado Martínez-Maíllo. “Lo que usted acaba de exponer con el Informe de la Inspección General de los Servicios es que la licitación de Puertos del Estado fue un fraude”, ha agregado su compañero, el senador popular Luis Santamaría. “Usted ha reconocido la corrupción y, por tanto, la licitación de Adif, de Armengol, Ángel Víctor Torres y Marlaska exactamente lo mismo”, ha aseverado.

Tras las intervenciones del resto de los senadores que han participado en la comparecencia, Puente ha reiterado: “No les ceso porque estén investigados. Les ceso porque, a la luz de aspectos administrativos clave, se derivan cuestiones que a mí me han hecho perder la confianza”.