La Audiencia de Madrid aplaza su decisión sobre la causa contra Begoña Gómez tras un error del juzgado de Peinado

La esperada decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso Begoña se retrasa. El tribunal ha suspendido la sesión de “deliberación” y “votación” que había fijado este mismo lunes para resolver los recursos presentados contra la investigación del juez instructor Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La decisión de aplazar la cita se debe a un fallo cometido por el juzgado encabezado por Peinado, que no ha enviado toda la documentación “relevante” y necesaria para el debate que debía acometerse esta jornada. Según señala la Audiencia en una resolución, entre otros papeles, no se facilitó un recurso de la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El tribunal provincial, que hace más de dos meses que había reservado este lunes para abordar los recursos, explica que ha “comprobado” la “existencia” de un recurso del abogado de Begoña Gómez sobre el que no se le “había hecho referencia” antes. “Ni en el oficio remisorio ni en el escueto testimonio acompañado”, apunta la resolución de la Audiencia, firmada por los magistrados María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Berges. Los tres atribuyen así el aplazamiento a un fallo del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid —que dirige Juan Carlos Peinado—, y revelan que han advertido este error después de haber pedido al instructor que le enviase todas sus pesquisas para poder estudiar el asunto a fondo.

Fuentes jurídicas detallan que este problema retrasará varias semanas más el pronunciamiento de la Audiencia, que debe decidir si respalda las pesquisas de Peinado, si las archiva (como pide la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho) o si las delimita (como reclama la Fiscalía). Estas mismas fuentes aclaran que es el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 41 quien debía enviar toda la documentación al tribunal provincial (no el propio magistrado), y quien ahora tendrá que remitir lo que faltaba. Será entonces cuando se fije una nueva fecha para deliberar y emitir el fallo.

Las reacciones al aplazamiento no se han hecho esperar. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha tuiteado el siguiente mensaje a los pocos minutos de conocerse la noticia: “Un suponer: una Audiencia Provincial le pide a un juzgado de instrucción que le remita toda la causa para decidir. El juzgado no envía todo y, en concreto, ni envía ni menciona un documento muy importante para resolver. Blanco y en botella”. Los socialistas sostienen que la investigación de Peinado no tiene ningún tipo de base, y temen que se tratará de alargar lo máximo posible para, en su opinión, dañar al presidente del Gobierno.

En uno de sus recursos, la defensa de Begoña Gómez ya acusó al juez Peinado de haber emprendido una “investigación prospectiva” para “indagar en la vida de una persona”, con el objetivo de “ver si se encuentra algún hecho delictivo”. “Lo cual está prohibido en un Estado de Derecho”, subrayó en un escrito el abogado de la esposa del presidente. La Fiscalía, que mantiene una línea argumental parecida, ha denunciado la “deriva procesal” de las pesquisas; y ha expuesto que el magistrado tampoco ha “definido el objeto” y “alcance” de su instrucción.

Según el ministerio público, Peinado ordena averiguaciones “genéricas y carentes de concreción”, sobrepasando los límites que previamente le marcó la Audiencia de Madrid, que a finales de mayo ya se pronunció sobre la admisión a trámite de la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, origen del procedimiento. La Fiscalía considera que el tribunal, que validó entonces la apertura de las pesquisas, ya restringió la causa al descartar todos los hechos basados en datos “erróneos” y “conjeturas” (como las sospechas sobre el rescate de Air Europa), y solo avaló que se siguiera adelante con las indagaciones sobre una serie de contratos públicos concedidos a compañías vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés —una parte que, en opinión del ministerio público, ha asumido ya la Fiscalía Europea—.

Querellas por prevaricación

El aplazamiento de este lunes de la Audiencia de Madrid permite a Peinado, además, seguir avanzando en sus pesquisas. El juez no las había frenado hasta ahora: ha practicado varias rondas de declaraciones en julio y agosto; ha pedido más informes a la Guardia Civil; e, incluso, ha fijado un nuevo interrogatorio para mediados de octubre. De momento, podrá seguir adelante con todo ello, a la espera de saber si el tribunal provincial restringe finalmente su instrucción, la archiva o la respalda.

Al enmarañado caso contra Begoña Gómez se suman, además, las tres querellas por prevaricación presentadas contra el juez instructor: una de la propia mujer del presidente del Gobierno (sobre la que la Fiscalía no se ha pronunciado aún); otra de Pedro Sánchez (que apoya el ministerio público); y otra del periodista Máximo Pradera (que la fiscal rechaza). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene pendiente decidir si las admite a trámite, lo que podría provocar que Peinado tuviese que apartarse de sus pesquisas. Según fuentes jurídicas, el TSJM se ha citado este martes para decidir si da luz verde a la de Pradera.