¿Puigdemont a la cárcel?

Durante siete años, la persecución judicial de quien fue president de la Generalitat ha sido casi incesante, aunque ha tenido momentos de pausa cuando los tribunales alemanes, los belgas o los de la Unión Europea con sede en Luxemburgo no han fallado como esperaba el magistrado instructor del proceso. Estos arranques, acelerones y frenazos han propiciado un sinfín de situaciones grotescas, con dos detenciones efímeras —en Alemania y en Italia—, y un reo circulando finalmente por cualquier país de la Unión Europea menos España. Hubo hasta un ofrecimiento de entrega por parte de los jueces alemanes justamente por el único delito por el que ahora se le persigue: el de malversación, que fue incomprensiblemente rechazado por la justicia española. Lo que entonces se rechazó es justamente lo que ahora se acepta.

Pero con un cambio sustancial. La orden de detención es por el delito de malversación, pero ello no impide —sí lo hubiera impedido entonces— que el magistrado impute a Carles Puigdemont por otros delitos que incluso —a diferencia del de malversación— sí queden fuera de la ley de amnistía. Al final, el inopinado auto del Tribunal Supremo que interpretó la ley en contra de sus intenciones, es muy probable que sea corregido por el Tribunal Constitucional en favor del reo. Pero es muy difícil que pudiera combatir esas nuevas imputaciones que ahora prefiero ni imaginar, que seguro que el reo y su defensa tienen en mente, y que pueden garantizar una larga estancia en prisión.

Es en este contexto que resulta incomprensible que el expresident se arriesgue a su detención, que, salvo maniobras elusivas, se va a producir en cualquiera de los posibles escenarios si se acerca al Parlament o incluso si aparece de improviso en el mismo, o es detectado dentro de las fronteras españolas. Cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que lo detecte tiene la obligación inmediata y sin matices de cumplir la orden del magistrado Llarena y detenerlo, ojalá que sin crear situaciones que sirvan para el espectáculo. Una detención en el salón de plenos daría la vuelta al mundo y debería evitarse por pura sensibilidad democrática y respeto por la tradición histórica de inviolabilidad de los Parlamentos y que es conocida en cualquier país. En Inglaterra se recuerda cada año con un ceremonial. Busquen “Black Rod” en YouTube y no sólo entenderán por qué, sino que aprenderán uno de los fundamentos esenciales de la democracia.

Pero como decía, siendo esa detención inevitable, cabe preguntarse por qué la pone tan fácil quien durante siete años ha invertido buena parte de sus esfuerzos en eludirla. Imposible adivinar esas razones, que en todo caso abrirán un proceso judicial que dará bastante que hablar en un período futuro más o menos prolongado. Un proceso que ojalá no se base ni en delitos amnistiados ni en interpretaciones de las normas penales contrarias a reo. Tarde o temprano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aún antes tal vez el Tribunal Constitucional, recordarían que eso no es legítimamente posible.