La Audiencia amnistía al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, de malversación por un viaje a Nueva Caledonia

La Sección 5 de la Audiencia de Barcelona ha amnistiado este lunes al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, de los presuntos delitos de prevaricación y malversación por los que estaba pendiente de juicio al haber usado fondos públicos para un viaje. Siendo responsable de la oficina del expresident, Alay realizó en 2018 un viaje a Nueva Caledonia como observador del referéndum de autodeterminación en este territorio francés. La Fiscalía lo acusó de lograr que la Generalitat, con una autorización “manifiestamente arbitraria e injusta”, se hiciera cargo de los gastos por valor de 4.580 euros pese a que aquella actividad no se encontraba entre las que tenía atribuidas al frente de la oficina del expresidente.

Durante su estancia en Nueva Caledonia, Alay utilizó su cuenta de Twitter para realizar “comentarios particulares”, según la Fiscalía. Desde la oficina alegaron que Alay fue invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, la fuerza independentista en esta región francesa de ultramar. La Audiencia de Barcelona señala ahora que “entre las funciones del acusado destacaba la de dar apoyo al expresidente en los asuntos y materias que éste dispusiera y otras funciones que se le encargara”, y le aplica la amnistía por considerar que su caso está incluido en lo previsto en esa ley.

La Audiencia de Barcelona también ha amnistiado a los dos extenientes de alcalde del PSC en Pineda de Mar (Barcelona) que aceptaron una condena de un año de cárcel por coaccionar a una cadena hotelera en octubre de 2017 para que expulsara a unos 500 agentes de la Policía Nacional que tenía alojados en el municipio en los días posteriores al referéndum ilegal del 1-O. En sendos autos, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha acordado aplicar la amnistía a los exconcejales Carme Aragonès y Jordi Masnou, de acuerdo con el criterio de sus defensas y de la Fiscalía, al concluir que los hechos se enmarcan “claramente” y encajan “sin ningún género de dudas” en lo previsto en la ley del olvido penal. De esta forma, la Audiencia declara extinguida su responsabilidad y da por finalizado el proceso de ejecución de la condena, que estaba suspendido desde mayo de 2023. Elimina, además, sus antecedentes penales derivados de esta causa.

Al arrancar el juicio, los dos extenientes de alcalde aceptaron una condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación por un delito de coacciones, mientras que el entonces jefe de la Policía Local de Pineda, Carles Santacreu, que también estaba acusado por los mismos hechos y rechazó un pacto, acabó siendo absuelto. Según la sentencia, los dos tenientes de alcalde (entonces en el cargo) se presentaron la noche del 2 de octubre de 2017, junto al entonces jefe de la policía local, en un hotel de la cadena Checkin de Pineda, que en sus dos establecimientos en la población alojaba a unos 500 agentes destinados a Cataluña que habían intervenido el día anterior para evitar el referéndum del 1-O.

Tras ser increpados por manifestantes independentistas que protestaban a las puertas del hotel, los dos concejales socialistas se reunieron con el director del hotel, a quien le dijeron que tenía que desalojar a los agentes de los dos establecimientos. Ante esta exigencia, el director del hotel puso a los responsables municipales al teléfono con el gerente de la cadena hotelera, ante quien Aragonès, que era la máxima autoridad municipal porque el alcalde estaba fuera del municipio, reiteró su exigencia. El gerente se negó alegando que no había habido ningún problema con esos huéspedes.

La entonces primera teniente de alcalde le pasó el teléfono a Jordi Masnou, quien, como responsable de Urbanismo, advirtió al gerente de que tenía que echar a esos clientes “sí o sí”. Tras esta conversación, el gerente de la cadena Checkin, impulsado por el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo por parte de las autoridades municipales, decidió redactar una carta en que aseguraba que se veían “obligados”, bajo la amenaza de cerrar sus hoteles durante cinco años, a desalojar al contingente policial antes de las 16.00 del 3 de octubre.

Una vez en la calle, Aragonès dio a entender a la prensa que habían alcanzado un acuerdo con la cadena para que los policías nacionales abandonaran los hoteles al día siguiente: “El diálogo es lo mejor y así hemos llegado a un acuerdo”, dijo.

En los dos autos en los que amnistía a ambos exconcejales socialistas —que se pueden recurrir—, la Audiencia de Barcelona concluye que su actuación aquel día “tuvo como finalidad dificultar la labor de dichos agentes, poniendo trabas a su alojamiento en dicha localidad, mostrando de esta manera un claro apoyo a la celebración del citado referéndum”, y que por tanto su conducta encaja “sin ningún género de dudas” en la ley de amnistía.

En el juicio, un comisario de la Policía Nacional responsable de la logística para evitar el 1-O explicó que los agentes que se hospedaban en el hotel de Pineda de Mar habían sido realojados allí después de que el Gobierno catalán impidiera atracar en el puerto de Palamós al barco que los llevaba, uno de los motivos que llevaron a condenar por sedición al entonces consejero Josep Rull (Junts), actual presidente del Parlament. Por su parte, el entonces jefe de la policía local fue absuelto al concluir la Audiencia que no intervino en el proceso sino que se limitó a dar protección a los tenientes de alcalde.

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