El barrio marinero de Málaga de las 500 casas sin suelo

Antes de que ella naciera, el padre de Soledad Herrera compró un pequeño terreno frente a la playa de la barriada de El Palo, al este de Málaga. Con tierra y madera levantó un dormitorio, un minúsculo baño y un comedor, donde un anafe hacía de cocina. Luego instaló un pozo en el patio y, con el tiempo, fue añadiendo pequeñas mejoras a medida que la familia crecía: tuvo 13 hijos e hijas con su mujer. La menor es Soledad, hoy con 83 años y ya única residente en la casa. Tiene las escrituras, paga sus impuestos y los servicios de agua y luz, pero la vivienda ni está regularizada ni es del todo suya: el suelo es de dominio público marítimo terrestre. “Tiene guasa. Después de que mi familia lleve más de un siglo aquí, en realidad es como si no tuviera nada”, dice la mujer con rabia. Como ella, otras 500 familias están en la misma situación.

Como la de Soledad, las dos primeras filas de casas de esta barriada son, técnicamente, parte de la playa. Es así sobre el papel, pero la práctica dice lo contrario: ya están más atrás del paseo marítimo, a entre 60 y 150 metros del agua. El origen de este núcleo de viviendas se remonta a hace un par de siglos, cuando los primeros pescadores levantaron aquí pequeños chambaos junto al mar que, con el tiempo, fueron modificando y ampliando hasta convertir en inmuebles. Otros, como el padre de esta mujer, llegaron años más tarde.

Son casi siempre viviendas sencillas, la inmensa mayoría de pocos metros cuadrados, que se han ido alejando del Mediterráneo debido a la construcción, desde los años ochenta, de varios espigones y un sencillo paseo marítimo. Hoy sus vecinos viven en una especie de limbo que les llena de incertidumbre. Por ello, consideran que su caso “es una injusticia”. “Llevamos más de 200 años aquí y todavía tenemos que decir con la boca chica que esto es nuestro. Siempre nos han ninguneado”, subraya Manuel Benavides, de 62 años, quien preside la asociación Rebalaje, creada en 2008 para catalizar el movimiento vecinal.

Benavides recuerda que la lucha empezó ya en los años ochenta. Ha sido un ir y venir de protestas, reuniones y largas etapas de silencio administrativo desde entonces. En 2013 estos residentes estuvieron a punto de sacar el champán cuando el entonces presidente de la Diputación, Elías Bendodo (PP), acompañó al alcalde, Francisco de la Torre (PP), a decirles que sus casas quedaban protegidas por la Ley de Costas aprobada aquel año. Ésta cuenta con una disposición adicional, la séptima, que refleja que “se excluyen del dominio público” los terrenos de 12 núcleos de población de Alicante, Castellón, Girona, Huelva, Pontevedra, Valencia y Málaga, donde se incluyen los de El Palo. La norma añadía que los terrenos podrían ser transmitidos a sus ocupantes por distintas vías, aunque no se aclaraba un modelo común. Para entonces el consistorio malagueño había identificado ya a los ocupantes de las viviendas y había conseguido “disponer de las segregaciones, agrupaciones y descripciones actualizadas de las fincas” para facilitar el procedimiento, según el texto de una moción presentada por el PP en el pleno del pasado mayo.

El Gobierno de Mariano Rajoy llegó a elaborar el borrador de una orden para determinar cómo se haría la transmisión del suelo y se expuso de manera pública en la web del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mientras, La Ley de Costas fue recurrida por el PSOE y el Tribunal Constitucional la anuló en parte, aunque admitió que esta barriada malagueña ya no tenía características naturales —ni es una playa ni roza el mar— así que todo siguió igual para ella. “El Ayuntamiento hizo todo cuanto era de su competencia mientras que los sucesivos gobiernos centrales, por uno u otro motivo, no han dado el paso definitivo para poder transferir estas viviendas a sus ocupantes”, reza la moción aprobada en mayo, que subraya que De la Torre ha enviado una carta recientemente a los titulares de tres ministerios para pedir “urgencia” en solucionar el asunto.

Callejón sin salida

Para el Gobierno, la solución solicitada es “compleja” y, sobre todo, “perjudicial para los vecinos”. Fuentes gubernamentales explican que la disposición séptima supone que el suelo pase, primero, a ser revertido por los propietarios a Patrimonio del Estado y que, después, sea devuelto a sus dueños conforme a la ley. Y, ello, “obliga al Estado a una transmisión a precio de mercado”, lo que supondría un gran problema para las familias, la mayoría humildes, debido al alto precio que hoy tiene un terreno en primera línea de playa en Málaga. Por eso, tanto el PSOE como el subdelegado del Gobierno en la provincia andaluza, Javier Salas, trabajan en una iniciativa que permita sacar a la barriada de la disposición séptima —que definen como “un callejón sin salida”— y, así, comenzar una desafección del suelo por la vía ordinaria. Es decir, que la línea que marca el dominio público terrestre sea trasladada por delante de sus casas. Así, los suelos donde se levantan quedarán liberados para pasar a propiedad de las familias sin coste alguno. Salas mantendrá una reunión con los vecinos a corto plazo para explicar el procedimiento, pero que no quiere convocarlos hasta que no pueda dar la información al completo.

Mientras tanto, cansados de la situación, los residentes de El Palo, han vuelto a retomar las protestas. A principios de mayo salieron a la calle para manifestarse y, desde entonces, el lema “Deslinde ya” ha tomado el barrio con pancartas en balcones, ventanas, fachadas, mobiliario urbano o kioscos. Los vecinos han creado un logo, han repartido camisetas, impulsan asambleas y dicen que no van a cesar sus movilizaciones: cada martes se reúnen durante una hora frente a la Subdelegación del Gobierno y cada jueves, ante la Demarcación de Costas. “La gente del barrio se ha movido mucho en otras épocas. Ahora nos toca a nosotras: somos luchadoras y vamos a resolverlo”, subraya Cristina Ríos, de 59 años, una de las muchas mujeres que lideran este movimiento vecinal. “Hubo un momento en el que parecía que todo iba a solucionarse, pero al final aquí seguimos”, añade hastiada Carmen Albarracín, de 58 años.

“Lo que queremos es respeto”, sentencia Manuel Benavides, que planea ya una nueva marcha para cuando pase el calor del verano. Su amigo Francisco Puertas, también vecino de la zona, subraya que el objetivo de las reivindicaciones es que “se haga justicia” y “defender el último espacio marinero, histórico, que le queda a Málaga”. De hecho, también destaca que sus intenciones están lejos de la especulación. Por eso, a pesar del acelerado incremento del precio de la vivienda en la ciudad y de la revalorización que han obtenido estas casas a pie de playa, asegura que también quieren pedir que esta zona sea declarada Bien de Interés Cultural “para que nadie pueda tocar estas casas y que se mantenga la identidad marenga del barrio”.