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Pedregalejo y El Palo celebran la amnistía de Costas

La nueva ley levanta la servidumbre a 500 casas de pescadores de Málaga

Vista aérea del barrio del Pedregalejo de Málaga. Ampliar foto
Vista aérea del barrio del Pedregalejo de Málaga.

Los vecinos que habitan el más de medio millar de antiguas casas de pescadores de las barriadas malagueñas de Pedregalejo y El Palo están que no se lo creen. Desde el jueves, que se aprobó la reforma de la Ley de Costas, ya no deben tener más pesadillas con el futuro de sus casas, que definitivamente podrán mantenerse en pie y de las que podrán ser propietarios legales con todos los derechos.

Ayer recibieron la buenanueva de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acompañada de una amplia comitiva con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que a mediodía celebraron la amnistía en un chiringuito. “Parece que por fin esta vez sí, si se ha aprobado lo que estaba previsto, pero no queremos dar saltos de alegría hasta no leerlo”, advertía Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo. Y es que en los últimos años han recibido ya muchas visitas y muchas promesas de inmediatas soluciones definitivas de políticos de todo signo.

La foto ahora parece que tiene más justificación que nunca, porque la Ley de Costas da una solución específica a estas dos barriadas malagueñas. Pedregalejo y El Palo son dos de los 12 núcleos de casas junto al mar en toda España que la disposición adicional sexta de la nueva ley declara fuera de la zona de dominio-marítimo terrestre, al considerar que son núcleos muy consolidados.

En esta situación quedan otros tres núcleos más en Andalucía, la ría de Punta Umbría, y Casco del Cepo y centro urbano de Isla Cristina. Las cinco barriadas indultadas suman algo más de 1.000 viviendas.

Estas viviendas quedaron incluidas dentro de la zona de protección del dominio marítimo-terrestre en la Ley de Costas de 1998. Ello significaba que debían desaparecer, y sus dueños quedaron desposeídos, pero mientras se resolvía el futuro de las construcciones se les otorgó un derecho de uso temporal de 30 años.

Carmen Crespo escogió las barriadas malagueñas para informar del alcance de la reforma de la Ley de Costas en Andalucía porque en ellas se trasluce nítidamente el giro que ha dado la administración estatal de Costas desde que gobierna el PP. La solución adoptada es muy similar a la que intentó el Ayuntamiento de Málaga cuando elaboró su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado definitivamente hace dos años, al delimitar la zona como suelo urbano.

El departamento estatal de Costas advirtió entonces que no podía hacerlo porque las casas estaban dentro de la zona de dominio y estaban pendientes de que se adoptara una solución, lo que generó la angustia de los vecinos. El PGOU finalmente las consideró fuera de ordenación, con el compromiso verbal de todas las fuerzas políticas de trazar un deslinde definitivo que pudieran dejarlas a salvo.

Según los datos facilitados por la delegada del Gobierno, la nueva Ley de Costas evita el riesgo de desaparición para 4.604 viviendas en el litoral andaluz. Al millar de casas de estas cinco barriadas, se suman otras 3.604 repartidas por las cinco provincias costeras en las que residen más de 14.000 personas, y ocupan suelos que eran de servidumbre pero que quedan desafectados al considerarse antropizados (núcleos habitados y consolidados dese antes de 1998), y que no son necesarios para la protección litoral.

También quedan a salvo de posibles medidas de demolición 972 instalaciones turísticas entre hoteles (109), y restaurantes y chiringuitos (863). Calvo destacó la importancia que la ley tiene para el mantenimiento de una actividad económica clave en Andalucía, hasta el punto que atribuyó a la ley la garantía de que se mantengan 30.000 empleos, que es el número de trabajadores que se estima tienen los restaurantes de playa, que facturan al año unos 350 millones de euros.

Crespo ensalzó la nueva ley porque dijo que combina “la necesidad fundamental de conciliar la sostenibilidad de nuestras costas y la protección de nuestros espacios naturales con el crecimiento económico y el mantenimiento de la actividad del sector turístico”. En su repaso a los datos, la delegada cometió un lapsus al afirmar que Andalucía tiene unos 500 kilómetros de costa, cuando suma 859 kilómetros, la segunda más extensa de España tras Galicia, de los que solamente 36 son espacio protegido.

Calvo explicó que la reducción de 100 a 20 metros de la línea de servidumbre es solo para construcciones anteriores al año 1998. En Andalucía hay unas 25.000 casas en zona de dominio, con unos 100.000 ocupantes, que ahora podrán realizar trabajos de mejora que antes estaban vetados, aunque no podrán aumentar volúmenes. La nueva ley, que choca con el plan de protección del litoral que ultima la Junta para preservar los primeros 500 metros desde el mar, tiene, según Calvo, instrumentos “para evitar las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988”, entre los que citó el caso de El Algarrobico.

Indultos en playas de Huelva

Lucía Vallellano

La ría de Punta Umbría y los Caños del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina en Huelva quedarán fuera de la nueva ley de Costas. Esos espacios se han excluido del dominio público marítimo terrestre porque son núcleos urbanos consolidados antes de la normativa de 1988.

Los titulares de las viviendas ubicadas en esas zonas pasan a ser propietarios de las mismas y no como hasta ahora que solo tenían una concesión administrativa.

En la ría de Punta Umbría hay una veintena de viviendas beneficiadas. En Isla Cristina, los técnicos estudian el alcance de esta medida y el número de viviendas que quedarían al margen de la norma.

Los ecologistas criticaron la nueva ley de Costas por sus perjuicios al litoral. Juan Romero, de Ecologistas en Acción, remarcó que la norma constituye “una amnistía” y supone la “privatización del espacio marítimo terrestre”. Además, esta organización ecologista subrayó que la reducción de la franja de protección del litoral de 100 a 20 metros comportará daños para una costa tan dinámica como la andaluza.

Iñaki Olano, de la misma organización ecologista, señaló que en la playa de Isla Canela han comprobado los problemas que eso genera: subida del nivel del mar y pérdida de playa. “Nuestra costa es muy cambiante y los efectos de las mareas y de las corrientes y de la propia dinámica litoral chocan con la existencia de una franja tan escasa de servidumbre”, afirmó.

Manuel Andrés González, presidente del PP onubense, defendió la nueva ley porque “dará tranquilidad y seguridad jurídica a 970 viviendas de la provincia, 70 chiringuitos y 1.000 empleos que dependen del sector turístico”. El PSOE replicó que con esta ley se vuelve al “desarrollismo” de los sesenta.