El PSOE lleva la “privatización” del litoral al Constitucional

La nueva Ley de Costas aprobada en mayo pasado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular se discutirá en el Tribunal Constitucional. A las cinco comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco) que en julio anunciaron que iban a llevar la norma al Alto Tribunal se suma el PSOE, que tiene previsto presentar su recurso la semana que viene. Los socialistas consideran que la Ley de Costas del PP supone una “privatización” del dominio público, algo que está protegido en la Constitución, además de ser “arbitraria” por amnistiar unos núcleos y no otros sin justificar los motivos. Argumentan también que defiende “intereses privados” en contra del interés general.

La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, modifica radicalmente la Ley de Costas anterior, aprobada por los socialistas en 1988 y que ningún Gobierno, ni siquiera los de José María Aznar, había tocado. El texto es muy controvertido puesto que supone una rebaja sustancial de la protección del litoral, que se traduce en algún tipo de ventaja o amnistía para 154.000 construcciones levantadas a pie de costa. Un nuevo espaldarazo a la cultura del ladrillo, opinan asociaciones ecologistas y partidos de la oposición.

La norma aumenta a 75 años las concesiones de casas en la playa

El texto normativo amplía las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, que cuentan a partir de que acabe la prórroga actual (en 2018, cuando estaba previsto empezar las demoliciones según la ley de 1988, que les dio 30 años). “Ninguna justificación se ofrece sobre la decisión legislativa de otorgar, graciosamente, una nueva prórroga de hasta 75 años a las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior”, señala el texto del recurso socialista.

La nueva Ley de Costas diseña un régimen especial para 13 núcleos de población problemáticos. Son construcciones que invaden el dominio público —la Marina de Empuriabrava, en Girona, y Moaña, en Pontevedra, son dos ejemplos— y que ahora quedan legalizadas. En este punto, el recurso de los socialistas critica la arbitrariedad: “Nada se dice o explica sobre las razones que justifican la relación de los 13 núcleos de población que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre”. Es decir, por qué son estas y no otras las poblaciones amnistiadas.

Uno de los últimos cambios que se aprobó en la tramitación en el Senado de la norma fue la reducción en la práctica de la zona de litoral protegida, llamada zona de servidumbre. En algunos casos se reduce de 100 a 20 metros. Las viviendas situadas en esa franja de 80 metros estaban sometidas a estrictos controles para hacer cualquier obra; ahora podrán realizar los trabajos siempre que cumplan la normativa de Ayuntamientos y comunidades. Los expertos creen que será complicado controlar la actividad.

El recurso critica la “arbitrariedad” de muchas de las disposiciones

Los socialistas usan en su argumentación una sentencia del propio tribunal de 1991, que estableció que “el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus características fueran destruidas o alteradas”. “Es una ley que perjudica a todos, que tenemos derecho a disfrutar de nuestro litoral, y que beneficia a muy pocos, de nuevo los intereses económicos de muy pocos, algunos muy conocidos”, denunció el jueves la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, en declaraciones a Europa Press.

Más de 150.000 inmuebles se beneficiarán de una u otra forma de la rebaja de la protección de litoral de la nueva ley. Quedan amnistiadas 3.400 viviendas levantadas en los 12 núcleos elegidos; las concesiones hasta 75 años afectan a 24.000 construcciones cercanas al mar; 125.000 inmuebles situados en zona de servidumbre podrán hacer obras y 1.700 instalaciones industriales podrán seguir operando pese a estar casi encima del mar.