La Comisión Europea destaca el “progreso significativo” de España con la renovación del Poder Judicial

España ha hecho un “progreso significativo” con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años bloqueado. Es la conclusión de la Comisión Europea en su análisis anual sobre la salud del Estado de Derecho de los países miembros. Bruselas había definido ese asunto como un problema “prioritario” a resolver y advirtió en informes anteriores de que estaba afectando seriamente al funcionamiento de la justicia. La Comisión, que medió para que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP firmasen finalmente el acuerdo hace un mes, solo dará por cerrado del todo el capítulo cuando se encargue al nuevo CGPJ la preparación de una propuesta para cambiar en el futuro el sistema de elección de los vocales. Es la condición que figuraba en el acuerdo rubricado el 25 de junio por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el dirigente del PP Esteban González Pons, con presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová.

El informe de Bruselas no emite ninguna opinión sobre la ley de amnistía a los encausados del procés independentista catalán: se limita a “hacer una descripción”, ha precisado Jourova en una pequeña reunión con periodistas, y a apuntar que la Comisión sigue analizando esa norma.

La vicepresidenta y el comisario de Justicia, Didier Reynders, han puesto este miércoles a España como ejemplo de que el acuerdo es posible cuando se pone el foco en mejorar el Estado de Derecho. La renovación del CGPJ, un asunto sobre el que la Comisión apercibía cada año a España, es un paso adelante. El informe mantiene otras de sus recomendaciones, como la de separar los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno, “teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”, aunque destaca “algunos avances” en el fortalecimiento del estatuto del fiscal general. También hay “algunos avances” en el abordaje de los “desafíos” relacionados con la duración de las investigaciones y los procesamientos para hacer más eficaz el manejo de casos de corrupción.

No se ha mejorado nada, sin embargo, en uno de los elementos que la Comisión ve fundamentales para analizar la “salud democrática” de un Estado: la adopción de una legislación sobre los lobbies (grupos de interés), la creación de un registro público de lobbistas y el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaración de bienes de altos cargos. Tampoco se ha avanzado en robustecer el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la ley de secretos oficiales, otra de las recomendaciones que hace el Ejecutivo comunitario.

Sin valorar la amnistía

El informe no emite ninguna opinión ni recomendación sobre la ley de amnistía, que está ya en vigor. Se limita a describir que ha “generado controversia” y recuerda que la Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre ella. En ese dictamen, el organismo asesor adscrito al Consejo de Europa —una institución que no forma parte de la UE pero en el que esta basa muchas de sus recomendaciones relacionadas con la justicia— avaló el objetivo general de las leyes de amnistía —la búsqueda de la convivencia y la reconciliación— aunque pidió acotar de forma más estrecha su ámbito temporal y constató que había ahondado la división de la sociedad española.

La ley de amnistía, indica también ahora el informe de la Comisión, “se llevó adelante mediante un procedimiento de urgencia, que sólo permitió una consulta limitada al público”. Y añade: “La ley de amnistía fue objeto de una gran controversia en España, relacionada con las circunstancias políticas que rodearon su proceso de adopción y su contenido, incluidas manifestaciones y declaraciones públicas de distintas partes interesadas, así como una amplia correspondencia dirigida a la Comisión Europea”. “La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para recibir aclaraciones sobre la ley de amnistía, que está analizando”, dice.

Recuerda así que Bruselas pidió más información a España sobre la medida legal y que queda pendiente que su departamento de Justicia determine si la norma es acorde con los tratados y reglas europeos de los que es guardiana la Comisión Europea. Es el procedimiento habitual, y ese estudio no tiene por qué terminar en un informe si se concluye que el análisis es positivo, precisan fuentes comunitarias. Bruselas está también “pendiente” de las cuestiones prejudiciales (consultas a la justicia europea) que puedan plantear los jueces españoles.

Presiones a jueces y periodistas

La Comisión destaca, como hizo el año pasado, que “en unos pocos” Estados miembros existe “preocupación” por una “presión indebida” sobre el poder judicial por parte de los políticos o gobernantes. “El riesgo de que las declaraciones públicas de Gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza pública en la independencia judicial ha generado preocupación en Eslovaquia, Italia y España”, dice el informe.

Entra también en un debate ahora muy caliente en España, el de la publicidad estatal: “No se han tomado medidas para aumentar la transparencia y equidad en la asignación de la publicidad estatal en Hungría, Croacia, Malta y España”. El Gobierno ha planteado recientemente una reforma para hacer ese elemento más transparente, en línea con el reglamento europeo de medios que tiene que aplicar.

“Los periodistas continúan enfrentándose a desafíos cada vez mayores en el desempeño de sus actividades profesionales”, señala el informe. Desde la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho de 2023, se han activado siete nuevas alertas para España en la Plataforma para la Promoción de la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, vinculada al Consejo de Europa, relacionadas con ataques a la seguridad física y la integridad de los periodistas, acoso e intimidación a periodistas, detención y encarcelamiento de periodistas y otros actos con efectos amedrentadores sobre la libertad de prensa. Una de esas alertas de la plataforma que recoge el informe (sin mencionar a los medios damnificados), se emitió por las amenazas y publicación de datos personales de informadores de EL PAÍS y elDiario.es por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). El Gobierno regional contestó a preocupación mostrada por la plataforma presumiendo de que respeta a la libertad de prensa.

Recomendaciones

La Comisión Europea emite seis recomendaciones a España, en la media con otros Estados miembros, para que termine de resolver los puntos pendientes sobre lobbies, fiscal general y manejo de los casos de corrupción. Y recuerda: “Sobre la base del acuerdo de 25 de junio de 2024 [entre Gobierno y PP], recomienda finalizar la renovación del Consejo del Poder Judicial y hacer avanzar el proceso con vistas a adaptar el procedimiento de nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las pautas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial”. Bruselas pide que se haga la propuesta para analizar como se puede modificar el sistema de elección actual, aunque no entra a determinar cómo. Tampoco hay una norma europea generalizada. El Partido Popular quiere, por ejemplo, que los jueces elijan directamente a los jueces, pero los técnicos comunitarios remarcan que ese no tiene por qué ser el mecanismo. Además, lo que pide Bruselas a España es que presente una propuesta sobre cómo se podría hacer.

“La falta de renovación del Consejo del Poder Judicial ha tenido un impacto negativo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, y se espera que el acuerdo de 25 de junio de 2024, si se aplica plenamente, mejore la situación”, dice el informe de Bruselas. Un Consejo en funciones ya no podía proceder a los nombramientos para los altos cargos judiciales, incluido el Tribunal Supremo, sigue. Y remarca que hasta julio de 2024, en el momento de la adopción del informe, había 27 vacantes en el Tribunal Supremo, ocho vacantes de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, 30 vacantes de presidentes de Audiencias Provinciales, dos vacantes de presidente de Sala de la Audiencia Nacional y 26 vacantes de presidentes de Salas de Tribunales Superiores de Justicia. En total, había 99 puestos judiciales pendientes de nombramiento.