La plataforma para la libertad de prensa ligada al Consejo de Europa lanza una alerta sobre las amenazas de Rodríguez a periodistas

La Plataforma para la Protección de Periodistas vinculada al Consejo de Europa ha lanzado una alerta por las amenazas y publicación de datos personales de informadores por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La alerta, de nivel 2, que atañe entre otras cosas a “actos de intimidación y acoso”, se refiere a la actuación de Rodríguez contra periodistas de eldiario.es y EL PAIS que investigaban a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Díaz Ayuso, imputado por fraude fiscal y falsedad documental. La plataforma pide ahora a España, miembro del Consejo de Europa, que investigue el caso y responda sobre las actuaciones que ha emprendido tras la alerta, emitida el 28 de marzo. En la nota que activa la alerta, la plataforma indica que espera respuesta como máximo el 28 de junio.

La alerta describe a fondo las amenazas de Rodríguez a una periodista de eldiario.es a la que el cargo público envió un mensaje asegurándole que iba a “triturar” a ese medio, que había iniciado pesquisas sobre el caso de fraude, y que tendrían que cerrar. También relata cómo el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso acusó falsamente a dos periodistas de EL PAIS, que investigaban el supuesto fraude de González Amador, de acosar a los vecinos de la pareja. Un bulo que hizo, además, enviando y revelando datos personales de los dos informadores y sus fotografías a otros medios, una práctica que la plataforma del Consejo de Europa describe como “doxxing”. Rodríguez reconoció el envío de esa información —que también asumió la propia Díaz Ayuso— y trato de justificar los mensajes amenazantes como parte del ámbito privado.

El caso de las amenazas de Rodríguez contra los informadores de elDiario.es y EL PAÍS, que ha suscitado una oleada de condenas de sindicatos de periodistas y organizaciones de derechos civiles nacionales y europeos, escala ahora a Europa con la publicación de la alerta. Y lo hace, además, cuando el foco de las instituciones comunitarias está especialmente centrado en apuntalar las medidas para garantizar el derecho a la información. En marzo se aprobó la ley de Libertad de Medios, que entre otras cosas habla explícitamente contra las presiones de las autoridades a los informadores. También se acaba de aprobar una nueva directiva europea —que los Estados miembros de la UE tendrán ahora que transponer— contra los litigios abusivos que se emplean para acallar a los informadores y defensores de los derechos civiles ahogándoles con demandas.

El Consejo de Europa creó en 2015 la Plataforma para la Protección de Periodistas que ha publicado la alerta sobre los periodistas de eldiario.es y EL PAÍS, en colaboración con organizaciones profesionales de periodistas y entidades especializadas. El Consejo de Europa, que integra a 46 países, entre ellos España (desde 1977), no tiene capacidad para monitorizar las amenazas a la libertad de prensa en todos sus miembros y son estas entidades colaboradoras quienes gestionan las alertas de la plataforma y realizan informes periódicos sobre las preocupaciones graves por las vulneraciones a la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, garantizada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, explica un portavoz de la organización Europea.

Tanto las organizaciones que gestionan la plataforma como las alertas que se lanzan deben cumplir una serie de requisitos, entre otros que la información que motiva la alerta es “confiable y está basada en hechos”, explican fuentes de la entidad. Una vez que se emite la alerta, el Consejo de Europa informa a sus órganos (como a la Asamblea de legisladores de todos los países miembros) y a los 46 Estados que lo conforman, que abarcan a más de 700 millones de personas.

La plataforma y las alertas buscan, por tanto, no solo advertir de casos concretos y que las autoridades den una respuesta al problema, sino también mejorar la capacidad de respuesta dentro del Consejo de Europa y ayudar a proponer respuestas políticas adecuadas en el campo de la libertad de prensa, dice un portavoz. Se espera que los estados miembros actúen y aborden los problemas e informen a la Plataforma sobre las acciones tomadas en respuesta a las alertas.

La organización emite aletas en dos niveles: el nivel 1 se refiere a asesinatos y “amenazas directas a la vida”; y el nivel 2 —el que se ha emitido en el caso de la intimidación a periodistas de elDiario.es y EL PAÍS— se refiere a “amenazas graves a la liberta de prensa”, incluidas agresiones físicas que causan daños corporales, actos de intimidación y acoso; uso por parte de figuras públicas de lenguaje amenazante o severamente abusivo hacia miembros de los medios o mal uso de poderes gubernamentales o de otro tipo para dirigir el contenido de los medios o penalizar a los medios o periodistas. Este año, la plataforma emitió otra alerta sobre una periodista a la que la Región de Murcia denegó acreditaciones y que fue respondida por el representante de España ante el Consejo de Europa.

La plataforma advierte en su informe anual del estado de la libertad de prensa sobre la radicalización y la polarización, hostil al ejercicio del periodismo libre e independiente y menciona varios casos relacionados con España, como casos de uso del software Pegasus para espiar a informadores españoles o detenciones en la cobertura de protestas.