Familiares de Picornell y otras fusiladas del franquismo: “El gesto de Le Senne nos produjo dolor e indignación”

Los descendientes de Aurora Picornell y de las hermanas Antonia y María Pascual, militantes del Partido Comunista asesinadas por el franquismo la noche de Reyes de 1937 en Palma, han ratificado este jueves la denuncia por un presunto delito de odio contra el presidente del Parlamento de Baleares, el diputado de Vox Gabriel Le Senne. El pasado 18 de junio, el presidente de la cámara balear arrancó de cuajo una fotografía en la que aparecían las tres mujeres de la tapa del ordenador portátil de la vicepresidenta segunda de la cámara, la socialista Mercedes Garrido, durante el debate para la toma en consideración de la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática. La diputada socialista y su compañera en la mesa del Parlamento, Pilar Costa, fueron finalmente expulsadas del agitado pleno por Le Senne.

“Todos los gestos tienen un significado y el gesto que vimos el 18 de junio por parte del presidente del Parlamento fue un gesto que nos produjo dolor, tristeza e indignación”, ha explicado Carlos Fernández Julià, nieto de María Pascual y sobrino nieto de Antonia Pascual. Acompañado por su abogado y por otros familiares, ha comparecido ante el magistrado de instrucción número 1 de Palma para ratificar la denuncia por un presunto delito de odio contra Le Senne, denuncia que este viernes también tendrá que ratificar la entidad que representa a familiares de las víctimas de la guerra civil y el franquismo Memoria de Mallorca.

Fernández Julià no ha querido entrar a valorar la posible derogación de la ley de Memoria ni la actitud de las administraciones ante el gesto de Le Senne y se ha ceñido a defender la denuncia contra una actitud que fue “desagradable como mínimo”. “Hemos argumentado básicamente sentimientos, sentimientos y dolor y humillación”, ha subrayado, sin querer entrar a valorar si debe ser el propio Le Senne quien renuncie al cargo.

A la denuncia presentada por las familias y la entidad de memoria se sumará otra que presentará este viernes el colectivo Estimada Aurora, formado por medio centenar de personas relevantes de la sociedad mallorquina. Además, el Gobierno central trasladó a la fiscalía la actuación de Le Senne para determinar si efectivamente existe un delito de odio en su actuación. La ratificación de la denuncia de los familiares coincide con el encuentro en Madrid que la presidenta de Memoria de Mallorca, María Antònia Oliver, ha mantenido junto con otras entidades similares de distintas regiones españolas con el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para tratar las intenciones de Vox de derogar las leyes de memoria en las distintas autonomías. Las entidades proponen que la institución presente un recurso de inconstitucionalidad para revertir la anulación de estas leyes, que están en peligro en comunidades como Baleares.

A pesar de las intenciones de la ultraderecha de derogar esta normativa en las islas, con la aprobación de la toma en consideración de su eliminación en mitad de su trámite parlamentario, todavía no está claro que esta se vaya a llevar a cabo tras la ruptura de los acuerdos de gobierno por parte de Vox en las comunidades en las que gobernaban juntos. La detonación del pacto en Baleares, donde los ultras apoyaban el Gobierno de la popular Marga Prohens pero sin contar con puestos en el organigrama, ha dejado en el aire continuar con la derogación de la ley. La presidenta Prohens aseguró la semana pasada que su tramitación dependerá de las negociaciones parlamentarias y dejó la puerta abierta a mantenerla. La norma, de hecho, salió adelante la pasada legislatura con el apoyo del PP en gran parte de su articulado.

Tras la ruptura del acuerdo entre PP y Vox a cuenta del reparto de menores migrantes no acompañados a las distintas comunidades autónomas, el puesto de Le Senne en la presidencia del Parlamento está en el aire. El mecanismo que puede desalojarle de la cámara autonómica está en marcha y el próximo siete de agosto se convocará la diputación permanente en la que los distintos grupos parlamentarios tendrán que votar si se celebra un pleno extraordinario para debatir su cese, reclamado por los grupos de izquierda de PSOE, Més y Podemos a raíz del episodio de la fotografía durante el debate parlamentario del pasado 18 e junio. El PP todavía no ha desvelado si votará a favor del cese de Le Senne, de hecho su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, aseguró que “es probable” que Vox matice sus acuerdos a nivel autonómico.