Inquietud en el Gobierno por la presión independentista sobre ERC

El cónclave del diverso mundo del independentismo catalán de este domingo en Waterloo, avanzado por La Vanguardia, en torno al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no podía ser imaginado por el Gobierno cuando emprendió lo que llamó “la reconciliación” en y con Cataluña, con ley de amnistía como instrumento. El empujón para tomar esa medida lo dio la necesidad de conseguir los siete votos de Junts para completar la mayoría requerida para la investidura de Pedro Sánchez. La decisión del Tribunal Supremo del pasado lunes de no considerar amnistiables los delitos de malversación por los que fueron condenados los líderes del procés ha tenido efectos. La reunión en Waterloo en torno a Puigdemont del desunido mundo independentista es una de las consecuencias directas de la decisión de la Sala Segunda del alto tribunal. La adversidad les ha vuelto a unir después de años de separación y rupturas. Una razón poderosa para la inquietud de los socialistas por los efectos que tendría en Cataluña y en el Gobierno de España una eventual vuelta a la unidad del independentismo.

Las negociaciones en Cataluña, cuasi clandestinas del PSC con ERC con el objetivo de buscar apoyos para investir presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa antes del 25 de agosto y evitar nuevas elecciones, no se interrumpirán pero puede haber un giro total de guion, nada beneficioso para el ganador de las elecciones del pasado 12 de mayo. El no de Junts a esa investidura se reafirma cada día desde la noche electoral. Todos los esfuerzos del PSC y del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en tanto que presidente del Gobierno de España con la llave para negociar transferencias y leyes, se ha centrado en ERC.

La imponente dificultad de negociar con los republicanos por su profunda división interna sobre qué posición tomar acerca de la investidura de Illa crece enormemente por la resolución del Tribunal Supremo, que provocó la reunión de este domingo, en la que se ha habló de todo, también de investiduras, posibles nuevas elecciones y formas de protesta. Las opciones del PSC de alcanzar el Gobierno de la Generalitat dependen de ERC, lo que puede truncarse si Puigdemont logra que los republicanos olviden a los socialistas y formen una candidatura de unidad, lo que implicaría que dan por buena la repetición de las elecciones autonómicas. Todo menos que un socialista gobierne la Generalitat. Hace una semana se reunieron por primera vez desde 2017 Oriol Junqueras, el líder de ERC que intenta continuar al frente del partido, y Puigdemont. Su relación ha sido inexistente durante estos años.

La animadversión de Junts al PSC y de una parte de ERC, a la que otro sector de la formación republicana trata de convencer —los partidarios de Junqueras se inclinan por permitir la investidura de Illa ser investido y pasar a constituirse en su oposición de manera inmediata y con el máximo rigor— puede predominar.

Desde este domingo, ha quedado patente que Junts, la CUP y organizaciones independentistas tratarán de que ERC vuelva a la acción conjunta tras la decisión del Tribunal Supremo de no dejar fuera de la amnistía los delitos de malversación. De ese modo, el alto tribunal deja la puerta abierta a que Puigdemont, entre otros, sea detenido si vuelve a España y para que Junqueras siga inhabilitado hasta 2031 para presentarse a elecciones de cualquier ámbito y para recuperar su puesto como profesor universitario.

En la reunión dominical belga hubo representantes de Junts, ERC, la CUP, y las entidades Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Asociación de Municipos por la Independencia (AMI) y el Consell por la República.

Las decisiones judiciales, las que se han tomado ya y las que todavía están pendientes en el caso del procés, así como la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, suponen una losa para la acción del Ejecutivo al condicionar los pactos. Con este marco el PP no encuentra razones para dejar de golpear sobre el mismo clavo salvo cuando se ve muy obligado a desviar el martillo, como ha ocurrido con la inmigración. La experiencia le indica que salirse de la pura crítica no suele ir acompañada de éxito. Y los populares se encuentran con Vox arreciando en el ataque a Alberto Núñez Feijóo por pactar con Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la advertencia de Santiago Abascal de que ni se le ocurra acordar el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas. La reunión del Gobierno con las comunidades autónomas se celebrará este miércoles para intentar articular la distribución de niños sin familia ni país donde volver, ante el colapso que afronta en solitario el Gobierno de Canarias. Ahora esta es la crisis y el desafío más urgente que tiene el Gobierno.