El Tribunal de Cuentas sanciona a Vox con 233.324 euros por financiación irregular

Vox deberá abonar una sanción de 233.324,22 euros por financiación irregular. Así lo ha resuelto el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de los partidos políticos y del sector público, poniendo fin a un expediente sancionador iniciado en febrero pasado, tras examinar las cuentas del partido ultra correspondientes a 2019, el año en el que dicha formación entró en las instituciones y empezó a recibir financiación del Estado.

El Tribunal de Cuentas ha concluido que Vox cometió dos infracciones continuadas muy graves contra la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP), al recolectar donaciones finalistas, que están expresamente prohibidas, para financiar la querella interpuesta por la formación ultra contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra y abonar la fianza de un joven procesado por la muerte de un ladrón.

En el primer caso, la sanción es de 50.000 euros, que es el mínimo fijado por ley para las infracciones muy graves; mientras que en el segundo, su importe asciende a 183.324,22 euros, que es el doble de la cantidad irregularmente recaudada: 91.662,11 euros. En total, la formación de Santiago Abascal deberá ingresar en el Tesoro público 233.324,22 euros, aunque puede presentar recurso contencioso administrativo ante el Supremo. Para hacerse una idea de la cuantía de la multa, esta corresponde al 68,5% del importe total de las impuestas por el Tribunal de Cuentas a partidos políticos en 2021 y al 17,6% en 2022.

El 17 de abril de 2019 Vox abrió una colecta a través de su página web para “hacer justicia” y recaudar los 15.000 euros que le exigió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para querellarse contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra. La formación presumió de haber recaudado el importe que necesitaba en solo cuatro horas y apuntó en su contabilidad ingresos por un montante de 31.664,80 euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas solo ha considerado irregular la captación de 10.563,45 euros, ya que el resto del dinero procedió de aportaciones de sus propios afiliados.

El 15 de julio de 2019, Vox lanzó una nueva campaña de crowdfunding con el lema #AyudemosABorja para pagar la fianza de un joven malagueño condenado a dos años de cárcel por la muerte de un ladrón a quien persiguió y golpeó cuando huía tras robar el bolso a una mujer en Fuengirola (Málaga). Con esta segunda iniciativa, Vox ingresó otros 120.482,93 euros procedentes de 5.770 donantes; una cifra que se queda en 91.662,11 euros tras excluir a los afiliados.

En su página web, Vox obligaba a los donantes a marcar una casilla asegurando haber leído y entendido el artículo 4 de la Ley de Financiación de Partidos, que señala taxativamente que las donaciones a las formaciones políticas serán “no finalistas” y tendrán “carácter irrevocable”. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas considera que esta advertencia no blanquea unas donaciones que fueron manifiestamente irregulares.

Vox sostuvo que, en el caso de la campaña #AyudemosABorja, el partido se limitó a actuar como mero intermediario y que la totalidad del dinero recaudado lo depositó el 13 de agosto de 2019 en el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, por lo que no existió por su parte enriquecimiento patrimonial alguno. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas desmonta este argumento subrayando que los ingresos se realizaron en la cuenta que Vox tiene abierta para recibir donaciones y recuerda que estas llevan aparejados beneficios fiscales, tanto para el partido como para los donantes.

En concreto, un total de 4.516 donantes de la campaña de Vox se beneficiaron de una reducción en la base imponible del IRPF por un importe total de 88.746,41 euros, reducción que no habrían podido aplicar si el dinero lo hubieran entregado directamente a Borja o si el propio partido no hubiera incluido estos ingresos como donaciones en su declaración del modelo 182 de la agencia tributaria (AEAT).

El Tribunal de Cuentas advierte de que aceptar ahora la tesis de Vox de que esos ingresos no eran en realidad donaciones al propio partido, como las declaró en su día ante Hacienda, “produciría graves perjuicios en cada una de las personas que efectuaron donaciones y se las dedujeron en su base imponible al presentar la declaración de la renta. Esto dejaría abierta la puerta a un eventual procedimiento sancionador al haberse deducido cantidades a las que, de acuerdo a lo pretendido ahora por Vox, no tenían derecho”, subraya. Es decir, para librarse de la multa del Tribunal de Cuentas, Vox expone a miles de sus donantes a la posibilidad de ser sancionadas por irregularidades fiscales.

En realidad, alega la resolución, Vox no tenía ninguna obligación de destinar el dinero recaudado al fin que publicitaba, ya que las donaciones a los partidos políticos, al contrario que de lo que sucede con las fundaciones, no pueden ser en ningún caso finalistas y tienen carácter irrevocable. Esto último es lo que sucedió, recuerda el informe, “con el dinero recibido para la querella contra Quim Torra que sobrepasó el importe de 15.000 euros [necesarios para abonar la finanza] y que Vox no devolvió” a quienes hicieron los ingresos. Y explica: “Si no se destinaba todo o parte de la cantidad recibida a la finalidad previamente anunciada, ninguno de los donantes podría exigirle o reclamarle nada al partido por ninguna vía”.

Por eso, el Tribunal de Cuentas concluye que “el dinero donado sí que pasó a formar parte del patrimonio de Vox [en contra de lo que este alega], al ser el partido el único que tenía la capacidad de decidir qué hacer con el dinero que tenía en su cuenta corriente”. La atribución de una finalidad concreta a las campañas de captación de fondos respondía a una estrategia para lograr “una mayor movilización de personas que están dispuestas a financiar al partido para que lleve a cabo la actividad o proyecto anunciado”, según ha reconocido el propio Vox en sus alegaciones.

El Tribunal de Cuentas considera que la formación ultra tuvo una responsabilidad en estas irregularidades “a título de culpa o negligencia”, pues no actuó “con la diligencia exigible” en el cumplimiento de una ley que está obligada a conocer, por lo que le impone el pago de 233.324,22 euros por dos infracciones continuadas muy graves que quedarán anotadas en el registro de partidos políticos.

Esta es la primera sanción que el Tribunal de Cuentas impone a Vox, pero podría no ser la última. El órgano fiscalizador ha detectado nuevas irregularidades en las cuentas del partido ultra correspondientes a 2020; entre otras, ingresos en efectivo a través de cajeros automáticos por un importe global de 102.048,30 euros. Aunque la mayoría de estos ingresos, que Vox atribuye a la venta de productos promocionales, son inferiores a 300 euros, 53 de ellos superan dicho límite legal y el Tribunal de Cuentas sospecha que podría tratarse de donaciones encubiertas; a lo que se unen nuevas donaciones finalistas por 2.574 euros. Estas irregularidades puedan dar pie a la apertura de nuevos expedientes sancionadores.