Claves del acuerdo sobre el Consejo del Poder Judicial: qué cambia, qué permanece y por qué ahora

Tras cinco años y medio con el mandato caducado, el PSOE y el PP han pactado este martes en Bruselas, con la mediación de la Comisión Europea, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estas son las claves del acuerdo:

Lo que no cambia. El acuerdo se ha hecho con la ley vigente, a pesar de que el PP se había negado a renovar el Consejo General del Poder Judicial -con una mayoría conservadora- como había hecho siempre y llegó a exigir una nueva ley para cambiar el método de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pese a que cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, no se modificó. El acuerdo firmado este martes es muy similar al que estuvo a punto de cerrarse hace año y medio, cuando el PP, finalmente, se echó para atrás. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido presiones desde dentro del partido —fundamentalmente, de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien hace unos días, como ya hiciera en el pasado, mostró en público sus reticencias a un posible pacto- y también de fuera —su socio y competidor por la derecha, Vox, y sus medios afines— para no sentarse a negociar nada con el PSOE, incumpliendo el mandato constitucional de renovar cada cinco años al Consejo. Un dirigente popular de la era de Pablo Casado aseguraba este lunes a EL PAÍS: “La única forma que tiene Feijóo de demostrar autoridad [frente a Ayuso] es firmar un pacto con Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial”.

Lo que cambiará. Junto al acuerdo para renovar con la ley vigente al Consejo General del Poder Judicial, los representantes del PSOE y el PP han pactado tramitar por el procedimiento de urgencia una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal para introducir algunos cambios respecto al sistema actual. Así, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el nuevo Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales recién elegidos y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.

Los miembros del CGPJ elegirán al presidente del órgano, que automáticamente lo será también del Tribunal Supremo. Eso ya era así ahora, pero el nombre de ese presidente se incluía en la negociación política entre los partidos; ahora, al menos formalmente, quedará fuera y será una decisión autónoma de los vocales.

El pacto firmado este martes incluye el nombramiento, a propuesta de los populares, de José María Macías, actual vocal del CGPJ, para la vacante pendiente en el Constitucional.

Puesta en escena. Esteban González Pons, eurodiputado electo, y Félix Bolaños, ministro de Justicia, han comparecido en Bruselas por separado, en sendas ruedas de prensa ante la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Věra Jourová, que ha hecho de madrina del acuerdo. Los representantes del PSOE y del PP en la negociación sí se dieron un apretón de manos ante las cámaras y González Pons llegó a decir que, tras dos años de negociación con Bolaños, aquello era “casi el principio de una amistad”. Preguntado por el formato de la comparecencia, el ministro de Justicia respondió que no sabía por qué habían salido por separado. Pons no aclaró de quién había sido la idea, pero aseguró que el motivo era para que ambos estuvieran “cómodos” si tenían que responder a alguna “pregunta comprometida”.

El relato del PSOE. Bolaños subrayó la “anomalía constitucional” que suponía la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la que los socialistas han culpado al PP. El ministro de Justicia recordó que cuando el PSOE estaba en la oposición y los populares gobernaban no hubo problemas - de las cuatro ocasiones en las que el CGPJ no se ha renovado en tiempo y forma, en tres fue el PP quien, desde la oposición, se negó a un acuerdo que pudiera suponer pérdida de representación en el órgano de gobierno de los jueces- y destacó que el pacto se había hecho, en contra de lo que los populares exigieron durante un tiempo, con la ley vigente. También se detuvo Bolaños en recordar el daño que había supuesto el retraso en la renovación: “Cada año de bloqueo ha tenido un coste superior a los 12 millones de euros para las arcas públicas”.

El relato del PP. González Pons prefirió centrarse en los futuros cambios, ya que su partido se había negado repetidamente a renovar el órgano de gobierno de los jueces con la ley vigente, como ha hecho finalmente este jueves. Por ese motivo, en su intervención en Bruselas, cayó en alguna contradicción con el propio discurso del PP de los últimos meses, antes del ultimátum de Pedro Sánchez, quien anunció que, si el PP persistía en el bloqueo a final de este mes, cambiaría la ley para solucionar “el secuestro” sin ellos. “La justicia española es más independiente”, insistió González Pons. “Inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos”, añadió, celebrando como un triunfo de su partido el fin de las “puertas giratorias entre la política y la justicia”, ya que los futuros vocales no podrán formar parte del Consejo si se han dedicado a la política en los últimos cinco años (el mismo periodo se aplicará para ser nombrado fiscal general del Estado), y obviando que en 2010 fue elegido presidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, incluido en el listado de donantes y afiliados del PP o que en 2013, el PP colocó en el tribunal de garantías al juez Enrique López, habitual colaborador de la fundación de José María Aznar, FAES, que luego sería consejero del Gobierno de Ayuso durante cuatro años. El representante popular, en línea con el discurso de Feijóo que Ursula Von der Leyen no respaldó pese a sus intentos en la campaña electoral para elegir a los representantes en el Parlamento de Estrasburgo, atribuyó a la Comisión Europea un papel de “supervisión del Estado de derecho en España”, deslizando que está en peligro por el Gobierno de Sánchez. “Para nosotros es muy importante contar con esa garantía. Si no, no habríamos firmado”, dijo. La propia vicepresidenta de la Comisión limitó su papel en la negociación: “Yo no diría que hemos hecho un arbitraje. Hemos sido mediadores a petición de España”. Pons, consciente de las presiones internas y externas, aseguró que el acuerdo cumple en buena parte con las medidas que el PP ya había planteado. A esa percha se agarró también Ayuso este jueves al calificar el pacto de “gran éxito de Feijóo”.

Antecedentes y acuerdos ‘interruptus’. “En cinco años ha habido centenares de documentos, de borradores de acuerdo”, ha recordado Bolaños este martes. En 2018, siendo Pablo Casado el líder de los populares, el PP y PSOE llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo que se frustró al filtrarse unos wasaps del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de haber logrado, gracias a ese pacto, controlar el Supremo “por la puerta de atrás”. Al conocerse esos mensajes, reconocidos por el portavoz popular en la Cámara alta, Manuel Marchena, que iba a dirigir el órgano de gobierno de los jueces y el Supremo, renunció al cargo. En agosto de 2022, EL PAÍS publicó el documento firmado por Bolaños y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, en octubre de 2021, para modificar la ley orgánica del Poder Judicial de forma que se pudiera desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. El PP de Feijóo, quien, en su primer discurso como presidente del partido, en abril de 2022, había prometido acuerdos, se desentendió de aquel pacto.

España hace 2.030 días. El Consejo General del Poder Judicial debía haber sido renovado el 4 de diciembre de 2018, cuando se cumplieron los cinco años de mandato que establece el artículo 122 de la Constitución. Salvo los que decidieron dimitir para intentar forzar a los principales partidos a llegar a un acuerdo (Carlos Lesmes, presidente del organismo, en octubre de 2022, y Concha Sáez, vocal progresista, en marzo de 2023), los componentes del órgano de gobierno de los jueces llevan desde diciembre de 2013 en el cargo, más de la mitad de ese tiempo con el mandato caducado. La portada de EL PAÍS del 4 de diciembre de 2018, cuando el Consejo debía haber sido renovado, da cuenta de todo lo que ha cambiado en el largo tiempo transcurrido: la principal noticia ese día era la negociación entre Juanma Moreno, del PP, y Juan Marín, de Ciudadanos, para formar un gobierno bipartito en Andalucía después de que el PSOE perdiera 15 escaños en las elecciones autonómicas. La comunidad fue el escenario del primer pacto de los populares con la extrema derecha, en aquel entonces, todavía no para entrar en el Gobierno. Ciudadanos, el socio del PP, ha desaparecido prácticamente, tras cambiar tres veces de líder; los populares, dos (Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo). Hoy Moreno gobierna con mayoría absoluta en Andalucía; Albert Rivera y su sustituta, Inés Arrimadas, han dejado la política, y el PP se ha llevado el grueso de los votantes de Ciudadanos, aunque no ha podido desinflar a Vox, partido que aquel 2018 no quería entrar en los gobiernos, y ahora, con el visto bueno de Feijóo, forma parte de cinco ejecutivos autonómicos.

Lo que queda por acordar. Preguntado por si el pacto puede extenderse a otros ámbitos o abrir la vía para facilitar acuerdos en organismos también pendientes de renovación, como el Banco de España, la CNMC o RTVE, Bolaños aseguró que no habían firmado más allá del CGPJ, pero que el clima de diálogo “favorece” que sigan hablando. En una comparecencia específica para hablar de la renovación del Poder Judicial, anticipándose a las críticas internas y externas, el propio Feijóo ha declarado este martes: “Habrá gente que se preguntará por qué hemos pactado con todo lo que estamos viviendo en España. Pero nosotros sabemos distinguir la lealtad institucional de la oposición al Gobierno”. Preguntado por si había un “nuevo clima” en su relación con el PSOE, aclaró que es “pesimista”.