Sánchez da un ultimátum al PP: o renueva el Poder Judicial en junio o cambiará la ley

Pedro Sánchez quiere resolver, antes del verano, el bloqueo en el nombramiento de jueces relevantes en el Tribunal Supremo y otros estamentos judiciales decisivos. Pasadas las elecciones europeas, el presidente del Gobierno y líder del PSOE ha lanzado un ultimátum al PP este miércoles en una entrevista en TVE: o hay acuerdo entre ambos partidos durante el mes de junio para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años caducado, o el Ejecutivo impulsará una reforma legal para desbloquearlo. Poco después de que terminara la entrevista, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que está convaleciente de una operación de apendicitis, le ha enviado un mensaje a Esteban González Pons, el negociador del PP, para proponerle retomar este mismo viernes la negociación. El PP está diciendo ya que no va a negociar en estas condiciones, porque entiende que lo de Sánchez es un ultimátum inaceptable, pero de momento no ha rechazado la reunión. El Ejecutivo intenta así una última negociación con el PP antes de tomar la decisión de cambiar la ley sin el principal partido de la oposición.

Sánchez no ha dado detalles sobre sus planes, pero sí ha apuntado como una vía posible la llamada solución Guilarte, esto es, la propuesta que hizo hace semanas el actual presidente interino del CGPJ: cambiar la ley para que los magistrados del Supremo, los más importantes y los que más interés político tienen, sean elegidos no por el Consejo, como ahora, sino como se hace en otros países europeos: por méritos y criterios puramente objetivos. Esto le quitaría al CGPJ una de sus atribuciones más relevantes y, según Guilarte, debería facilitar su renovación porque los partidos perderían mucho interés en controlarlo. Sánchez no ha dejado claro si, además de esta reforma, cambiará también la ley para modificar las mayorías de renovación del CGPJ para poder así renovarlo sin tener que contar con el PP, pero recientemente dijo que esa solución no le parecía una buena idea.

“El día de la marmota ha durado más de 2.000 días, y eso se acabó”, ha dicho el presidente. “Hemos aceptado todas las mediaciones, solo me falta el secretario general de la ONU. Esto ha durado demasiado tiempo. El PP tiene hasta final de este mes de junio. Si no desbloquea esta situación, España dará una respuesta al secuestro del Poder Judicial”, ha insistido. “El incentivo perverso [para los partidos] es la facultad que tiene el CGPJ para nombrar a los miembros del Tribunal Supremo. Podemos revisar esa facultad, hacerla más objetiva, más transparente. Si el PP no desbloquea, el PSOE presentará una propuesta para desbloquear esta situación”, ha apuntado Sánchez. Preguntado por si cree que en España hay lawfare (persecución judicial al adversario político), el presidente ha respondido que “ha habido casos de lawfare en este país clarísimos”, sin concretarlos. Y ha añadido, en alusión a la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez: “Quiero pensar que en mi caso no lo hay. Creo en el sistema judicial de mi país, y por eso denuncio el atropello constitucional del [PP con el] CGPJ”.

El PP ha respondido acto seguido para dejar claro que no acepta el ultimátum de Sánchez, con lo que todo indica que el mes de junio acabará sin acuerdo. “No aceptamos ultimátums de nadie”, han zanjado fuentes populares, añadiendo que la “precariedad parlamentaria” del presidente “no es compatible con su chulería”. Estas fuentes subrayan que el PP no se mueve de su posición anterior: o se cambia el sistema de elección de los vocales (eliminando el refrendo final, que ahora está en manos del Parlamento) o no aceptarán la renovación de los vocales. “Y ahora más que nunca”, añaden otras altas fuentes desde Génova, en alusión velada a la imputación de Begoña Gómez y al comunicado que emitió el lunes el CGPJ pidiendo al presidente del Gobierno “contención” en sus críticas al juez que la investiga. “Sánchez quiere controlar a los jueces para poder evitar que tomen decisiones que le lleven, después, a tener que insultarles”, remachan en esa línea desde la cúpula popular.

El portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha descartado la opción de rebajar las mayorías para poder renovar el Poder Judicial al considerar que esta se tiene que tomar “con consenso y con mayorías cualificadas”, y ha afirmado que su formación, el PNV, tiene “algunas ideas” para desencallar la situación, pero que “el primer movimiento lo tiene que hacer el Gobierno, informa Javier Casqueiro.

Por otra parte, la formación de Feijóo reitera que asumirán los tiempos y forma que marque la Comisión Europea. “Nos dirigiremos a ellos a la mayor brevedad. El planteamiento de Sánchez es contrario al método de trabajo fijado entre PP, PSOE y el supervisor designado”, agregan sobre la figura del mediador acordada en diciembre. Sin embargo, esa demanda contrasta con la postura manifestada después, el pasado abril, cuando el Partido Popular restó relevancia a esa mediación de la Unión Europea. Sobre la posibilidad de revisar las competencias del CGPJ para el nombramiento de magistrados, el PP no se pronuncia de momento, a la espera de conocer la propuesta concreta. En cualquier caso, el Partido Popular sostiene que, con este anuncio, Sánchez pretende “tapar sus derrotas en las elecciones y en las Cortes Generales” tras los comicios europeos y las iniciativas legislativas presentadas recientemente en el Congreso por el PSOE pero tumbadas por sus socios, como la propuesta contra el proxenetismo o la ley del suelo, que retiraron los socialistas in extremis.

El presidente también ha asegurado en TVE que el Gobierno presentará en julio el paquete de medidas de regeneración democrática que anunció cuando, a finales de abril, amagó con dimitir y se retiró cinco días a reflexionar. Y entre las medidas en las que está trabajando está la transposición de una directiva europea de medios de comunicación que exige más transparencia en la financiación y también plantea la posibilidad de que los medios que mientan sistemáticamente no puedan recibir dinero público. Sánchez ha señalado que el paquete incluirá medidas en “defensa de la veracidad” en los medios, para evitar la difusión de bulos, y otras para aumentar la “transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno y del Congreso”. “Hay que trasponer y hacer efectivo lo aprobado en Bruselas, una ley de libertad de medios de comunicación en la que se habla de transparencia y financiación. Es el debate que hay que hacer. También desde el Gobierno y en el Congreso podemos hacer cosas para una mayor transparencia y rendición de cuentas”, ha remarcado.

Madrid, “sede de la máquina del fango”

El líder socialista ha dedicado buena parte de la entrevista a criticar a los “tabloides digitales” que difunden informaciones sobre los casos de su esposa y su hermano, a los que ha defendido en todo momento. “Todo esto surge por bulos de tabloides digitales, amplificados después en tertulias radiofónicas en las que no se ven muchos tertulianos progresistas, porque están descompensadas. Estoy tranquilo, pero lo lamento por mi familia, que tiene que asumir este coste cuando son profesionales honestos. El tiempo pondrá las cosas en su sitio”, ha insistido.

El presidente incluso vincula el resultado electoral del PSOE, que ha sido especialmente malo en Madrid —donde el PP le ha sacado 350.000 votos, casi la mitad de la diferencia que han logrado los populares en todo el país—, con la localización de los medios que le atacan. “La máquina del fango tiene una sede social, que es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española. Aznar dijo: quien pueda hacer que haga. Y el que fue su jefe de comunicación y ahora jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, va anunciando una semana antes en redes sociales lo que van a hacer los jueces. Se atreve a decir que ahora va p’alante la denuncia contra la Fiscalía General del Estado. Todo esto merece una reflexión”, ha aseverado el presidente.