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La UE pacta la norma que busca proteger la pluralidad e independencia de los medios de comunicación

El reglamento, que debe ser ratificado por los Estados y el Parlamento, pone el foco en los medios de comunicación públicos y exige transparencia tanto en el nombramiento de los directivos como en su financiación

Un kiosco en Portugal el día que se supo que el primer ministro Antonio Costa iba a ser investigado.
Un kiosco en Portugal el día que se supo que el primer ministro Antonio Costa iba a ser investigado.Carlota Ciudad (EFE)
Manuel V. Gómez

La Unión Europea ha cerrado la norma con la que pretende garantizar la independencia de los medios de comunicación, especialmente en los de titularidad pública. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han superado este viernes por la tarde, al mismo tiempo que los líderes de la Unión acababan su cumbre del año, el último escollo que había acerca de una excepción que reclamaba Francia para que las garantías que se establecen pudieran suspenderse por motivos de seguridad.

El principio de acuerdo sobre el reglamento debe ahora ser ratificado, de forma independiente, por los dos colegisladores de la UE: el Consejo, es decir, los Estados miembro, y el pleno del Parlamento. Al ser un reglamento y no una directiva, el texto legal no tendrá que trasponerse a la legislación de cada Estado sino que pasará a estar vigente inmediatamente.

Ya hace más de un año que la Comisión Europea puso sobre la mesa esta norma. Lo hizo en unos meses después de que Rusia invadiera Ucrania, cuando todavía se encendieron más las alarmas sobre las campañas de desinformación puestas en marcha por el Kremlin, especialmente en procesos electorales en países occidentales. 14 meses después ha llegado el acuerdo definitivo que da luz verde a la norma y lo ha hecho durante la presidencia española del Consejo de la UE.

“Es un reglamento pionero que garantiza el acceso a una información libre y plural, la independencia editorial, y protege el trabajo de los periodistas y a sus fuentes, en un momento en que es fundamental proteger esto en Europa”, ha declarado el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, al acabar la reunión en la que se ha alcanzado el principio de acuerdo y en la que ha tomado parte.

El también exeurodiputado ha añadido que “se han evitado disposiciones que sabemos que preocupaban a las asociaciones de prensa, y por tanto el reglamento es garantista con los derechos de los periodistas”, en clara referencia a la excepción por motivos de seguridad nacional. Urtasun también se refiere a la inclusión de la exigencia de que cuando se utilicen programas de espionajes solo podrá hacerse a través de autorización judicial.

Si en algo pone el foco el reglamento pactado, es en los medios de comunicación públicos. Exige transparencia tanto en el nombramiento de los directivos como en su financiación. Evidentemente no lo dice el texto, pero en Bruselas no falta quien apunta a Hungría y Polonia como los países para los que se ha pensado este tipo de regulación, si bien es de esperar que en Polonia las cosas cambien con la salida del poder de los ultraconservadores del PiS.

Un elemento novedoso de esta norma es la creación de un consejo europeo que se encargará vigilar por la situación de la libertad de prensa en el continente y pueda emitir opiniones e incluso advertencias si sus miembros constatan irregularidades en algún país. Esta Junta Europea de Medios estará formada por representantes de las autoridades mediáticas nacionales y será, asegura Bruselas, totalmente independiente.

Este reglamento, como el acordado a finales de noviembre, buscan proteger uno de los llamados valores y derechos europeos: la libertad de prensa y opinión. El de hace dos semanas pretende poner coto a las demandas abusivas contra periodistas, activistas o defensores de derechos civiles frente al recurso indiscriminado de la denuncia por parte de empresas, magnates multimillonarios o lobbies con la intención de amedrentar y silenciar la crítica.


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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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