El PP no llevará por ahora el conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso hasta el final. Los populares, con mayoría absoluta en la Cámara alta, rechazan denunciar de momento a la Cámara baja ante el Tribunal Constitucional. El pleno del Senado aprobó el 10 de abril el choque institucional por la tramitación de la ley de amnistía y puso así en marcha un mecanismo nunca utilizado en 45 años de democracia. El plazo para culminar el proceso terminaba este viernes, fecha límite para acudir al tribunal de garantías, después de que la Mesa del Congreso contestase el 16 de abril al Senado con un informe en el que alegaban que no se cumplían las condiciones para dicho conflicto. El Partido Popular entiende que la Mesa de la Cámara baja no es la competente para responder, sino que la iniciativa tendría que haberse sometido a debate y votación en el pleno del Congreso. La formación de Alberto Núñez Feijóo se escuda en ese razonamiento para retirar el procedimiento en un pleno convocado in extremis el próximo jueves. Y piden más tiempo para que sea el pleno de la Cámara baja el que responda. De fondo subyacen las dudas reconocidas dentro del PP sobre la pertinencia de plantear el recurso, pese al ruido inicial generado con esta estrategia.

El conflicto de atribuciones se produce cuando un órgano del Estado —en este caso, el Senado— considera que otro órgano del Estado —el Congreso— ha adoptado decisiones asumiendo atribuciones que no le corresponden. Para ponerlo en práctica, el órgano que se considera invadido en sus competencias se lo hace saber al órgano supuestamente invasor y le solicita que revoque su decisión. Si este no responde en el plazo de un mes, o responde negando la acusación, el órgano que ha planteado el conflicto puede elevar la cuestión al Tribunal Constitucional para que este resuelva el choque. Lo que el Senado aprobó el 10 de abril fue declarar formalmente abierto ese conflicto de competencias para que el Congreso contestase a posteriori. La medida se aprobó en pleno por 148 votos a favor (144 del PP, 3 de Vox y uno de Coalición Canaria), la abstención de UPN y el voto en contra del resto del hemiciclo (112 senadores).

A juicio del PP, la ley de amnistía supone una “reforma constitucional encubierta” —como sostiene el informe elaborado por los letrados del Senado—. Y por tanto consideran que su aprobación requiere de una mayoría cualificada en lugar de la mayoría absoluta (la mitad de los escaños más uno) concitada por el PSOE y sus socios en el Congreso para aprobar la medida de gracia a los encausados por el procés. Con esa fundamentación sobre la mesa, los populares dedujeron la existencia de un conflicto de competencias entre ambas Cámaras.

En apenas seis días, la Mesa del Congreso contestó negativamente. Tras la respuesta, los populares tenían hasta el 17 de mayo para acudir o no definitivamente ante el Constitucional. Con todo, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha estado deshojando la margarita durante casi un mes sin terminar de aclarar si darían el último paso. La Mesa del Senado, gobernada por el PP, sí elevó un escrito criticando que fuese la Mesa del Congreso, y no el pleno, la que hubiera contestado, porque de esa manera se “hurtan” los derechos de los diputados a debatir sobre el asunto en el hemiciclo. Y, siguiendo ese argumento, el grupo popular en el Senado ha presentado un este martes un escrito para retirar el recurso de atribuciones, el mismo día en el que se ha debatido el veto a la ley de amnistía en el Senado, lo que permite al PP diluir el foco sobre su marcha atrás en el conflicto de atribuciones.

“Se suspende y, en consecuencia, se deja sin efecto el acuerdo del Pleno del Senado de 10 de abril, relativo al planteamiento del conflicto de atribuciones”, indica el texto registrado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. “Dado que, en estos momentos, una vez que esta Cámara ha cumplido con el trámite de aprobación de la ley de amnistía, la Mesa del Congreso no ha cumplido, sin embargo, con su obligación de someter al Pleno el requerimiento previo que esta Cámara le trasladó por medio de su Presidente (...) Y con ello, ha arrojado una notable indeterminación sobre los plazos procesales”, añade, e insiste en que la Cámara baja debata en pleno el asunto más adelante.

En cualquier caso, y pese al ruido generado cuando anunciaron en la Cámara alta el registro del conflicto de atribuciones, dentro del PP se suscitaron ya dese un primer momento las dudas sobre si trasladar o no el choque institucional al Constitucional, según fuentes del partido. Los populares desconfían del tribunal de garantías por su mayoría progresista y, en esa línea, si el Constitucional rechazaba el conflicto de atribuciones —como sospechaban en el PP— y validaba el procedimiento parlamentario de la amnistía, los populares se complicaban a sí mismos un posterior recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

Porque el PP sí confirma que presentará un recurso de inconstitucionalidad sobre el fondo de la ley de amnistía cuando la norma sea aprobada definitivamente por el Congreso, previsiblemente a finales de este mes. La formación de Feijóo temía además que un pronunciamiento del Constitucional a favor del procedimiento complicase el recurso posterior ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El escenario más plausible era que el Congreso respondiese negativamente pero, sin embargo, el PP decidió lanzarse al choque institucional con estos interrogantes advertidos de antemano.

“El PP se ha dado cuenta de que la amnistía es constitucional y ahora trata de evitar un varapalo del Tribunal Constitucional”, ha dicho al respecto Juan Espadas, portavoz del PSOE. “El deterioro de la imagen de esta Cámara a la que está llevando el PP y la propia presidencia de la Mesa del Senado es flagrante”, ha añadido Espadas en rueda de prensa. “En relación a este nuevo texto que ha registrado el PP, queda demostrado que el PP funciona en base a ocurrencias”, ha criticado la portavoz de ERC en la Cámara alta, Sara Bailac. “Porque no se atreven a llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias que ellos mismo han planteado”, ha agregado la senadora de Esquerra.

Informe sobre la amnistía en Aragón

En paralelo, el Consejo Consultivo de Aragón ha emitido este martes un dictamen en el que legitima al Ejecutivo autonómico, gobernado por PP y Vox, para presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre ley de amnistía “una vez que esta sea aprobada, dado que la misma afecta a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que la Comunidad Autónoma de Aragón mantiene con la de Cataluña, tal y como se refleja en el Estatuto de Autonomía de Aragón, además de incidir en la unidad de la nación española de la que forman parte Cataluña y Aragón”, reza el escrito. Tanto la dirección popular como otros Ejecutivos autonómicos gobernados por el PP, como Aragón o la Región de Murcia, habían avanzado hace meses que recurrirán la amnistía ante el Constitucional.