El Congreso culminará el 30 de mayo la aprobación de la amnistía tras el veto del Senado del día 14

El Congreso de los Diputados aprobará definitivamente la polémica ley de amnistía a finales de mayo tras levantar el veto que el PP impulsará en el pleno del Senado el 14 de ese mes, dos días después de las elecciones catalanas. El calendario de la ley que ha marcado el inicio de esta legislatura se acelera ahora tras entrar en su recta final la estrategia de freno aplicada por la mayoría absoluta del PP en el Senado. En la tarde de este lunes, los populares han impuesto su control en la Cámara alta para sacar adelante el dictamen de la ponencia contra esa ley encargado a la Comisión Constitucional y de Justicia. Las conclusiones se han elaborado sobre la base de un informe de los letrados del Senado que cuestiona la constitucionalidad de la norma y concluye que la ley podría vulnerar derechos de la Unión Europea.

La ponencia de la Comisión Justicia y Constitucional del Senado se reunió durante la tarde de este lunes para elaborar un dictamen sobre la ley de amnistía que, además del texto de los letrados, incorpora las comparecencias de algunos expertos convocados y, sobre todo, en la propuesta de veto del PP al proyecto enviado desde el Congreso el 14 de marzo, cuando se aprobó allí por la mayoría. El dictamen del Senado tiene que ser refrendado en una reunión de la comisión este jueves 9 de mayo y la propuesta de veto del PP a la ley será votada y aprobada en un pleno el 14 de mayo.

Tras esa votación en el pleno del Senado, el proyecto ―previsiblemente vetado por el PP en esa Cámara, puesto que dispone de mayoría absoluta— volverá al Congreso, que tendrá la posibilidad de levantar esa oposición en un pleno que se convocará a finales de mayo. Lo previsto, según fuentes parlamentarias, es que su votación definitiva sea el jueves 30 de mayo. A partir de ese momento, la ley ya podría entrar en vigor inmediatamente y beneficiar a los líderes del proceso independentista condenados por el Tribunal Supremo y al ahora candidato de Junts a presidir la Generalitat, el expresidente catalán Carles Puigdemont. Los tribunales tendrán dos meses para aplicar la norma una vez que entre en vigor, pero algunos efectos, como el levantamiento de las medidas cautelares, deben dictarse de forma “inmediata” cuando la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

El PP ha basado su posición contra la ley en el Senado en un informe encargado a los letrados de esa comisión en el que determinan “la inconstitucionalidad de la norma” y enumeran una serie de derechos que entrarían “en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea”.

El dictamen contra la amnistía que saldrá del Senado recoge los argumentos fundamentales de ese informe de los expertos, que concluyen que la ley remitida por el Congreso requeriría de “una previa reforma constitucional para su impulso” y que catalogan como “verosímil” la posibilidad de “una controversia” ante el Tribunal Constitucional porque entienden que la norma “adolecería” de una serie de “distintas infracciones que afectarían a principios y derechos fundamentales tanto de la Constitución como de los tratados de la Unión Europea”.

Entre esos principios constitucionalmente cuestionables, el dictamen del Senado cita el de “legalidad en materia penal y de seguridad jurídica” por “la indeterminación del ámbito material y temporal de la amnistía, sin referencia a tipos penales concretos o a categorías de delitos en función del bien jurídico protegido”; el de igualdad y derecho fundamental, “dada la delimitación del ámbito material de la amnistía, en función de un específico móvil ideológico y al margen de la base objetiva del bien jurídico protegido en los tipos delictivos”; el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos “por las circunstancias relativas al contexto público de la presentación de la proposición de ley” que se presume que “podrían ser indiciarios de que la amnistía respondiese al tipo partidista”; y el de la tutela judicial efectiva en el ámbito penal, “en cuanto a la perentoriedad del procedimiento de aplicación y a la pretensión de que el mandato de levantamiento inmediato de las medidas cautelares no se vea impedido por la suspensión del procedimiento penal por cualquier causa”.

Contradicción con las normas de la UE

El texto de los letrados del Senado asumido por la ponencia concluye, además, que la amnistía podría contradecir “obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europea en materia de terrorismo y de protección de los intereses financieros de la Unión”, según varias directivas europeas. El dictamen finaliza advirtiendo al Congreso y en global a las Cortes que si finalmente aprueban el proyecto correrían un “riesgo” ya que esa decisión “podría determinar, por parte de los órganos jurisdiccionales que tuvieran que aplicar la amnistía, el planteamiento de una cuestión prejudicial, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o de una cuestión de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional”.

El grupo socialista en el Senado, por su parte, denunció el veto promovido por el PP y critica el contenido del informe aceptado por la comisión porque entiende que se ha “extralimitado en su función” al afirmar que la norma es inconstitucional. El PSOE ha recordado que el dictamen se ha limitado a reducir “las conclusiones de los 15 expertos” a la confirmación de sus propias “tesis de la inconstitucionalidad de la ley, cuando han existido aportaciones de todo tipo a este debate”. Y añade ahí que ha sucedido lo mismo con algunos de los informes solicitados, que, según los socialistas, “adolecen de un evidente sesgo de parcialidad con excepción del emitido por la Comisión de Venecia”. El PSOE alude ahí a una serie de conclusiones de ese órgano consultivo del Consejo de Europa demandado por el PP en el que se constata el aval a la esencia y espíritu de la ley, pero con algunas críticas como su tramitación de urgencia o la ampliación del ámbito temporal de su aplicación.