El informe definitivo de la Comisión de Venecia ha avalado este viernes la esencia y espíritu de la ley de amnistía. Pero el órgano consultivo y no ejecutivo del Consejo de Europa enumera a renglón seguido una serie de críticas contra la norma aprobada este jueves en el Congreso, como su tramitación de urgencia o la ampliación del ámbito temporal de aplicación, introducido mediante enmienda transaccional la semana pasada. Bajo ese marco, el Gobierno y el PP han interpretado el texto desde su propio prisma y han escogido las conclusiones que más se acercan a sus posiciones para sacar pecho del dictamen, que en cualquier caso no es vinculante. La Moncloa celebra su contenido y sostiene que “tumban la principal mentira del PP, que dijo que la Comisión de Venecia exigía una reforma constitucional para aprobar una ley de este tipo y mantiene su valoración sobre la legitimidad política de la amnistía como instrumento de reconciliación”. Por su parte, el Partido Popular ha mostrado su “satisfacción” y ha defendido que las conclusiones del órgano coinciden con las alegaciones presentadas por la formación.

Pero el informe no sustenta las posiciones máximas de ninguna de las partes. En cuanto a la posición del Gobierno, la Comisión de Venecia coincide en el valor de la amnistía como vehículo para trabajar por la reconciliación y comparte los argumentos en los que se basa la norma en la consecución de ese fin, como pretenden en general las amnistías. Y de ahí ha tirado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para vanagloriarse del dictamen. “El informe avala de manera rotunda que pueda existir una ley de amnistía en España para buscar la reconciliación”, ha dicho Bolaños en la tarde de este viernes desde Bilbao. El ministro, sin embargo, ha pasado por alto las pegas manifestadas por la Comisión de Venecia y las ha reducido a simples “matices”.

La institución sugiere que para este tipo de leyes sean necesarias “mayorías cualificadas”, es decir, con un mayor consenso que la mayoría absoluta concitada por el Congreso este jueves, aunque reconoce que en España las leyes orgánicas exigen solo de mayoría absoluta y no considera que haya que reformar la Constitución. El Gobierno interpreta que el informe “mantiene íntegramente los elementos centrales de la valoración positiva” que ya adelantaba el borrador, entre los que destacan que “la proposición de ley no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes”.

En cuanto al PP, Bolaños ha vuelto a agradecer de forma sarcástica a los populares el haber solicitado a través del Senado, donde tienen mayoría absoluta, el informe, y les ha animado “sumarse” a la línea marcada por el órgano del Consejo de Europa aunque les cueste alcanzar “consensos”. Siempre tirando de ironía, el ministro ha aconsejado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se adelante y no tarde tantos años en reconocer las bondades de la amnistía como se demoró su partido en abrazar las leyes del aborto o del matrimonio homosexual. Y también le ha pedido que diga en público “lo mismo” que lo que una alta fuente consideró en una comida con 16 periodistas en Lugo. En medio de la campaña gallega, la dirección del PP se abrió a un indulto condicionado a Carles Puigdemont y el propio Feijóo en un mitin habló de “reconciliación” y admitió que estudiaron durante 24 horas la amnistía que les pedía Junts.

En el otro lado del prisma, los populares consideran que el informe sustenta sus ataques contra la ley de amnistía y se reafirman en los beneficios de haber solicitado el dictamen a través de la Cámara alta. El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha intervenido este viernes en el debate del órgano consultivo y ha incidido en las modificaciones introducidas a posteriori mediante enmienda transaccional. En el Partido Popular consideran que la Comisión de Venecia ha coincidido con todas las alegaciones registradas. “Ha sido un acierto que el Senado solicitara el Informe de la Comisión de Venecia. Reconforta y reafirma el acierto, en pro de garantizar la igualdad de los españoles y de los territorios”, ha asegurado Rollán desde Venecia.

Fiereza

Tras las declaraciones de Bolaños, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido con fiereza al ministro. “Al problema que el Gobierno tiene con los independentistas se suma al que tiene Félix Bolaños con la verdad. El repaso que le da la Comisión de Venecia al Gobierno de España es histórico y no tiene precedentes”, ha expresado Gamarra en un comunicado difundido a los medios. “La Comisión de Venecia les ha sacado los colores en una humillación sin precedentes. Derogaremos esa ley cuando lleguemos al Gobierno y seremos capaces de hacer unos presupuestos”, ha agregado la secretaria general. En el Partido Popular evitan, como en el caso del Ejecutivo, mencionar las cuestiones que el órgano consultivo sí aplaude respecto al sentido conciliador de todas las amnistías, y también el reconocimiento de que la división de poderes no está en cuestión si la decisión final de la aplicación la toman los jueces, que contradicen sus férreos ataques. Para Gamarra, el dictamen de la Comisión “cuestiona el fondo y la forma de la ley”. El Gobierno admite que hay pegas, en especial la ampliación del plazo que se hizo en la última enmienda y algunas cuestiones de mayor precisión en la delimitación de la cobertura de la ley, pero cree que son subsanables con mayores explicaciones y que no atacan en ningún momento al corazón de la ley y a la legitimidad y a la utilidad política de hacerla.

En cuanto a otro de los avisos que hace el informe, esto es que los jueces no deben informar a las comisiones de investigación de sus motivaciones ni de los casos que han conocido, Bolaños ha sido tajante estos días: el PSOE nunca apoyará ninguna exigencia en este sentido de las que están planteando ERC y Junts en el Congreso, y no se pedirá explicaciones a ningún juez desde el Congreso. Y en cuanto al mayor consenso, el elemento central de la crítica que hace la Comisión de Venecia, el Gobierno insiste en que les gustaría que el PP se sumara a la iniciativa, pero cree que eso es inviable políticamente y por tanto se queda con la parte en la que el informe recuerda que aunque sería deseable un mayor consenso, legalmente basta con la mayoría absoluta del Congreso, que es lo que logró precisamente la amnistía este jueces, con 178 votos a favor y 172 en contra.