El PP acusa a Pedro Sánchez de avanzar en la “colonización de las instituciones” con el relevo en RTVE

El nombramiento de Concepción Cascajosa como presidenta interina de RTVE es la nueva arma arrojadiza del PP contra el Gobierno. Los populares han acusado este jueves al Ejecutivo de “colonizar las instituciones” después de que el consejo de administración de la corporación pública, sumida en una grave crisis, designase presidenta el miércoles a la vocal, que es militante socialista. “No queremos que el PSOE continúe colonizando todas las instituciones, lo estamos viendo en los últimos días”, ha afirmado en una entrevista en RNE Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP. “Ha sido nombrada una militante del Partido Socialista, pero también lo vimos con la agencia Efe [la agencia pública de noticias], cuando fue nombrado el exsecretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez. Y también con el CIS”, ha agregado la dirigente popular. La politización ha estado prácticamente siempre presente en RTVE, también en los Gobiernos del PP, ya fuese con dirigentes afines o mediante cambios normativos.

Cascajosa fue elegida el miércoles como presidenta interina —para un período de seis meses, que coincidirá con tres convocatorias electorales— con los votos a favor de dos consejeros del PSOE, los dos que fueron nombrados en su día por Unidas Podemos y el representante del PNV. La nueva responsable obtuvo la peor puntuación en el concurso para el puesto, como recoge el portal informativo especializado en datos Civio. En el concurso pesaban mucho los años de trabajo en RTVE y Cascajosa partía en ese aspecto en desventaja frente a otros candidatos. “El único mérito de la nueva presidenta de RTVE es tener el carné del PSOE y trabajar al dictado de [Pedro] Sánchez. Arrastran los servicios públicos por el fango del descrédito”, ha dicho Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en la red social X (antigua Twitter). Fuentes de la dirección socialista no han querido entrar a responder estas acusaciones.

Sin embargo, la inestabilidad en RTVE no es algo nuevo. Tampoco su politización. Durante el Gobierno de José María Aznar se sucedieron cinco directores generales, entre ellos Pío Cabanillas (1998-2000), que dejó el cargo en RTVE cuando fue nombrado ministro portavoz del Ejecutivo popular. Con anterioridad, fue el diputado popular Fernando López Amor quien ocupó el puesto (1997-1998). Posteriormente, en el Gobierno de Mariano Rajoy, otro de los nombramientos promovidos por el PP fue el de José Antonio Sánchez (2014-2018), que en una sesión parlamentaria se ufanó de ser votante de PP.

En el PSOE, el nombramiento político más clamoroso fue el de Luis Solana como director general de RTVE en la etapa de Felipe González. Solana fue diputado socialista antes de aterrizar en la televisión y estuvo al frente de RTVE de 1989 a 1990.

Por otra parte, Rajoy modificó la ley que había aprobado el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que exigía una mayoría de dos tercios para elegir presidente de RTVE: el PP la rebajó a mayoría absoluta, con lo que se evitó tener que pactar con el PSOE un candidato.

Bloqueo del Poder Judicial

La vicesecretaria del PP Noelia Núñez se ha referido al nombramiento de Cascajosa para salir al paso de las preguntas sobre el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El mandato de los vocales del órgano de gobierno de los jueces lleva caducado más de cinco años por la resistencia de los populares a alcanzar un acuerdo con los socialistas. El miércoles se constató que las negociaciones siguen en terreno baldío al quedar aplazada sine die la reunión en Madrid prevista entre el comisario de Justicia, Didier Reynders, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario popular Esteban González Pons.

“Queremos un Poder Judicial independiente que no esté controlado. Y tenemos enfrente a un Partido Socialista que no cree en lo mismo”, ha insistido Núñez. El PP defiende, para renovaciones futuras, que los jueces elijan directamente, sin intervención de las Cortes, a los 12 vocales jueces del consejo. Y exige al PSOE modificar la norma de manera “simultánea” a la renovación del órgano. En esa línea, Núñez ha aventurado que el pacto no podrá fraguarse hasta después de las elecciones vascas de abril, catalanas de mayo y europeas de junio. “Veremos a ver con todo este proceso electoral. Si el Partido Socialista no está por la labor de despolitizar, no habrá entendimiento”, ha concluido.

El calendario corre a la contra, pues el comisario Reynders está en la terna final para dirigir el Consejo de Europa —un organismo que no forma parte de las instituciones de la UE— y en los próximos días o semanas tomará una excedencia para centrarse en su campaña. A las elecciones europeas de junio se ha referido, desde Sevilla, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP. “En el ámbito europeo tenemos mucho que aportar porque lo que pasa en España se decide en muchos casos previamente en Europa, por lo que tener una representación adecuada y un proyecto común es más importante que nunca”.

Tras conseguir la amnistía que exigieron como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, los partidos independentistas catalanes llevan días lanzando el mensaje de que su próximo paso es el referéndum de autodeterminación. La número dos de ERC, Marta Rovira, aseguró el pasado domingo que su partido ya está hablando sobre ello con el PSOE. El Gobierno respondió el miércoles que eso no es cierto y que no va a permitir “ningún alejamiento del orden constitucional”. “No se puede generar una expectativa que no tiene instrumentos, ni tiene medios para poder conseguirse, ni tampoco se puede embarcar a la gente en un proceso que no llevan a ninguna parte”, indicó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en RNE.

Unas palabras a las que no ha dado validez Núñez hoy. “Estamos viendo filtraciones por parte del independentismo de que ya están negociando con el Partido Socialista ese referéndum. Lo que digan Montero o Sánchez sobre el referéndum no tiene ningún tipo de credibilidad, están siguiendo los mismos pasos que cuando no decían que no habría amnistía y ya ha sido tramitada”, ha aseverado. La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, evaluará el próximo lunes la norma y emitirá un nuevo informe sobre cómo afecta a los territorios. El anterior dictamen redactado por los letrados de la Cámara alta fue durísimo contra la ley, a la que tachó de “reforma constitucional encubierta”. Un texto que el PP usó como argumento para plantear un conflicto institucional sin precedentes entre el Congreso y el Senado. La sesión para llevarlo adelante tendrá lugar la semana que viene.