Los cuatro últimos presos del 11-M

Los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron 192 muertos y cerca de 2.000 heridos, desembocaron en una macrocausa judicial en la que llegaron a estar imputadas 116 personas. Finalmente, solo 29 se sentaron en el banquillo de los acusados. Y de ellas, 21 fueron condenadas por la Audiencia Nacional, aunque el Tribunal Supremo redujo finalmente su número a 18. Otras cuatro fueron enjuiciadas y condenadas por Marruecos. Hubo también un menor implicado en los hechos que cumplió su pena en un centro de internamiento. Hoy, 20 años después de la masacre y tras un goteo de excarcelaciones en los últimos años por cumplimiento de las condenas, solo cuatro condenados siguen en prisión. Tres en España, y el cuarto en el país magrebí. Son los últimos presos del 11-M.

En cárceles españolas están José Emilio Suárez Trashorras —el minero asturiano que facilitó el explosivo a los miembros de la célula terrorista— y Jamal Zougam y Othman el Gnaoui, los únicos autores materiales de los atentados que fueron condenados, porque el resto se inmoló días después de la masacre en un piso de Leganés (Madrid). Los tres fueron condenados a miles de años de prisión y aún tienen por delante otros 20 años de cárcel ya que la legislación española fija en 40 años el máximo de estancia en prisión para delitos terroristas. No extinguirán sus penas hasta marzo de 2044. En Marruecos permanece Abdelilah Hriz, condenado en 2008 a 20 años de cárcel. No está prevista su excarcelación hasta dentro de cuatro años.

Aunque el horizonte temporal de los tres presos en España es idéntico ―el exminero asturiano y Zougam habrán extinguido la pena el 3 de marzo de 2044, y El Gnanoui, el 19 del mismo mes―, no lo es el régimen penitenciario en el que se encuentran. Sólo coinciden es que ninguno ha disfrutado hasta ahora de beneficios penitenciarios, como permisos de salida.

Jamal Zougam

Zougam, condenado a 42.922 años como autor material de los atentados —dos víctimas lo identificaron como el terrorista que colocó la mochila bomba que estalló en el tren de la estación de Santa Eugenia y causó 14 muertos—, permanece recluido en la prisión de Teixeiro (A Coruña) en primer grado penitenciario o régimen cerrado, el más duro. Esta clasificación, que se aplicó a la mayor parte de los condenados por el 11-M, está reservada a internos de “peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta”. Entre otras limitaciones, impide solicitar permisos de salida, además de tener menos horas de salida al patio y un contacto con otros internos más limitado.

Su abogado defensor, Manuel Ortega, señala que Zougam continúa negando su participación en los atentados o en su preparación, como hizo en el juicio, y asegura que están buscando una fórmula legal para que se revise su caso. “No tiene nada que ver ni con el radicalismo religioso ni con el yihadismo”, recalca Ortega, que añade que su comportamiento en prisión en estos 20 años “ha sido ejemplar, sin sanciones ni conflictos”. El letrado ha pedido sin éxito en varias ocasiones que le flexibilicen el régimen penitenciario.

En 2018, Zougam fue interrogado por la Guardia Civil por su presunta implicación en la red yihadista de radicalización desmantelada en la Operación Escribano. Era uno de la treintena de presos musulmanes, repartidos por más de 20 cárceles, con los que los cabecillas de esta trama contactaron a través de cartas para que se unieran al grupo que pretendían crear. La investigación reveló que el condenado del 11-M rechazó el ofrecimiento, por lo que dejó de estar imputado. “Le han intentado implicar en varias de estas”, se queja su defensa.

Othman El Gnaoui

También en primer grado penitenciario, el más duro, está Othman El Gnaoui, condenado a 42.922 años de cárcel como autor material al haber participado en las obras de la casa de Morata de Tajuña en la que se escondió el explosivo y haber acompañado un tramo del camino a la caravana que trasladó desde Asturias la goma 2 que se utilizó en los atentados. Recluido en la prisión de Mansilla (León), su situación es algo mejor que la de Zougam. Instituciones Penitenciarias le aplica, al menos desde 2019, el artículo 100.2 del reglamento por su buen comportamiento, lo que ha suavizado su régimen de vida hasta hacerlo muy similar a un segundo grado: se le permite estar más tiempo en el patio e, incluso, se le ha dado una celda en un módulo en el que están recluidos presos en régimen ordinario. Pero no se le ha concedido ningún permiso de salida.

“Está en un módulo de presos conflictivos”, destacan fuentes penitenciarias, que añaden que se le ha permitido participar en actividades dentro del centro, como en un taller de marquetería. Fuentes jurídicas aseguran que El Gnaoui se muestra “completamente integrado en la vida de la prisión” y que ha aprovechado el tiempo “para mejorar su español y su nivel cultural”. El Gnaoui, como Zougam, insiste en que es inocente y, aunque no niega su relación con los integrantes de la célula, alega que esta fue “ocasional”.

Suárez Trashorras

Más complejo ha sido el periplo carcelario de Suárez Trashorras. Condenado a 34.715 años de cárcel, el exminero consiguió ser clasificado en segundo grado penitenciario, en el que está más del 73% de los condenados en España y que abre la puerta a disfrutar de permisos de salida cuando han cumplido un cuarto de la pena, aunque a él no se le ha concedido ninguno pese a haber presentado decenas de instancias, según confirman fuentes jurídicas. En todos los casos, Instituciones Penitenciarias ha argumentado para negárselos la gravedad y repercusión de los hechos por los que fue condenado, y el impacto psicológico en las víctimas que puede tener su salida.

En estos años, Suárez Trashorras ha cambiado varias veces su relato de los hechos ―incluso cuando ya estaba condenado― e, incluso, manifestado su arrepentimiento y participado en un taller de justicia restaurativa, en el transcurso del cual mantuvo un encuentro con un superviviente de los atentados. Sin embargo, a finales de 2018, cuando estaba en la prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), presuntamente amenazó a un funcionario de la cárcel, lo que supuso su traslado a otra prisión y su regresión al primer grado. En la actualidad está en la cárcel asturiana de Villabona, la más cercana a su domicilio familiar de Avilés, y de nuevo en segundo grado. En esta cárcel protagonizó el pasado viernes un llamativo episodio: solicitó que se le aplicara la eutanasia al considerar que la enfermedad mental que tiene diagnosticada no recibe el tratamiento adecuado en prisión, según publicó El Comercio. La ley de eutanasia, en vigor desde junio de 2021, solo contempla la muerte asistida cuando el solicitante tiene “un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal, o por una enfermedad irreversible con limitaciones en su autonomía física”.

Abdelilah Hriz

En Marruecos fueron condenadas cuatro personas por su implicación en el 11-M, en lo que fue un caso inédito de colaboración judicial entre ambos países ya que hasta entonces las autoridades de Rabat no habían juzgado a ninguno de sus ciudadanos por actos de terrorismo cometidos en otro país. Tres de ellos ―Hicham Ahmidan, Mohamed Belhadj y Abdelazziz el Merabet― ya están en libertad tras cumplir las penas de entre ocho y 10 años de cárcel que se les impusieron. El cuarto, Abdelilah Hriz, aún sigue en prisión, según confirman fuentes de la lucha antiterrorista española.

Hriz fue condenado en diciembre de 2008 a 20 años de cárcel después de que el tribunal considerase válidas las pruebas aportadas por la justicia española, que había encontrado su perfil genético en un peine hallado entre los escombros del piso de Leganés en el que se inmoló parte de la célula yihadista y en un pantalón localizado en la casa de Morata de Tajuña, así como sus vínculos con otros dos miembros del grupo. Hriz, que admitió haber vivido en Madrid en 2004, siempre negó su participación en los hechos. En 2005 viajó a Siria, donde fue detenido y, posteriormente, trasladado a Marruecos. En prisión en este país desde enero de 2008, aún le quedan cuatro años para extinguir la pena por el 11-M.