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El Gobierno y los independentistas blindan la negociación de la amnistía frente a la presión judicial

Junts y ERC critican la decisión del Supremo, pero todos se conjuran para buscar un acuerdo en la ley

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, el pasado diciembre en el Parlamento Europeo.Foto: RONALD WITTEK (EFE) | Vídeo: EPV

Una vez más llega una decisión judicial muy relevante en el momento decisivo de una negociación entre el Gobierno y los independentistas. Si el 7 de noviembre fue el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quien redactó un auto implicando a Carles Puigdemont en el caso Tsunami por presunto delito de terrorismo, justo el día en que estaba previsto cerrar en Bruselas el pacto de investidura entre el PSOE y Junts, esta vez fue el Tribunal Supremo el que decidió el jueves imputar por el mismo delito al líder de Junts, que es aforado como eurodiputado. Ha sucedido justo cuando se estaban acercando posiciones para cerrar la ley de amnistía, cuyo plazo culmina el día 7, la próxima semana.

En noviembre, aquel auto de García-Castellón complicó mucho la negociación, que finalmente se cerró cuatro días después en medio de una gran tensión, y otros movimientos de este magistrado han generado muchos nervios y cambios de posición en Junts, que exigía más cambios. Sin embargo, ahora distintas fuentes de los dos sectores coinciden en que el Gobierno y los independentistas, no solo Junts, sino también ERC —que está pendiente de cualquier reforma que se pacte—, están decididos a blindar la negociación de la presión judicial.

No parece que la nueva resolución del Supremo, que fue criticada abiertamente por los independentistas mientras el PSOE, como es habitual, mantenía silencio y trasladaba su respeto a cualquier decisión judicial, vaya a alterar esta vez una negociación que está muy avanzada. Todas las fuentes consultadas coinciden en ver como muy probable un acuerdo en breve, aunque nadie lo da por seguro, dados los antecedentes. Pero algunas de estas fuentes señalan que la decisión del Supremo incluso fuerza a los negociadores aún más a llegar a un pacto, ante la evidencia de que una parte de la justicia quiere impedir a toda costa que la amnistía tenga efectos reales.

El presidente, Pedro Sánchez, no ha hablado esta vez al respecto, pero su posición ya quedó muy clara hace un mes en una rueda de prensa en Bruselas, cuando dijo que “todos los independentistas serán indultados porque no son terroristas”. El Gobierno insiste en que en el procés no hubo terrorismo, y en privado algunos de sus miembros ironizan con la “casualidad” de que la decisión llegue justo cuando se está ultimando la negociación de la ley, pero en público el mensaje sigue siendo el de respeto total a la justicia. El Ejecutivo es más cercano a la posición de la Fiscalía, que insiste en que no hubo terrorismo, sino desórdenes públicos agravados, en las manifestaciones en el aeropuerto de Barcelona de 2019.

Los partidos independentistas catalanes coincidieron en criticar el trasfondo de la decisión judicial y en acusar al Tribunal Supremo de saltarse la división de poderes. Desde las filas de Junts, su portavoz, Josep Rius, acusó a los magistrados de querer “interferir en la voluntad del legislativo” con la acusación de terrorismo, haciendo referencia indirecta a la negociación parlamentaria para aprobar la ley de amnistía. Por su parte, la republicana Marta Vilaret criticó al Supremo por querer convertirse en un “actor político”.

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Rius no se refirió específicamente al efecto que tiene la imputación de Puigdemont en las negociaciones entre Junts y el PSOE, pero en su intervención dejó claro que ve una voluntad de la judicatura de “bajar a la arena política” y se refugió en la discreción que ha marcado las negociaciones con los socialistas para no ahondar en la idea. Pero fuentes de la formación insistieron en que es tan “rocambolesca” la argumentación del Supremo que no afectará a las negociaciones del segundo intento por aprobar la amnistía.

“Todo el mundo sabe que no hubo terrorismo en Cataluña durante el procés, que Tsunami Democràtic proponía protestas no violentas y que los indicios de autoría de los acusados son muy débiles”, agregó Vilaret, vicesecretaria de ERC. No se puede llamar terrorismo al libre ejercicio del derecho a la manifestación”, sostuvo, por su parte, Rius.

Dentro de las filas de los republicanos dejaron entrever que si Junts no hubiera votado en contra de la tramitación en el Congreso, ahora sería posible ahorrarse cualquier turbulencia adicional en la negociación. Sin embargo, ERC y Junts aparcaron por un día sus diferencias y su diario intercambio de reproches para enviarse mensajes de apoyo mutuo y pusieron el dedo acusador en el Poder Judicial, al que ven entregado a la agenda de “la derecha y la ultraderecha”, como dijo en un mensaje en X (antes Twitter) el president, Pere Aragonès, que insistió en que el Supremo ha tomado “una decisión política, no jurídica”.

De momento, en Junts se vuelve a reforzar la idea de que es mejor bunkerizarse para garantizar, como en otros momentos claves de la legislatura, que todo llegará a un buen puerto. Puigdemont volvió a recurrir a sus mensajes en X para sentar posición. Allí ironizó sobre la acusación y aprovechó también para desmentir una información de El Confidencial sobre el supuesto regalo de un reloj de 7.000 euros por parte de una empresa que organizó varios eventos a independentistas. “Creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad te arruine una buena imputación”, señaló el expresidente catalán.

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