El informe de los fiscales del Supremo sostiene que Tsunami era un grupo “terrorista” y Puigdemont su líder “absoluto”

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo considera que el expresidente catalán Carles Puigdemont, líder de Junts y prófugo en Bélgica desde 2017, asumió el “liderazgo absoluto” de Tsunami Democràtic, “un grupo organizado de carácter terrorista”. Y, por tanto, sostiene, “no cabe duda alguna” de que los hechos investigados en el caso Tsunami, que instruye la Audiencia Nacional, “encajan perfectamente” en el delito de terrorismo. Se trata de la principal conclusión del escrito redactado por el fiscal de Sala jefe Fidel Cadena, quien plasma el sentir mayoritario de los fiscales del tribunal. Cadena ha remitido el informe a la número dos de la Fiscalía, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, que será quien decida si el ministerio público pide o no a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que impute a Puigdemont por terrorismo.

El documento, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EL PAÍS, apunta a “la pluralidad de indicios” sobre Puigdemont, que “acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas” de Tsunami, un movimiento al que describen como “un grupo organizado de carácter terrorista”. Añaden los fiscales que el expresidente catalán pudo retirar su “apoyo carismático” al movimiento cuando se desataron los disturbios en Cataluña en otoño de 2019, pero, “lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”. Solo en los primeros cinco días de disturbios, esas protestas dejaron 182 heridos —entre ellos, dos policías nacionales heridos de gravedad— y 83 detenidos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, investiga desde hace cuatro años la existencia de posibles delitos de terrorismo en los disturbios de 2019. El pasado noviembre, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y Junts para amnistiar a todos los encausados del procés, García-Castellón dictó un auto en el que apuntaba por primera vez a la presunta implicación de Puigdemont —así como de la líder de ERC, Marta Rovira, y de 10 personas más— en ese caso. Como Puigdemont y otro de los señalados (el diputado del Parlament Rubén Wagensberg) están aforados en función de sus cargos públicos, ha de ser el Tribunal Supremo quien decida si los imputa o no. Para tomar esa decisión, ha pedido opinión a la Fiscalía. Su parecer, en todo caso, no es vinculante: será el Supremo el que, diga lo que diga el ministerio público, tendrá la última palabra.

La Junta de Fiscales del Supremo estudió esta cuestión el pasado 6 de febrero y, por 12 votos a 3, consideró que existen indicios de terrorismo en el caso Tsunami. Además, por 11 votos a 4, la Junta concluyó que Puigdemont y Wagensberg deben ser imputados. Aunque esa posición a favor de imputarlos fue muy mayoritaria —y compartida por fiscales del sector conservador y del progresista—, los dos jefes de Sala manifestaron posiciones contrarias: Fidel Cadena votó a favor de la imputación y Joaquín Sánchez-Covisa votó en contra. Por eso, la decisión final se ha dejado en manos de la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, quien emitirá en los próximos días el informe definitivo.

Para elaborar su dictamen, Sánchez Conde pidió al fiscal Cadena que le enviara un escrito con los argumentos jurídicos que inclinaron la balanza de la junta de fiscales a favor de imputar a Puigdemont por terrorismo. Cadena le ha remitido un texto de 14 folios en el que, asumiendo de extremo a extremo la exposición razonada enviada al Supremo por García-Castellón, los fiscales sostienen que los responsables de Tsunami Democràtic cometieron “una pluralidad de ilícitos penales”. Según expone Cadena, este movimiento fue “un grupo organizado de carácter terrorista” que actuó “animado por los fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos el cumplimiento de sus fines”.

Los fiscales ven indicios de “delitos de detención terrorista” en el bloqueo de la entrada y salida del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019, el día que el Supremo hizo pública la sentencia del procés. Según el escrito, este bloqueo quedó “acreditado” por la “imposibilidad de acceso” de una ambulancia que había sido requerida para auxiliar a un ciudadano francés que había sufrido un infarto y que, finalmente, falleció. Cadena subraya que los manifestantes actuaron “en perfecta coordinación” con la idea de “provocar la paralización del aeropuerto y la suspensión masiva de vuelos en una situación de absoluto caos y violencia”. Los miembros de Tsunami, aseguran los fiscales, llevaban “instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia a explosivos”, como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas o portaequipajes “que lanzaron contra los agentes”.

El texto apunta también a la existencia de indicios de delitos de lesiones de especial gravedad a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado causadas “mediante sustancias peligrosas y artefactos de pirotecnia”. Y delitos graves de carácter terrorista cometidos “para alterar la paz pública, sembrar el terror en una parte de la población y subvertir el orden constitucional”.

“Patrocinio intelectual y ético”

Esas acciones, señalan los fiscales, se cometieron “con el apoyo público y privado y el patrocinio intelectual y ético” de Puigdemont. El escrito sostiene, citando la exposición razonada del juez, que el expresidente catalán estuvo informado “desde el principio” de la constitución de Tsunami e “implicado directamente” en su lanzamiento. Existe, aseguran, “una pluralidad de indicios” que acredita el “liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas” por parte de Puigdemont. Él habría podido “evitar” sus actuaciones retirándoles el apoyo, pero lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”, recoge el texto.

Entre los indicios contra el expresidente catalán, los fiscales citan su presencia en las reuniones del 30 y 31 de agosto de 2019 en Ginebra en las que, supuestamente, se gestó Tsunami; que “promocionó” en Twitter a la plataforma; o una conversación con Josep Casamajó, imputado en la causa, donde se hace “alusión directa” a Tsunami como “herramienta para la consecución de la independencia”.

Puigdemont: “Dinamita para el Estado de Derecho”

La actual redacción de la proposición de ley de amnistía —que el PSOE y Junts siguen negociando— incluye los delitos de terrorismo, pero con una excepción: deja fuera de la amnistía aquellos actos de terrorismo en los que exista “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”. Por eso, lo que ocurra en el caso Tsunami es clave: si Puigdemont es imputado por terrorismo y los jueces concluyen que en ese caso sí hubo violaciones graves de derechos humanos, el expresident podría quedar excluido de la medida de gracia. La amnistía es la principal condición que puso Junts, el partido de Puigdemont, para dar su imprescindible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Tras conocer su contenido, Puigdemont ha calificado el informe de la Junta de Fiscales de “dinamita para el Estado de Derecho”. “No me cabe duda de que entre jueces, fiscales, policías y determinados políticos y medios abundan los artificieros del Estado de Derecho, que creen que cualquier medio es lícito para defender a España. Y tampoco cabe duda de que entre los que se supone que no son de esta trama corrupta se encuentre la voluntad y el coraje de perseguir estas conductas, que claramente son delictivas”, ha escrito en la red social X el líder de Junts, huido de la justicia desde hace más de seis años. En su opinión, el informe de ese “fiscal español” —en alusión a Fidel Cadena, aunque el informe representa a la mayoría de la Junta de Fiscales— solo tiene dos posibles explicaciones: que “dé credibilidad a una información delirante y manipulada de los servicios policiales” o que, “sabiendo que es una información delirante y manipulada, la use para un propósito claramente político”.

Fuentes cercanas a Puigdemont señalan que, en ese tuit, el expresident está enviando un mensaje al PSOE, reclamándole que tenga “la voluntad y el coraje” de perseguir —sin concretar cómo— esas “conductas delictivas” de los jueces y fiscales a los que él engloba en una “trama corrupta”, informa Marc Rovira.