Cae una red de refugiados ucranios que se valió de su estatus para blanquear ingentes cantidades de dinero

La Guardia Civil ha detenido a 23 personas e investiga a otras 17, la mayor parte de ellos ucranios refugiados en España, por su presunta implicación en una trama dedicada al blanqueo de ingentes cantidades de dinero para otras organizaciones criminales. Los arrestados ―20 de ellos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia― se aprovechaban, precisamente, del estatus de protección temporal que la UE ha concedido a cientos de miles de ciudadanos que huyeron de Ucrania tras la invasión rusa de febrero de 2022, para operar, ya que esta medida humanitaria, entre otras cuestiones, reduce los requisitos que se les exigen para transportar fondos en efectivo en sus desplazamientos por Europa, según ha detallado este lunes la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

Gracias a esta flexibilización, los miembros de la red se movían por Europa proporcionando “servicios de mensajería de dinero efectivo y de banca clandestina” a otras organizaciones criminales a las que cobraba una comisión entre un 2% y un 3% del dinero llevado de manera física allí donde lo necesitasen, pero también con el sistema conocido como “de compensación” (intercambio de grandes cantidades de dinero entre un país y otro sin necesidad de que este viaje físicamente) y el uso de criptomonedas. La mayor parte de estos grupos de delincuentes para los que trabajaba la red desmantelada eran de origen chino dedicados al contrabando de mercancías y productos falsificados para su venta en bazares de Madrid (concretamente, en el Polígono Industrial de Cobo Calleja, de Fuenlabrada), Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia), a los que facilitaban la evasión de las ganancias no declaradas al fisco. No obstante, los investigadores también han detectado trabajos de la red desmantelada para bandas rusas y ucranianas o dedicadas al narcotráfico. Los detenidos están acusados de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial.

En la bautizada como Operación Ifade-Yuzuk, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido 8,2 millones de euros en efectivo y ha bloqueado 26,4 millones de USDT (una criptomoneda que cotiza en paridad con el dólar) y dos millones de euros más depositados en cuentas bancarias. Además, se han incautado de 36 vehículos (algunos de alta gama), inmuebles, relojes de lujo, joyas y aparatos electrónicos en los 91 registros de domicilios y sedes empresariales realizados (77 en España, 13 en Chipre y uno en Francia). El grupo llegó a realizar entre cuatro y seis operaciones de lavado a la semana con un flujo hasta tres millones de euros, ha detallado en otra nota la Guardia Civil. Las estimaciones de los investigadores cifran en más de 75 millones de euros el dinero que la trama movió en un año, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, aunque no descartan que esta cifra llegue a los 100 millones una vez se analice la documentación intervenida.

La red ahora desmantelada ―”perfectamente estructurada y jerarquizada”, según la describe la Guardia Civil― se componía de, al menos, 52 miembros. Los cabecillas eran dos hermanos ucranios asentados en Chipre como empresarios y, aunque la mayor parte de sus integrantes son de esta nacionalidad, también hay armenios, azerbaiyanos y kazajos. La organización tenía tres niveles, según detallan fuentes cercanas a la investigación. Por un lado, la “dirección”, con el máximo poder de decisión y que recaía en los dos hermanos. Por debajo de ellos había un escalón de “coordinación”, miembros de máxima confianza de los cabecillas que estaban asentados en varios países y que se encargaban de coordinar y dar apoyo logístico a los integrantes del último escalón, las llamadas mulas (término utilizado en la jerga policial para denominar a personas que realizan el transporte físico de droga o dinero a cambio de un pago).

La investigación se inició a mediados de 2023, después de que los guardias civiles destinados en el control de aduanas del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, detectaron un sospechoso incremento del número de ciudadanos ucranios que salían de España en vuelos comerciales, buena parte de ellos con rumbo a Chipre, con importantes cantidades de dinero en sus equipajes. Algunos declaraban esos fondos con la coartada de que eran los ahorros que habían sacado de su país cuando estalló la guerra y esgrimían el estatus que les había dado la UE que les permitía moverlos. Otros, sin embargo, intentaban que los fondos con los que viajaban pasaran los controles de manera clandestina. Se trataba en realidad de mulas utilizadas por la organización, algunas de las cuales eran familiares de los cabecillas de la misma. En una ocasión, los agentes interceptaron a una persona que intentaba viajar al país mediterráneo con 1,8 millones de euros en su equipaje.

Cuando comenzaron a tener problemas en los aeropuertos, la trama optó por los transportes por carretera desde España a Francia y Portugal. En ambos casos, Europol destaca que “aprovechando las excepciones establecidas para facilitar la transferencia de dinero entre jurisdicciones, la red criminal movió enormes cantidades de efectivo sin ser interrogada en detalle ni examinada durante los controles aduaneros”. El sistema de traslado físico del dinero “sucio”, como lo califica la Guardia Civil, iba acompañado de operaciones con criptomonedas, transferencias mucho más difícil de detectar.

El elevado número de implicados en la trama obligó a la Guardia Civil a dividir la operación de desmantelamiento en dos fases. La primera se inició el 28 de octubre pasado y estuvo centrada en la desarticulación de la organización criminal, con actuaciones en España, Chipre y Francia. La segunda fase, iniciada tres semanas después, el 19 de noviembre, puso el foco en los integrantes de los grupos asentados en España que contrataban a los blanqueadores. La investigación se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.

En el operativo, liderada por la UCO, han participado unidades del Servicio de Información de la Guardia Civil, además de expertos de Europol en delitos financieros, miembros de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), así como empresas privadas que operan en el mercado de criptodivisa y unidades policiales de Chipre, Alemania y Francia.