La Comisión de Venecia asegura que tendrá un dictamen sobre la amnistía a mediados de marzo

Durante algo más de dos horas, una delegación de la Comisión de Venecia ―un organismo consultivo dependiente del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional― ha estado reunida este jueves con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso que tramita la ley de amnistía. El objetivo de los siete expertos europeos que han viajado a Madrid es recabar información para elaborar un dictamen de asesoramiento jurídico sobre la norma tras la petición que les ha formulado el Senado, controlado por el PP. Según han trasmitido los miembros de la delegación a los grupos parlamentarios en el encuentro, están en condiciones de tener un dictamen listo para el 15 o el 16 de marzo, e incluso podrían acelerarlo si se lo piden, como hará el PP. Ese plazo implicaría que elaboren el informe antes de que esté aprobada la ley, ya que se espera que la tramitación finalice en mayo. Los juristas se han interesado sobre todo por cuestiones técnicas del procedimiento de ley de la amnistía, según fuentes presentes en el encuentro.

En su intervención inicial en inglés, los expertos de la Comisión de Venecia han pedido a los grupos parlamentarios que les informaran de todos los aspectos técnicos relacionados con la tramitación de la ley de amnistía. Entre ellos, se han interesado especialmente por conocer por qué se trata de una proposición de ley del PSOE ―reservada a los grupos parlamentarios― y no un proyecto de ley ―reservado al Gobierno―, por el plazo de enmiendas y las enmiendas a la totalidad. También han preguntado, según fuentes presentes, por las comisiones de investigación que se registraron en paralelo a la norma, sobre la Operación Cataluña, los atentados de Barcelona y el caso Pegasus; así como por qué la amnistía no aparece textualmente recogida en la Constitución española.

Injerencia rusa y terrorismo

En cambio, no han preguntado por la polémica sobre si los delitos de terrorismo pueden ser o no amnistiados, ni tampoco por las supuestas injerencias rusas en el procés. Los portavoces de los grupos les han contestado en castellano y por un tiempo de 10 minutos cada uno, con visiones diametralmente opuestas, pero el debate ha sido “bastante civilizado”, según ha contado una de ellas a la salida. Los expertos no han hecho por su parte valoraciones.

El portavoz socialista, Paco Aranda, ha insistido ante la delegación en que la amnistía es “impecable” desde el punto de vista constitucional y en que “no hay ninguna merma de derechos en la tramitación parlamentaria”. El diputado del PSOE cree que los expertos se han llevado “una buena sensación” de la norma y se ha felicitado de que se hayan centrado sobre todo en aspectos técnicos, lo que considera que significa que no van a juzgar la idoneidad de la ley, sino que solo valorarán si el procedimiento legislativo es el correcto.

En cambio, la portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que la Comisión de Venecia sí entrará a discernir si la ley de amnistía vulnera o no el derecho europeo. Álvarez de Toledo ha asegurado ante los expertos “que la ley de amnistía es una transacción corrupta incompatible con la Constitución, con el derecho europeo y con el sentido ético más elemental”, según ha explicado ella misma a la salida del encuentro, y ha relatado a los juristas europeos “la campaña de ataques del Gobierno contra jueces”, que el Ejecutivo está barajando reformar el Código Penal “para modificar el delito de terrorismo”, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal “para limitar la instrucción de un juez concreto, el juez García Castellón”. “Sánchez está cada vez más cercado. Quiso levantar un muro contra la derecha, y se ha topado contra el muro del Estado de derecho”, ha incidido la diputada del PP. El representante de Vox, Javier Ortega Smith, se ha expresado en términos similares remarcando que la amnistía “es un proceso indigno de corrupción política”.

Los portavoces de los grupos independentistas ERC y Junts han sacado por su parte a colación que el Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años sin renovarse y que un dirigente del PP (el entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó) se jactó en un mensaje de haber logrado el control “por la puerta de atrás” de la Sala del Tribunal Supremo que juzga a los aforados. “Les hemos pedido es que nos den el tiempo suficiente para que llegue toda la documentación más técnica y más jurídica que avale que esta amnistía es constitucional, que esta amnistía tiene garantía dentro del marco europeo y que lo que nosotros queremos es que acabe siendo una amnistía integral”, ha explicado a la salida el portavoz de Junts, Josep Maria Cervera.

Los miembros de la Comisión de Venecia se han ofrecido a recibir toda la documentación de los grupos que estos quieran enviarles. “Se van a hundir en papeles”, ha confesado en privado una diputada. Los siete expertos europeos del organismo del Consejo de Europa han tenido una agenda repleta de encuentros este jueves y viernes en Madrid. A primera hora de este jueves se vieron con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y tenían cita con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Cita con el Poder Judicial

La preocupación principal que pudieron constatar los miembros de la Comisión de Venecia en sus contactos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con las asociaciones judiciales se refiere a las acusaciones de lawfare —utilización de la justicia con fines políticos—, o de prevaricación, y a las comisiones de investigación parlamentaria acordadas sobre esta materia. Con diversos matices, tanto el propio presidente provisional del Poder Judicial, Vicente Guilarte, como los representantes de las asociaciones, pusieron el acento en esta cuestión en sus reuniones sucesivas con la delegación de la Comisión de Venecia, celebradas en la propia sede del Consejo.

A los miembros de la delegación de Comisión de Venecia se les entregó un dossier con todas las declaraciones que ha aprobado el pleno del Poder Judicial en relación con la ley de amnistía y las preocupaciones que ha suscitado. El propio presidente del Consejo informó a los visitantes de que la principal inquietud para los jueces nacía de las comisiones de investigación, por lo que puede representar de riesgo para los equilibrios básicos del Estado de derecho. El argumento básico para esta inquietud es la convicción de que el sistema judicial tiene sus propios mecanismos de control, mediante los recursos frente a las resoluciones judiciales, no la revisión parlamentaria de la labor de la judicatura y la posible exigencia de responsabilidades desde el ámbito político.

Guilarte se entrevistó primero a solas con los miembros de la Comisión de Venecia, y luego acompañado por los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas, del sector conservador y del grupo progresista del Consejo, respectivamente. El primero —indicaron fuentes del Consejo— habría puesto el acento en la consideración crítica del Poder Judicial hacia la propuesta de amnistía, por su afectación al derecho a la igualdad de los ciudadanos y el Estado de derecho, entre otras consideraciones, y la segunda habría destacado que el órgano de gobierno de los jueces no ha emitido aún dictamen alguno sobre la proposición de ley, cuando todavía no hay un texto definitivo.

En el encuentro con las asociaciones judiciales también sus respectivos portavoces expresaron preocupación por las comisiones de investigación. Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), sin embargo, subrayó que los jueces que fueran citados no tendrían por qué contestar. También subrayó que la ley aún no ha sido aprobada, con lo que su asociación prefería expresar criterios definitivos cuando lo esté. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también expuso una postura “prudente” mientras no exista un texto definitivo. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recordó sus pronunciamientos sobre la materia por los delitos que pudiera incluir, como los de terrorismo o malversación. En línea con la APM, Foro Judicial Independiente (FJI) expresó también su inquietud por la quiebra del derecho a la igualdad y del Estado de derecho que puede suponer la ley de amnistía. JJpD, a su vez, también subrayó la falta de representatividad que a su juicio tiene el propio Consejo del Poder Judicial con un mandato caducado hace más de cinco años.

Este viernes, la delegación de la Comisión de Venecia mantendrá una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y con expertos juristas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Los populares han propiciado este informe porque creen que la Comisión de Venecia dará un varapalo al proyecto de ley, aunque la delegación del organismo europeo recibirá una visión plural de la norma.