El Parlamento Europeo pide investigar los vínculos del independentismo catalán con Rusia y la injerencia en el ‘procés’

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a “las autoridades judiciales competentes” una investigación sobre los presuntos vínculos del independentismo catalán y el Gobierno de la Generalitat —entonces liderado por Carles Puigdemont— con el Kremlin en el marco del procés de 2017, e insta a comprobar si se produjo una injerencia rusa en esa operación de desafío secesionista al Estado español. La resolución —aprobada por amplísima mayoría, incluidos populares y socialistas— expresa la “profunda preocupación” de la institución de la UE por los contactos de los independentistas catalanes y el Gobierno ruso, así como por los “esfuerzos de Rusia por socavar la democracia europea”. Y lamenta “los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia”.

La Eurocámara reclama que esa supuesta intervención rusa para intentar desestabilizar determinadas regiones de la UE sea investigada “de forma efectiva”. Y también pide una investigación interna, en el propio Parlamento Europeo, a Puigdemont —huido de España desde 2017 y eurodiputado desde 2019— para saber si ha vulnerado el código de conducta de los eurodiputados. La resolución, mucho más amplia y que aborda otros supuestos escenarios de injerencia rusa en Europa (Eslovaquia, Alemania, Francia...), surgió por las informaciones sobre una eurodiputada letona, sospechosa de estar a sueldo de Moscú. Menciona también otros casos, como las presuntas relaciones de la extrema derecha con el Kremlin y la financiación de partidos, y probadas campañas de desinformación; además, reclama “abordar estos intentos de injerencia rusa como una cuestión de extrema gravedad”.

La resolución, que no es vinculante, ha sido aprobada con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. El Partido Popular y Ciudadanos, además, han introducido enmiendas que mencionan específicamente que el Kremlin, según informaciones periodísticas, estuvo en contacto con el entorno de Puigdemont y con el expresident; también que estas personas “están demandando una amnistía por sus presuntos delitos”. Puntos que han salido adelante pese a los votos en contra de los eurodiputados socialdemócratas. Los eurodiputados independentistas Toni Comín, Clara Ponsatí y Jordi Solé han votado en contra. Puigdemont —que en 2021 respaldo un informe que pedía que se le sometiera a una investigación— no estaba y no ha votado.

Puigdemont ha contestado a la resolución con una carta a los eurodiputados en la que carga contra la justicia española y asegura ser víctima de una persecución que busca, además, descarrilar sus acuerdos con el Gobierno para la amnistía, y que compara con la “teoría de la conspiración en los atentados del 11-M de Madrid”. Acusa, además, a la derecha de “arrastrar” el asunto al Parlamento Europeo. “En semanas, he acumulado dos de los delitos más severamente castigados del código penal español —terrorismo y otra traición— que en más de seis años nadie había advertido”, dice el expresidente catalán en la misiva. “Seis años en los que no han parado de vigilarme, de espiarme y de perseguirme, y sólo se dan cuenta de que soy un terrorista y traidor en la patria precisamente hace unas semanas, coincidiendo con uno de los acuerdos políticos más relevantes que se han producido desde la muerte de Franco”. Y remata: “Hay otra cosa de la que estoy completamente convencido. Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la trama rusa, todo se sabrá”.

Ahora serán la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y su comité asesor quienes decidan si se abre esa investigación interna a Puigdemont —que en el caso de la eurodiputada letona, Tatiana Zdanoka, ya está en marcha— por el llamado código de conducta. Si se determina que el eurodiputado catalán ha vulnerado el código, eso puede derivar en la prohibición de realizar actividades parlamentarias y representar a la institución durante un tiempo o la pérdida del derecho a dietas (más de 300 euros diarios) por un máximo de 30 días.

Desinformación “a gran escala” en Cataluña

El Parlamento Europeo habla de “profunda preocupación” por las “supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso” y también por las “campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña”, así como por el “número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista”. De confirmarse, dice la resolución, “la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE”.

Ya en 2022, pocos días después de que Rusia lanzase la invasión de Ucrania, derrumbando por el camino toda la arquitectura de seguridad europea y también los vínculos con Occidente, la Eurocámara dio luz verde a un informe que pedía investigar a fondo los lazos entre Moscú y el independentismo catalán. Un texto que ya incluía esa referencia a los “contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España” y a que estos han formado parte de la estrategia de Rusia para “desestabilizar” la democracia en la UE.

En ese momento, además de las investigaciones judiciales (la mayoría de las cuales se terminaron archivando), hubo diversos artículos de investigación —algunos de EL PAÍS; otro, citado en ese informe, de The New York Times— sobre los intentos del Kremlin de desestabilizar aprovechando el procés, igual que lo hizo antes durante el referéndum para el Brexit en Reino Unido. Ahora, el toque de atención de la Eurocámara se produce a pocos meses de las elecciones al Parlamento Europeo (previstas para junio) en las que numerosas voces temen que el Kremlin trate de interferir, sobre todo siguiendo su libro de jugadas con campañas de desinformación.

Los eurodiputados del PSOE han apoyado la resolución siguiendo la posición de su grupo, los Socialistas y Demócratas (S&D), según fuentes socialistas. Estas remarcan que el texto general solo hace una alusión, con el mismo lenguaje usado en informes anteriores, a las supuestas injerencias del Kremlin aprovechando el procés, y que todo el grupo socialista europeo ha votado en contra de las enmiendas —que sí mencionaban expresamente los supuestos contactos entre agentes del Kremlin y Puigdemont— al considerar que eran “un intento de la derecha de instrumentalizar un tema tan serio”.

Un delito que queda fuera de la amnistía

La resolución de la Eurocámara llega cuando un juez de Barcelona ha decidido prorrogar otros seis meses la instrucción del caso Voloh sobre la supuesta trama rusa del procés, una de las investigaciones judiciales que están poniendo en jaque la ley de amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas. Esa proposición de ley, aun en tramitación, deja fuera los “delitos de traición” y contra la paz del Estado o los delitos que afecten “a los intereses financieros de la Unión Europea”.

El juez Joaquín Aguirre investiga al exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; al jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; y al informático Jaume Cabaní por sus supuestas reuniones y contactos con el Kremlin, y ve indicios de que esos contactos supusieron maniobras para alterar la unidad territorial de España y para buscar alianzas con Rusia.

El pasado martes, el vicepresidente de la Comisión Europea para la protección del estilo de vida europeo, Margaritis Schinás, advirtió sobre los intentos de Rusia de influir en la UE y debilitar la democracia, y ya reclamó a la Eurocámara que investigue si tiene agentes de influencia rusos infiltrados. Schinás remarcó que Rusia amplificó los mensajes a favor del Brexit e influyó en esa campaña de salida del Reino Unido de la UE, y también mencionó los “contactos regulares y visitas organizadas” de independentistas catalanes con funcionarios rusos durante el procés catalán. “Lo que hay que ver es quién hizo qué y en qué condiciones jugando el juego de Rusia”, lanzó Schinás, en una de las escasas ocasiones en las que Bruselas ha mencionado el caso.