El Gobierno catalán reclama gestionar el principal afluente del Ebro en plena crisis de la sequía

La Generalitat pedirá formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España “la gestión” del río Segre, una reivindicación histórica de distintos gobiernos que tuvo su apogeo en la gran sequía de 2008, cuando el entonces Govern tripartito (PSC, ERC e Iniciativa) pidió una interconexión para desviar agua Barcelona, entonces también con graves problemas de abastecimiento. “Queremos gestionar el agua del Segre”, dijo el consejero de Acción Climática, David Mascort, durante su comparecencia de este martes en el Parlament para explicar la situación de la peor sequía que vive la comunidad desde que hay registros. Fuentes del Ministerio, competente en la gestión de ese sistema hidrológico, confirman la petición verbal por parte de la Generalitat el pasado lunes en la reunión con la ministra Teresa Ribera, pero no concretan detalles. “La carta todavía no ha llegado”, añaden estas fuentes sobre la petición “formal” que ya esperan por parte de la Generalitat. El Segre es el afluente del río Ebro (con el que converge durante su tramo final, en Aragón), que más volumen aporta: hasta 1.900 metros cúbicos de agua por segundo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Se trata de una reivindicación histórica de la comunidad que parte de una complejidad de partida: el río nace en la vertiente norte del pico del Segre, en el municipio francés de Llo y desemboca en el río Ebro, en su tramo final en Mequinenza (Aragón), que se encuentra al 80% de su capacidad. El río, sin embargo, transcurre en su inmensa mayoría por territorio catalán, en Lleida, y antes también, uno de sus afluentes, el Valira, transcurre por Andorra. Se trata, además, de una gran arteria hídrica que alimenta el regadío de miles de hectáreas agrícolas del canal Urgell (Lleida). “Delegar las competencias de un río cuando nace una comunidad y muere en otra es muy complicado. Ahora se lo haremos llegar formalmente (al Gobierno), porque técnicamente no lo ven”, reconoció Mascort el martes en sede parlamentaria.

Ante esa petición verbal el pasado lunes del traspaso de la gestión hídrica, la directora general del Agua del Gobierno central, María Dolores Pascual, que acompañó a la ministra Ribera en la reunión con Mascort, transmitió al Govern que la Agencia Catalana del Agua (ACA) “ya participa en la gestión del Segre”, dicen fuentes conocedoras de la reunión. Fuentes de la ACA, máximo órgano gestor en gestión hídrica del Govern, explican que las competencias “compartidas” con la CHE se basan “en cuestiones de inspección, básicamente”. El propio Mascort lo reconocía así en la comisión de este martes: “La CHE lo llama policía de las aguas. Es la competencia que tiene la ACA para vigilar y supervisar los embalses”, afirmó.

El cambio de titularidad de una cuenca, aunque de mayores dimensiones, ya se intentó en 2009 con la cesión a Andalucía de la gestión del Guadalquivir. Esta jurisdicción se incluyó en el nuevo Estatuto de la comunidad andaluza, pero fue revocada por el Tribunal Constitucional a instancias de la Junta de Extremadura.

Este sistema hidrológico de la cuenca el Ebro, que gestiona la CHE y que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, alimenta los principales embalses de la zona, como Rialb, que está al 29% de capacidad, con 116 hectómetros cúbicos (hm³). En las mismas fechas del año pasado, estaba al 10% (44 hm³). La media de los últimos cinco años en el mismo periodo es de 230 hm³, el 39% de su capacidad. El agua que pasa del río Segre al Canal de Urgell también sirve como suministrador de agua de boca de algunos municipios distribuidos alrededor de la infraestructura hidráulica.

Que esté bajo las competencias del Gobierno central supone que sea la CHE la encargada de realizar inversiones, como por ejemplo en los sistemas de riego, y la responsable en la aplicación de la normativa hidráulica para restringir el consumo en la zona. La cuenca, de hecho, también está sufriendo la sequía, aunque de forma más suave que el sistema Ter-Llobregat, que dependen del Govern de Pere Aragonès. La CHE mantiene la declaración de emergencia, basándose en su normativa, en la zona.

Mascort no aclaró el martes qué es lo que se pedirá al Ministerio. Aunque el punto de partida parece que será elevado. “La idea es gestionar el agua, básicamente. Pero bueno, veremos si podemos gestionarla o participar…”, dijo. “La visión del Estado ya sabemos cuál es (...). Ahora como mínimo se lo haremos llegar, formalmente, después de haberlo hablado unas cuantas veces (con el Ministerio)”. Esa misma mañana la ministra Ribera fue preguntada en RNE sobre si descartaban por completo un trasvase del Ebro. La ministra respondió: “Esto no lo ha planteado nadie. En términos formales no ha llegado nunca esa petición a la CHE”, dijo Ribera, que añadió: “Pensemos que puntualmente tendremos que hacer lo que corresponda. Pero, como ya digo, no lo ha planteado nadie”. Aunque dejó claro que no es “una de las opciones que estemos barajando”.

La predecesora de David Mascort en la consejería, Teresa Jordà (ahora diputada en el Congreso), afirmó en una entrevista del periódico Segre publicada el 15 de mayo de 2023: “No queremos que el Canal de Urgell se convierta en otra Renfe. Ellos gestionan pero los perjudicados somos nosotros, los ciudadanos y la payesía. Queremos todas las responsabilidades”. Tres meses antes, la entonces consejera criticó la gestión de la CHE el mismo día en que Cataluña entró en la fase de excepcionalidad por la sequía (la anterior a la emergencia actual) por la gestión del Ministerio, a su juicio, en ese territorio. “Su respuesta [ante la situación de sequía] ha sido tan frívola como `Dios proveerá'. Que nos expliquen qué medidas van a adoptar”, dijo Jordà, quien consideraba que la CHE no estaba tomando las medidas adecuadas. Jordà pidió una reunión con el órgano para abordar “la situación de los regantes catalanes en la cuenca del Ebro”.

La cita se produjo un mes después. En ella participaron el secretario de Agenda Rural, Oriol Anson, y la entonces presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual. Sobre la mesa también estaban las obras pendientes en el Canal de Urgell, con fondos de Next Generation, y con el que se pretende modernizar el sistema de regadío para ahorrar agua. La Generalitat transmitió que ese “agua sobrante”, que se ahorra tras la ejecución de las obras, acabe siendo gestionada por la propia comunidad. Tras la reunión, el 21 de marzo de 2023, fuentes de la Generalitat explicaron entonces a este diario que la CHE “estaba de acuerdo” en que el ahorro de agua que se generara a consecuencia de estas inversiones, se quedara en Cataluña y fuera el Govern quien gestionara esos recursos adicionales dentro de la comunidad.

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