El Poder Judicial pide una nueva prórroga del plazo para informar al Senado sobre la ley de amnistía

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido una nueva prórroga de dos semanas para elaborar su informe sobre la ley de amnistía al procés, que le solicitó el Senado, con mayoría absoluta del PP, el pasado 5 de diciembre. El motivo de este aplazamiento reside en el frenazo que la proposición de ley orgánica ha sufrido en el Congreso, después del voto negativo de Junts, el 30 de enero. En realidad, el Poder Judicial ya hace semanas que tiene paralizada la redacción de su informe. Antes del mencionado voto en contra de Junts, que devolvió la norma a la Comisión de Justicia del Congreso en medio de la incertidumbre sobre su futuro, el informe quedó en suspenso por la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP para retener durante dos meses la proposición de ley a su paso por la Cámara alta.

Los dos ponentes del CGPJ designados para confeccionar el dictamen solicitado por el Senado son el vocal conservador Wenceslao Olea y la progresista Mar Cabrejas. Ambos celebraron antes de fin de año una reunión con letrados del Consejo para fijar un método de trabajo. Pero a la vuelta del paréntesis navideño ya estuvo claro que la tramitación de la proposición de ley de amnistía presentada por el Grupo Socialista en el Congreso iba a llevar su tiempo. En primer lugar, porque era evidente que el PP quería ralentizar al máximo su tramitación parlamentaria, ya que incluso se pidió un informe a los letrados del Senado sobre las consecuencias de su eventual paralización.

La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue la rotunda negativa de Junts a aceptar la actual redacción de la ley, y la apertura de un nuevo plazo para la negociación política, en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso y en otras conversaciones paralelas entre el Gobierno y los independentistas. ERC ya está de acuerdo con el texto propuesto, pero obviamente sigue interesada en las negociaciones, con el compromiso del Gobierno de que ningún acuerdo se cerrará con el partido de Puigdemont sin que la organización de Junqueras tenga cumplida información.

En sus conversaciones con otros miembros del Consejo, Olea y Cabrejas han convenido en la necesidad de no anticipar sus trabajos ante la posibilidad de que la ley de amnistía sufra aún cambios de calado durante su tramitación parlamentaria, o incluso que no llegue a aprobarse. En la sede del Poder Judicial se sigue creyendo que lo más probable es que la ley llegue a obtener el suficiente respaldo parlamentario y se publique en el BOE para entrar en vigor en mayo o junio próximos. Pero, incluso en este supuesto, los ponentes creen que lo más prudente es no anticiparse en juicios sobre la constitucionalidad de preceptos que pueden sufrir variaciones. Dicho de otro modo, las observaciones sobre la posible inconstitucionalidad de aspectos concretos de la ley pueden servir incluso para que ese riesgo se conjure al paso del texto por el Congreso y el Senado, y al Consejo no le compete la labor de prevención de errores y asesoría jurídica de los grupos parlamentarios. Un vocal del Poder Judicial lo explicaba así: “nosotros preferimos opinar sobre el cuadro cuando esté colgado en la pared, no sobre los bocetos”.