El Gobierno se indigna con Junts: “No está en riesgo la legislatura, si acaso la amnistía”

El Gobierno ha empezado ya a intentar convertir la primera gran derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, de la que esta vez no le salvó nada en el último minuto, en un bumerán que se vuelva contra el principal responsable de ese golpe duro a la línea de flotación del Ejecutivo: Carles Puigdemont, líder de Junts. El Ejecutivo trasladaba ayer, en público y en privado, con gestos muy evidentes del propio presidente, un enorme enfado con sus socios independentistas, los únicos aliados que echaron para atrás una ley que asumieron todos, no solo ERC, también PNV, Bildu, BNG y por supuesto Sumar, y un mensaje claro: el Gobierno, esta vez, aguantó el pulso y mantuvo sus líneas rojas.

Félix Bolaños, principal negociador de la ley de amnistía, llegó a decir que Junts había “votado con el PP y Vox, que quieren encarcelarlos”. “Es incomprensible que Junts haya votado contra una ley que ellos han pactado”, remató el ministro de Presidencia, que aún así insistió en que seguirán trabajando para convencer a Junts para que la amnistía no decaiga.

La sensación que se vivía en los pasillos del Congreso entre diversos diputados de la mayoría era que los jueces, en especial Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, habían ganado de momento la partida, en lo que el Gobierno y sus socios ven como un intento por dinamitar la ley. Pero también que la jugada no ha acabado, aún quedan muchas vueltas y la amnistía no está ni mucho menos muerta. De momento, regresa a la Comisión de Justicia del Congreso, donde se debatirá de nuevo entre los grupos parlamentarios durante 15 días en plena campaña de las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.

La estrategia del Gobierno es clara, y para ello tiene el apoyo de ERC y de los comunes: lanzar toda la presión sobre Junts para que “reconsidere” su decisión y sea más flexible en la segunda vuelta de esta partida al filo de la navaja: cuando la norma se vuelva a discutir en unas semanas en la Comisión de Justicia.

Pero sobre todo, el entorno del presidente tiene muy claro que pese a este importante revés, que pone en jaque la relación con Junts, la legislatura que acaba de empezar no está en riesgo. Sánchez está completamente decidido a seguir. “No está en riesgo la legislatura, lo que está en riesgo si acaso es la amnistía”, rematan fuentes del Gobierno, que en cualquier caso van a intentar buscar una salida y convencer a Junts de que revise su posición. Mientras, fuentes del grupo parlamentario de Puigdemont señalan que tendrá que ser el Gobierno quien ceda en el próximo intento, o la legislatura sí estará realmente en riesgo.

“La legislatura la decide Sánchez, no Junts. No conocen al presidente”, responden en La Moncloa. Allí han vivido estas últimas horas como un auténtico desafío al líder del PSOE, que tiene una evidente debilidad parlamentaria, pero posee muchas fortalezas: está en La Moncloa, controla la agenda, ha obtenido ya su investidura y, por tanto, es presidente hasta que él decida disolver las Cortes. Cuenta con unos Presupuestos prorrogados que puede estirar bastante más tiempo —ahora sin duda se retrasará la negociación de los nuevos— y tiene en sus manos el control de una amnistía que los independentistas necesitan y ya han prometido a todos los implicados.

Esa es la baza con la que esperan jugar el Gobierno y ERC para presionar a Junts. De hecho, la diputada de ERC Pilar Valluguera fue muy clara: “Esta amnistía no va de Puigdemont, ni de Marta Rovira [secretaria general de ERC], va de 1.550 personas que están pendientes de procesos. La decisión que favorece más a la gente es votar que sí”, espetó a Junts. Esto es, ERC tratará de acusar a Junts de tumbar una amnistía que beneficia a mucha gente solo porque cree que tal vez no salve a su líder. Ahora habrá que ver, explicaban varios diputados veteranos, qué reacción hay en Cataluña a esta decisión que deja en el aire el futuro judicial de los implicados en el procés.

Pulso entre Sánchez y Puigdemont

La negociación se convirtió en las últimas horas en un pulso entre Sánchez y Puigdemont. Y el presidente decidió plantarse esta vez y aguantar con sus líneas rojas, esto es, no incluir todo tipo de terrorismo en la amnistía, como pedía Junts. Los negociadores socialistas, que tenían esa clara instrucción de Sánchez de no ceder más después de la última enmienda transaccional que se pactó entre el PSOE, ERC y Junts, ya sabían desde la noche anterior que había un riesgo serio de que el grupo de Puigdemont apoyará el dictamen pero no la ley en su conjunto para así forzar que vuelva a la Comisión de Justicia y empezar de nuevo la partida, como finalmente sucedió.

La señal clara llegó en una videoconferencia la noche del lunes, en la que participó el propio Puigdemont con Jordi Turull, secretario de organización de Junts, mientras por el PSOE estaba Santos Cerdán, secretario de organización de los socialistas. Ahí se empezó a ver claro que no había margen para negociar: ni el PSOE iba a votar la enmienda 29 de Junts, la que elimina el terrorismo de las excepciones de la ley, ni los independentistas estaban dispuestos a apoyar la norma si no incluía esa modificación. Las conversaciones siguieron el martes, pero en realidad nunca llegó a haber negociación.

Era un golpe muy duro para un presidente que en cinco años no había perdido una sola votación importante, a veces por carambolas, como el error de un diputado del PP en la reforma laboral. Pero Sánchez y su equipo de fieles decidieron aguantar y asumir el coste de la derrota a cambio de mantener sus líneas rojas, demostrar a Junts que no todo es posible y sobre todo, según fuentes del Gobierno, garantizar que la ley es plenamente constitucional y no sufre el fiasco de que la tumbe el Tribunal Constitucional o la justicia europea. Algo mucho peor, en la visión del Gobierno, que el escenario que teme Junts, es decir, que jueces como García Castellón dificulten que se aplique la amnistía a Puigdemont.

Discusión jurídica

La discusión final fue sobre todo jurídica, pero con un claro trasfondo político. Tanto el PSOE como ERC, que asumía el último redactado de la ley, insistían a Junts en que es imposible ir siempre detrás de los jueces cambiando la norma porque siempre podrán encontrar algún hueco por el que colarse y mientras, el riesgo es que la norma se vuelva inconstitucional y el remedio sea peor que la enfermedad. Hay que confiar, le explicaban a Junts, en que lo que para el Ejecutivo son excesos injustificables de la instrucción de algunos jueces acaben quedando en nada en instancias superiores, como ha pasado en otras instrucciones de García Castellón, en especial los casos contra Podemos. Al final, creen tanto los socialistas como los republicanos, será imposible procesar a Puigdemont y Rovira por terrorismo. El argumento que manejan es que se trata de algo insostenible y que alguna instancia española o europea frenará, tal como lo ven ellos. Pero eso implica admitir que la amnistía para Puigdemont se puede retrasar, y Junts se negaba a aceptarlo. La quieren ya y garantizada, a cualquier coste jurídico. Por eso, la portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, dijo en la tribuna que ellos no han pactado “una amnistía selectiva y en diferido”.

Ahora quedan muchas incógnitas, sobre todo cómo se sale de esto y se evita que la legislatura se convierta en un infierno parlamentario o un bloqueo, aunque Bolaños insistió: “nos quedan tres años y medio por delante”. También queda pendiente dirimir qué efecto tiene esto sobre las inminentes elecciones gallegas, el primer hito político, el 18 de febrero. Los socialistas querían salir cuanto antes de la delicada agenda de la amnistía para hablar de economía, de pensiones, del récord de empleo, de turismo, que le favorece más. Con esta prórroga, la nueva discusión de posibles enmiendas puede meterse de lleno en la campaña gallega, donde el PP se juega mucho más que nadie ante la posibilidad de perder la mayoría absoluta.

El PSOE ya se prepara para sacar el máximo partido a su decisión de plantarse ante Junts, mientras el PP insiste en las “humillaciones” de Puigdemont a Sánchez, en palabras de Alberto Núñez Feijóo. El pragmático líder del PSOE y su equipo ya trabajan desde el minuto siguiente a la votación para tratar de sacarle todo el jugo a ese plante, el más claro hasta ahora frente a Puigdemont. Pero por mucho que intente convertirla en una victoria, Sánchez vivió este martes su primera gran derrota parlamentaria desde que es presidente. Y un líder que decidió adelantar las elecciones generales la misma noche en que sufrió una dura derrota en las autonómicas no es alguien que vaya a quedarse quieto después de un golpe así.