Las razones por las que el CNI convirtió en “objetivo informativo” a Pere Aragonès

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban no aportó novedades en la declaración que el pasado viernes prestó como imputada ante el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago Gracia, que investiga el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el programa israelí Pegasus.

Esteban, que declaró telemáticamente desde los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, se remitió en todo momento a los tres mandamientos judiciales desclasificados por el Consejo de Ministros que llegaron al juzgado el día anterior. Cada vez que se le pedían aclaraciones o ampliaciones sobre su contenido, según fuentes jurídicas, alegaba que todo lo que tiene relación con el CNI está clasificado como secreto y ella no puede revelarlo. Durante la declaración, que comenzó con retraso por problemas técnicos y se prolongó casi una hora, Esteban, asistida por el abogado del Estado, no se salió en ningún momento de su guion.

El problema es que los documentos remitidos por el Gobierno al juez tienen tachones y párrafos enteros tapados que dificultan su comprensión. Lo que ha trascendido de quienes los han visto es que el CNI pidió espiar a Aragonès por su condición de “coordinador en la clandestinidad de los CDR [Comités de Defensa de la República]”, la fuerza de choque de los independentistas durante el procés.

Sin embargo, fuentes conocedoras del caso aseguran que lo que el CNI planteó al magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Pablo Lucas, encargado de controlar las acciones del servicio secreto que afectan a derechos fundamentales (intervenciones telefónicas o registros domiciliarios), fue algo diferente.

El 24 de julio de 2019, poco más de dos semanas después de haber asumido con carácter interino la dirección del centro de inteligencia —el general Félix Sanz había cesado en el cargo por cumplir su mandato y el Gobierno no podía nombrar sustituto al estar en funciones— Paz Esteban pidió autorización al magistrado para intervenir el móvil de Aragonès. El juez Lucas examinó con detenimiento la preocupante petición, pues el afectado era entonces vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, pero la directora del servicio secreto le comunicó que no se trataba de espiar sus comunicaciones institucionales, sino las de un móvil distinto del oficial que en el pasado había sido utilizado por alguien que coordinaba las acciones de los CDR.

Tras comprobar que la solicitud se ajustaba a la Ley 11/2002 Reguladora del CNI, a la Ley Orgánica 2/2002 de Control Judicial Previo del CNI y a los objetivos marcados por la Directiva de Inteligencia, estampó su firma. Esteban no informó entonces al Gobierno de que el coordinador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y número dos del Govern de Quim Torra tenía el teléfono pinchado, según fuentes gubernamentales.

El mandamiento judicial tenía una vigencia de tres meses y se prorrogó el 21 de octubre de 2019, al final de la semana de violentos disturbios que sacudieron Cataluña cuando se hizo pública la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. La escucha se prorrogó de nuevo el 14 de enero 2020, aunque esta vez el plazo de tres meses no llegó a agotarse. Expertos en los servicios secretos aseguran que si el juez prolongó dos veces su autorización es porque se hallaron indicios que confirmaban las sospechas iniciales; aunque matizan que, si estos hubieran sido categóricos, debería haberse pedido un nuevo mandamiento judicial en vez de realizar prórrogas sucesivas. Lo cierto es que los informes elaborados a partir de las escuchas a Aragonès no se entregaban al juez sino que se elevaban al Gobierno, aunque en ellos no se indicaba cuál era la fuente de la información.

Fue precisamente en enero de 2020 —los días 4, 5 y 13—, cuando se produjeron las intrusiones con el software espía Pegasus que detectó Citizen Lab, el equipo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), lo que hizo que se relacionaran los pinchazos con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que se desarrollaban en esas fechas.

En enero de 2020 aún estaba vigente la Directiva Nacional de Inteligencia aprobada en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy. En este documento, clasificado como secreto, se fijaban los objetivos anuales del CNI y se desarrollaba el mandato de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España” que figuraba en la ley reguladora del centro, de 2002. Cuando, en noviembre de 2014, el entonces presidente catalán Artur Mas celebró su consulta independentista, la posibilidad de que se produjera un proceso de secesión desde las propias instituciones empezó a considerarse una amenaza real. La directiva no mencionaba expresamente a Cataluña ni tampoco al independentismo, pero daba la cobertura legal para que se convirtiera en “objetivo informativo” del CNI.

En 2015, el general Félix Sanz creó la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales (inspirada en la alemana Oficina Federal de Protección de la Constitución, que vigila el extremismo de derechas e izquierdas). Se había cumplido un lustro del último atentado de ETA y el CNI estaba reciclando a sus expertos antiterroristas. La nueva unidad empezó a husmear el rastro del procés, que hasta entonces estaba fuera de su radar.

El trabajo acabaría dando sus frutos: en 2017 el presidente Mariano Rajoy tuvo sobre su mesa los borradores de las leyes de desconexión, que pretendían servir de paraguas jurídico a la ruptura de Cataluña con el resto de España, mucho antes de que salieran a la luz pública. También hubo sonoros fiascos, como no olerse siquiera la llegada y distribución por toda Cataluña de 10.000 urnas de plástico compradas en China y traídas en barco hasta Marsella (Francia) que sirvieron para escenificar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La noche anterior el Gobierno se acostó pensando que no habría referéndum porque no había papeletas ni urnas.

Puigdemont y Villarejo

El CNI se desquitó en parte con la detención del fugado expresident Carles Puigdemont en el Estado alemán de Schleswig Holstein, el 26 de marzo de 2018, cuando regresaba de un viaje a Suecia a su exilio de Waterloo (Bélgica). Puigdemont rodeó en coche el golfo de Botnia, cerca del Círculo Polar Ártico, para evitar los controles policiales de puertos y aeropuertos, pues tenía una euroorden vigente contra él, pero fue inútil: el servicio secreto monitorizó su viaje a través del GPS del móvil de un acompañante. La detención no dio los frutos esperados, pues los abogados del expresident catalán lograron evitar su entrega a España, pero eso ya no era responsabilidad del CNI.

Al contrario que la policía patriótica del comisario jubilado José Villarejo, que fabricaba falsos informes policiales para desacreditar a los políticos independentistas, el CNI no se salió nunca del marco legal, según conocedores del centro. El general Sanz no se llegó a reunir con Villarejo, aunque el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le insistió en varias ocasiones para que lo hiciera. Y el policía atribuyó al CNI la autoría del escrito anónimo que puso a la Fiscalía tras la pista de sus negocios con Guinea Ecuatorial y dio origen a sus problemas con la Justicia.

En 2019, cuando el CNI intervino el móvil de Aragonès, la Directiva Nacional de Inteligencia seguía siendo la del Gobierno de Mariano Rajoy. La repetición de las elecciones generales obligó a prorrogarla aquel año y al siguiente la pandemia impuso otras prioridades y pospuso su modificación. Según las fuentes consultadas, el cambio no llegó hasta 2021, un año después de que se dejara de espiar a Aragonès. Aunque el CNI le dijo al juez que no designó al actual presidente catalán como “objetivo informativo” por su actividad política, sino porque su teléfono era el nexo de conexión entre los violentos CDR.