La salida del general Sanz deja al espionaje español en la interinidad

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio secreto español, quedará en situación de interinidad a partir de este viernes, cuando el Consejo de Ministros apruebe la salida del general Félix Sanz Roldán, que lo ha dirigido durante 10 años. Se trata de un cese obligado legalmente, por haberse cumplido el mandato de cinco años previsto por la Ley Reguladora del CNI. Al encontrarse el Gobierno en funciones, el presidente Pedro Sánchez no puede nombrar al sustituto de Sanz por lo que, interinamente, hasta que un nuevo Ejecutivo designe al sucesor, asumirá sus funciones la secretaria general del CNI, Paz Esteban López.

El general Félix Sanz se reunió el jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le agradeció los servicios prestados y le confirmó que el Consejo de Ministros aprobará este viernes mismo su cese. Durante los últimos días se había especulado con la posibilidad de que Sanz pudiera continuar en funciones hasta que fuera posible designar a un sucesor. Pero el propio director del CNI había advertido de que él no podría continuar en el cargo sin la adecuada cobertura legal. El responsable del servicio secreto tiene que firmar documentos comprometidos —pago de fondos reservados, envío de agentes al extranjero, solicitud de interceptación de comunicaciones— y sus facultades legales no pueden estar en entredicho.

Cuando cumplió sus primeros cinco años en el cargo, el 4 de julio de 2014, el Gobierno aprobó un decreto por el que le cesaba y a renglón seguido otro renombrándole. Ahora no puede designar a Sanz ni a ningún otro: la ley limita la gestión del Ejecutivo en funciones “al despacho ordinario de los asuntos públicos”, lo que no incluye nombrar secretarios de Estado, rango que corresponde al director del CNI. En aplicación de la Ley Reguladora del CNI, de mayo de 2002, la dirección del servicio secreto queda en manos de su número dos, la secretaria general Paz Esteban López, quien “sustituye al director en caso de ausencia, vacante o enfermedad”.

La actividad cotidiana del servicio secreto no se resentirá, según los expertos, ya que la secretaria general es la que se encarga del funcionamiento ordinario y de la gestión administrativa del centro. Lo que no puede hacer, según las mismas fuentes, es sustituir al director en sus relaciones de alto nivel. “La número dos no puede descolgar el teléfono y llamar a los directores de los servicios secretos extranjeros para pedirles un favor, ya que no tiene el nivel de confianza ni la agenda que se había hecho Sanz durante 10 años”, explican dichas fuentes. La cuestión es durante cuánto tiempo se prolongará esta situación de interinidad, ya que ni siquiera hay fecha para la formación del nuevo Gobierno que debe designar al director del CNI.

Aunque sea de manera interina, Paz Esteban López se convertirá este viernes en la primera mujer que dirige el servicio secreto español. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó en 1983, con 25 años, en el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antecesor del CNI. Ocupó diversos puestos en la división exterior hasta 2004, para incorporarse luego a la cúpula del centro en tareas de planeamiento. Desde 2010 fue jefa del gabinete técnico del hasta este viernes director general, Félix Sanz, hasta su nombramiento como secretaria general del centro, el 12 de junio de 2017, convirtiéndose en la quinta mujer en ocupar este cargo, con rango de subsecretario y reservado para personal del CNI. El servicio secreto español cuenta con unos 3.500 agentes, aunque en 2017 se aprobó ampliar la plantilla en 600 adicionales en un periodo de cinco años. Su presupuesto asciende a 282 millones de euros, de los que prácticamente 20 millones corresponden a gastos reservados.

En la década que lo ha dirigido Sanz, el CNI ha experimentado una profunda transformación, pasando “de la era analógica a la digital”, según sus palabras. El Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, se ha convertido en órgano de referencia en ciberseguridad. La limitación a cinco años se introdujo en la ley de 2002 para evitar mandatos excesivamente largos, como los 13 años de Manglano. Pero nadie pensó que su final pudiera coincidir con un Gobierno en funciones.