Jornada política del 23 de enero de 2024 | Feijóo arremete contra el Gobierno tras los cambios en la ley de amnistía: “Siempre logran caer más bajo”
El Gobierno y sus socios blindan a Puigdemont y los CDR en el texto de la medida de gracia | El PSOE y los independentistas pactan excluir de la futura norma solo cuando haya “graves violaciones de derechos humanos”
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El Gobierno de coalición, Podemos y los partidos independentistas (Junts, ERC, Bildu y PNV) han acordado este martes excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. Este cambio pretende blindar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic —entre ellos el expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira (también huida)— investigados en la Audiencia Nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el Gobierno tras un cambio que, en su opinión, evidencia que “siempre logran caer más bajo”. Tras asegurar que al terrorismo “solo se le condena”, ha llamado a la participación en la protesta del PP de este domingo en Madrid. El presidente la Generalitat, Pere Aragonés, ha celebrado que la ley “queda más blindada, fortalecida y con más rigor jurídico”. La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado por 20 votos a favor y 17 en contra el texto que incluye las enmiendas pactadas en la futura ley de amnistía para los presos del procès.
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Arranca la jornada política de este martes 23 de enero
La ley de amnistía da este martes, con la votación en la Comisión de Justicia, un nuevo paso en su tramitación en el Congreso sin que esté claro qué pasará finalmente con las enmiendas presentadas por Junts, en especial la que busca hacer amnistiables los delitos de terrorismo. Si el pasado jueves, tras la reunión de la ponencia de la citada Comisión, tanto Junts como ERC —que también presentó enmiendas en solitario— se mostraron confiados en que finalmente sus cambios se aceptarían, fuentes socialistas insisten en las últimas horas en que la intención del partido es limitar los cambios a aspectos técnicos.
Quedaría, pues, fuera del texto que pasará al pleno del Congreso para su votación la petición de Junts y de ERC para que los delitos de terrorismo con sentencia firme no queden excluidos de la aplicación de la ley. Un asunto sobre el que el Gobierno ya ha advertido que no cruzará ciertas líneas rojas. “Los delitos graves han de estar exceptuados”, dijo la pasada semana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien pilota las negociaciones con la parte parlamentaria de Junts.
El PSOE va más allá y habla de solo retoques técnicos, dejando fuera las enmiendas de mayor calado político. Todas las partes insisten, no obstante, en su intención de seguir negociando para llegar a acuerdos.
Patada hacia delante hasta el segundo semestre del año. Alberto Núñez Feijóo no tiene prisa para decidir qué proyecto político va a presentar en Cataluña, a pesar de que su discurso nacional pivota sobre el rechazo a la propuesta del PSOE para el problema catalán, la ley de amnistía. El líder del PP ha optado por retrasar el único congreso autonómico que tiene pendiente, el catalán, hasta después de las elecciones europeas del próximo mes de junio, según confirman fuentes de su equipo directo. La dirección nacional del partido quiere decidir antes “el qué, y luego el quién” ―es decir, primero la estrategia y después el liderazgo del partido en Cataluña― y para eso pretende utilizar las europeas como la “súper encuesta” que le ayude a tomar la decisión estratégica en un territorio clave, donde votan casi cinco millones y medio de ciudadanos.
El vicepresidente de Junts dice que seguirá negociando “hasta el final” con el PSOE las enmiendas a la ley de amnistía
El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha asegurado que su formación continuará negociando “hasta el final” con el PSOE para que la ley de amnistía cubra “a todos los encausados e investigados” y para que su aplicación sea “inmediata”. La ley de amnistía da este martes, con la votación en la Comisión de Justicia, un nuevo paso en su tramitación en el Congreso sin que esté claro qué pasará finalmente con las enmiendas presentadas por Junts, en especial la que busca hacer amnistiables a aquellas personas encausadas por terrorismo. En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Rius se ha mostrado confiado en que el PSOE empezará a hacer las cosas de manera “diferente” a como negoció los primeros decretos del Gobierno y que no acudirá a Junts “con las cosas aprobadas” y pidiendo “una adhesión”.
En aquellas negociaciones, Junts consiguió una “delegación integral” de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat, si bien el alcance de esta delegación se desconoce y ha recibido críticas por parte del Govern. Al respecto, Rius ha dicho que un Govern que no quiere competencias “es un Gobierno incompetente” y ha añadido que estaría “preocupado” si el ejecutivo que lidera Pere Aragonès gestiona la inmigración como ha gestionado la sequía. Por otro lado, preguntado por los casos de Cristina Casol y Aurora Madaula, que denunciaron violencias machistas y discriminación por razón de género en el interior de la formación, Rius ha respondido: “Aquí hay debate político, como en el resto de grupos parlamentarios”. (Efe)
La proposición de ley de amnistía avanza a toda máquina hacia su aprobación en el Congreso. El texto quedará listo este martes en la Comisión de Justicia de la Cámara, a punto para que el próximo día 30 el pleno le otorgue el visto bueno final, mes y medio después de haberlo tomado en consideración. Luego solo quedará el trámite del Senado, donde el PP anuncia que desplegará toda clase de maniobras dilatorias. Pero aun así, no se prevé una demora mayor a dos meses, por lo que el Congreso podría aprobarla ya de modo definitivo hacia el mes de abril.
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De ir a recoger una bolsa de alimentos que alguien ha seleccionado previamente a recibir una tarjeta monedero con la que poder elegir qué comprar en el supermercado. Este es el cambio de filosofía en el programa de asistencia material a personas en situación de extrema vulnerabilidad que se financia con fondos europeos y que se pondrá en marcha este abril en España. Evitar las colas del hambre y que los beneficiarios puedan decidir qué prefieren consumir. Se estima que se atenderá a casi 70.000 familias con niños al año. En función del tamaño del hogar, dispondrán de entre 130 euros al mes y 220 para comprar comida y otros productos básicos. Es un programa estatal de gestión autonómica. Con el objetivo de que entre en vigor este 2024, el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto que otorga, “con carácter excepcional y por razones humanitarias”, una subvención de más de 100 millones de euros a Cruz Roja para que, entre abril y diciembre, el sistema pueda echar a andar. A partir de entonces, serán las autonomías las que asumirán por completo la gestión de las tarjetas.
Comienza la reunión de la Comisión de Justicia para debatir las enmiendas a la ley de amnistía
La reunión de la Comisión de Justicia del Congreso para debatir las enmiendas a la ley de amnistía a los encausados por el procés ha empezado este martes pasadas las 11.30. En esta reunión se van a votar los cambios en el texto presentados por los grupos parlamentarios para la tramitación de la norma en el Congreso. Aún no está claro qué pasará finalmente con las enmiendas presentadas por Junts, en especial la que busca hacer amnistiables los delitos de terrorismo.
Fuentes socialistas han insistido en las últimas horas en que la intención del partido es limitar los cambios en la ley a aspectos técnicos. De esta forma, si el PSOE no cede, quedaría fuera del texto que pasará al pleno del Congreso para su votación la petición de Junts y de ERC para que los delitos de terrorismo con sentencia firme no queden excluidos de la aplicación de la ley.
El PSOE y Junts pactan una enmienda a la ley de amnistía sobre el tratamiento de los delitos de terrorismo
El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para pactar una enmienda a la proposición de ley de amnistía que aborda la controvertida cuestión sobre el tratamiento de los delitos de terrorismo. Las partes no han explicado de momento el contenido del pacto, pero a la misma se han adherido todos los demás grupos de la mayoría que apoya al Gobierno. Junts pretendía sacar de la ley la parte que excluye de las medidas de gracia las condenas con sentencia firme por terrorismo. La petición de Junts ha llegado una vez que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha atribuido delitos de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa de Tsunami Democràtic.
La proposición de ley de amnistía, registrada en noviembre, dejaba fuera de la medida de gracia los delitos de terrorismo, pero solo en los casos con sentencia firme. Esta condición garantizaba, en principio, la medida de gracia en las dos causas por terrorismo abiertas en la Audiencia Nacional, que afectan a activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y dirigentes independentistas por Tsunami Democràtic, pero ERC y Junts quisieron blindar la semana pasada este aspecto y cada uno presentó una enmienda para sacar el terrorismo del listado de delitos excluidos de la medida de gracia.
Hasta el momento, el PSOE había insistido en que la intención del partido era limitar los cambios en la ley a aspectos técnicos y que no contemplaba incluir los delitos de terrorismo con sentencia firme en la norma.
Una mayoría parlamentaria se posiciona en contra del texto del PP para dilatar la tramitación de la amnistía
Una mayoría parlamentaria se ha posicionado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso en contra del texto del PP que pretendía dilatar la tramitación de la ley de amnistía para los encausados por el procés. El recurso que ha presentado el Partido Popular buscaba recabar la comparecencia en la comisión de “personas e instituciones consideradas oportunas a fin de asesorar y escuchar sus aportaciones en relación con la tramitación de la amnistía”. Podemos, Junts, el PNV, EH Bildu, ERC, Sumar y el PSOE se han opuesto, con lo que el texto de los conservadores ha sido desestimado.
El PSOE y los independentistas retocan el alcance de la ley de amnistía para los delitos de terrorismo
El PSOE y los partidos independentistas (Junts, ERC, Bildu y el PNV), además de Sumar y Podemos, han alcanzado un acuerdo para pactar una enmienda a la proposición de ley de amnistía que retoca la controvertida cuestión sobre el tratamiento de los delitos de terrorismo. Estos partidos han acordado que los delitos de terrorismo quedarán excluidos en la norma cuando estos estén castigados en el capítulo VII del libro II del Código Penal siempre y cuando “de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos”, en particular, “de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”.
Junts pretendía sacar de la ley la parte que excluye de la medida de gracia las condenas con sentencia firme por terrorismo. La petición de Junts llegó después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya atribuido delitos de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa de Tsunami Democràtic.
En el primer proyecto de ley de amnistía registrado en el Congreso, la norma hablaba de que quedarían excluidos de la misma los casos con “sentencia firme” por delitos de terrorismo, lo que ahora modifica esta enmienda, a la que se han adherido todos los demás grupos de la mayoría que apoya al Gobierno. Es decir, ahora desaparece la alusión a las sentencias firmes, con lo que serían amnistiables delitos de terrorismo con sentencia firme siempre y cuando no incurran en “violaciones graves de derechos humanos”.
El Gobierno y los independentistas blindan a Puigdemont y los CDR en la amnistía al excluir el terrorismo solo cuando haya “violaciones graves de derechos humanos”
El PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos han acordado este martes excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. Este cambio pretende blindar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 12 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic —entre ellos el expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira (también huida)— investigados en la Audiencia Nacional.
En la enmienda pactada por los grupos que apoyan al Gobierno, desaparece en el texto de la proposición de ley la alusión a las sentencias firmes, con lo que ahora pasarían a ser amnistiables delitos de terrorismo con sentencia firme siempre y cuando no incurran en “violaciones graves de derechos humanos”. En el primer proyecto de ley de amnistía registrado en el Congreso, la norma hablaba de que quedarían excluidos de la misma los casos con “sentencia firme”.
Según fuentes parlamentarias socialistas, esta modificación otorga “mayor claridad y exhaustividad” al artículo sobre los efectos de la amnistía en el ámbito penal, con el fin de dotar a este apartado de “mayor seguridad jurídica”.
Junts pretendía sacar de la ley la parte que excluye de la medida de gracia las condenas con sentencia firme por terrorismo después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya atribuido delitos de terrorismo a Puigdemont y Rovira.
El PP, Ciudadanos y Vox reclaman una mayor vigilancia de Bruselas a la ley de amnistía
La reiterada respuesta de la Comisión Europea sobre la proposición de ley de amnistía de España, cuya evolución asegura que sigue atentamente, pero sobre cuyo fondo no se pronunciará hasta que esté aprobada, no ha gustado a los eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox, que este martes han reclamado a Bruselas una mayor vigilancia sobre lo que consideran un ataque al estado de Derecho en España y, por extensión, a toda Europa.
“La Comisión está analizando actualmente el borrador de la ley y está siguiendo de cerca los acontecimientos nacionales, especialmente lo que concierne al proceso legislativo, y sigue en contacto con las autoridades españolas”, ha asegurado ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara el representante de la Dirección de Justicia del Ejecutivo europeo, Julien Mousnier, replicando la respuesta ya dada por el comisario de Justicia, Didier Reynders, en las pasadas semanas y meses. Pero que nadie espere una valoración todavía, ha advertido el funcionario: “Para finalizar nuestra evaluación, tenemos que basarnos en la ley tal como sea adoptada, que no es todavía el caso”, ha recordado. “Esto es algo que nos tomamos muy seriamente y que seguimos de cerca, pero no puedo decir nada más en este momento”, ha agregado tras recibir críticas de eurodiputados por una respuesta que consideraron “insuficiente”.
El nuevo intento de llevar a las instituciones europeas el debate que agita el panorama político español sobre la ley de amnistía —que ya provocó un duro enfrentamiento con el líder de los populares europeos y estrecho aliado de Alberto Núñez Feijóo, Manfred Weber, durante la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, ante el pleno de Estrasburgo a mediados de diciembre— ha tenido lugar en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Esta comisión, que atiende directamente peticiones de ciudadanos europeos, lleva años siendo denunciada por los grupos de izquierda que afirman que está manipulada por los intereses nacionales de su presidenta, la popular Dolors Montserrat. En una tensa sesión, calificada de “sainete” por los socialistas, la comisión parlamentaria escuchó este martes ocho peticiones sobre la ley de amnistía, una de ellas llevada por la exlíder de UPyD Rosa Díez y el exdiputado de CS Juan Carlos Girauta, que previamente habían denunciado la ley de amnistía como una “transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato y un prófugo de la justicia” que constituye una “burla” al derecho europeo.
También la eurodiputada del PP Rosa Estarás reclamó la “intervención de la UE” ante una amnistía que “conculca todos los principios que supone la democracia y es contraria a la carta de derechos fundamentales de la Unión”, mientras que Maite Pagaza (CS) advirtió a la Comisión “de que es tan grave o más lo que estamos presentando hoy que el caso del populismo eslovaco o tan grave y más que el húngaro”. Ante la escueta respuesta del Ejecutivo europeo, la comisión parlamentaria decidió mantener abiertas las peticiones y llamó al Gobierno español a informarle de la ley de amnistía y, a Bruselas, que les mantenga “actualizados” sobre la evaluación de la normativa.
Podemos pide a Pedro Sánchez que “asuma responsabilidades” tras considerar el Supremo ilegal la devolución de menores a Ceuta
La diputada de Podemos, Lilith Verstrynge, ha reclamado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “asuma responsabilidades” tan solo un día después de que el Tribunal Supremo declarase ilegal la devolución de menores a Ceuta en agosto de 2021, un asunto que causó entonces un enfrentamiento entre el Ministerio de Derechos Sociales, que dirigía la secretaria general del partido, Ione Belarra, y el del Interior.
“El Supremo nos da la razón. La misma semana que el presidente del Gobierno presume de tener unas políticas migratorias, en sus términos, humanistas, el Tribunal Supremo concluye que bajo su presidencia, en su Gobierno, su Ministerio del Interior llevó a cabo unas devoluciones que son ilegales. El principal responsable de política migratoria del país es el presidente del Gobierno y, por tanto, la persona que debe asumir responsabilidades sobre estos hechos es el presidente. Vamos a trabajar para que así sea y exigir y reclamar que se explique”, ha manifestado sin aclarar si Podemos llevará a cabo alguna acción concreta.
IU celebrará su asamblea para suceder a Garzón los días 18 y 19 de mayo
Izquierda Unida ha anunciado este martes que su Asamblea Federal para elegir al sucesor o sucesora de Alberto Garzón se celebrará los días 18 y 19 de mayo. Este próximo domingo, el partido dará apertura formal al proceso, con la aprobación en su Coordinadora Federal (el máximo órgano de dirección de IU) del calendario y las normas. La asamblea, que discutirá la propuesta política del partido para los próximos cuatro años, se celebra mientras Sumar organiza la suya para el 23 de marzo y en medio de varias citas electorales, como las gallegas y previsiblemente las vascas, y las europeas en el horizonte, a las que Izquierda Unida concede una importancia fundamental por el contexto de ascenso de la ultraderecha en el continente. “Necesitamos en este momento parar, reflexionar y tener la capacidad de hacer propuestas que nos permitan afrontar una etapa nueva no solo en el marco del Gobierno, sino del país y de la UE”, ha afirmado el responsable de Organización federal de Izquierda Unida, Ismael González.
El dirigente ha evitado avanzar ningún nombre sobre el candidato para suceder al exministro de Consumo al frente de la formación. “Todavía no hemos hablado de la persona que pueda encabezar el proceso. Primero tenemos que acordar en la dirección política la propuesta política que vamos a lanzar. En IU hay un primer paso, que es buscar el consenso antes de que haya candidaturas [alternativas]. En el caso de que no lo hubiese, se pueden presentar candidaturas de otros proyectos políticos”.
En paralelo, fuentes de la dirección de IU han manifestado su interés en acelerar el proceso para definir la papeleta al Parlamento Europeo con Sumar. Después de que Podemos presentase el lunes la lista que encabezará la exministra Irene Montero, el portavoz de la coalición de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, aseguró que las negociaciones con el resto de partidos aún no había comenzado.
Bolaños defiende los cambios en la ley de amnistía porque el terrorismo “queda fuera”
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que los cambios en el texto de la futura ley de amnistía que acota los delitos de terrorismo son “enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho”. “Dijimos que el terrorismo quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos”, ha dicho el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Bolaños ha recalcado que tras los acuerdos pactados en la Comisión de Justicia del Congreso “queda definitivamente claro” que son los jueces quienes han de aplicar la ley y considerar si los delitos aludidos suponen o no una vulneración de los derechos humanos. Y deben hacerlo al margen de que las sentencias impuestas sean firmes —como contemplaba el texto de la futura ley de amnistía hasta este martes— o no. “Lo sustancial es que el terrorismo queda excluido de la ley de Amnistía”, ha reiterado, según su artículo dos, cuando se produzcan “violaciones graves” de los derechos humanos, tal y como recoger la directiva y el convenio europeo de derechos humanos. El ministro considera que este cambio mejora la “seguridad jurídica” de esta norma. “Esa era nuestra línea roja”, ha recalcado.
No ha querido explicitar Bolaños si hubo terrorismo en los altercados ocurridos en Cataluña a raíz de la declaración unilateral de independencia, limitándose a recordar que el procedimiento judicial correspondiente “se está sustanciando” por los tribunales y “hay diferentes opiniones jurídicas”. “El Ministerio Fiscal considera que no se produjeron actos terroristas”, ha añadido, y por ahora “estamos a la espera de lo que diga la Audiencia Nacional”.
El acuerdo de este martes —pactada por PSOE, Sumar, Podemos y los independentistas catalanes y vascos— excluye del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. Este cambio pretende blindar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 12 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic —entre ellos el expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira (también huida)— investigados en la Audiencia Nacional. (EL PAÍS/ Efe)
Rechazada la enmienda de Junts para que la amnistía abarque todos los delitos de terrorismo
Junts ha mantenido su enmienda en la que pretende que la amnistía abarque cualquier delito de terrorismo, pero ha sido rechazada por la Comisión de Justicia del Congreso con los votos en contra del PSOE y la derecha. Junts, en todo caso, la llevará al pleno de la Cámara baja la próxima semana
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la ponencia con el texto de la ley de amnistía por 20 votos a favor y 17 en contra
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la ponencia con el texto de la ley de amnistía por 20 votos a favor y 17 en contra, es decir, con el apoyo del PSOE, de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos. La aprobación de la misma ha llegado después de que el Gobierno de coalición y sus socios hayan acordado hoy excluir de le medida de gracia los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”.
Este cambio pretende blindar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 12 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic —entre ellos el expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira (también huida)— investigados en la Audiencia Nacional.
Tellado acusa al Gobierno de permitir amnistiar a terroristas “con tal de seguir en el poder”
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de estar dispuesto a amnistiar a terroristas “con tal de seguir en el poder” y ha pedido al PSOE que pare ya la tramitación de la ley de amnistía porque se ha convertido “en un inmenso error” democrático.
En la comisión se estaban votando las enmiendas y transacciones de distintos grupos a la polémica ley de amnistía. Tellado ha atacado al PSOE por aceptar algunas correcciones de Junts y ERC y ha reclamado al partido de Pedro Sánchez “que pare ya” de conceder cesiones y retire la propuesta, cuyo dictamen se ha votado este martes en la comisión. Tellado ha denunciado la que entiende como otra “indignidad” y “humillación” del PSOE al aceptar en parte las enmiendas de los separatistas catalanes. El dirigente del PP ha comparecido en la puerta de la comisión casi al mismo tiempo que, en su interior, la diputada responsable del área, María Jesús Moro, realizaba una dura intervención contra la ley y contra el Gobierno y el PSOE. Tellado ha justificado su presencia en que algunos medios le habían pedido declaraciones, aunque no las ha hecho en la sala de prensa, sino a la salida de la sala dónde se ha celebrado la reunión, que acaba de concluir.
Aragonès celebra que la amnistía “queda más blindada” tras el último acuerdo con el PSOE
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado que la ley de amnistía “queda más blindada, fortalecida y con más rigor jurídico” con el acuerdo sobre las enmiendas al que han llegado ERC y Junts con el PSOE y que también respaldan los independentistas vascos, Sumar y Podemos. Lo ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat después de la reunión semanal del Consell Executiu. “Hay enemigos muy poderosos que quieren impedir la aplicación” de la ley de amnistía, ha señalado Aragonès, que ha calificado de positivo el acuerdo con los socialistas para las enmiendas. El presidente catalán ha sostenido que confiaba en que hubiese acuerdo, y ha añadido que el pacto se ha logrado gracias al buen trabajo de las personas implicadas, tras lo que ha deseado que continúe la tramitación para poder celebrar la aprobación definitiva de la ley. “Celebramos los acuerdos, que nos decían que eran imposibles. Vamos a hacer muchas cosas que ahora nos dicen que son imposibles”, ha subrayado. (Europa Press)
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Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, remodela su gobierno tras anunciar que repetirá como candidato de ERC a la Generalitat. La consejera Laura Vilagrà asciende a vicepresidenta del Govern y, además, Aragonès refuerza el área de comunicación con el nombramiento de Sergi Sabrià como vicenconsejero de Estrategia y comunicación. Nuevos cargos para caras conocidas. El president ha justificado los cambios en una comparecencia celebrada en el Palau de la Generalitat este martes, tras la reunión semanal con sus consejeros. “La oposición cumple con la tarea de sembrar dudas. Venimos a poner certezas, si algo es este Govern, es el Govern de las certezas”, ha reivindicado, en un gesto de pretendida contundencia para borrar las especulaciones sobre la posibilidad que optara por un adelanto electoral. “Más que nunca es imprescindible fortalecer los ámbitos institucionales del Govern”, ha señalado el jefe del Govern. El Ejecutivo de Esquerra se sustenta sobre una débil mayoría parlamentaria, 33 diputados sobre 135, que penaliza su acción de gobierno. En el tramo final de la legislatura, Aragonès busca que su estrategia luzca con mayor solidez de puertas hacia fuera, tanto en aquello que tiene que ver con las negociaciones con el Gobierno como en la pugna doméstica con el PSC y con Junts per Catalunya.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido este martes a la sentencia del Tribunal Supremo que ha considerado ilegal la devolución a Marruecos de 45 menores en agosto de 2021 que habían accedido meses antes a Ceuta, en la entrada masiva por la que más de 10.000 personas llegaron a la ciudad autónoma. El ministro ha manifestado su “respeto” ante la sentencia y ha añadido que “las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor”. Fuentes del ministerio han descartado que se plantee asumir cualquier responsabilidad política tras la sentencia.
Vista de la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso, el 18 de enero. / ZIPI / EFE
Ampliación | El Gobierno y los independentistas amplían la amnistía para blindar a Puigdemont y los CDR
El Gobierno ha accedido a otro retoque en ley de amnistía en un intento de blindar al máximo a activistas y dirigentes como el propio expresident Carles Puigdemont de las acusaciones de terrorismo que les imputan algunos jueces. El texto de la propuesta que aprobó este martes la Comisión de Justicia del Congreso, para su debate final en pleno la próxima semana, amplía el alcance de las medidas de gracia, que serán aplicables también a delitos de terrorismo, siempre que no haya habido “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos”. En esos casos en que no haya habido daños a personas, la amnistía se aplicará incluso a los condenados en sentencia firme, una posibilidad que se excluía en el primer borrador de la ley, pero que al final el PSOE y Sumar han accedido a retirar tras pactar con los independentistas catalanes y vascos.
Lo que se apunta como el texto final de la ley, que el pleno del Congreso votará la próxima semana, ha salido este martes de la comisión con el aval de las formaciones del Gobierno y sus aliados parlamentarios, y el rotundo rechazo, en términos muy aparatosos, de los partidos de la derecha. La portavoz del PP en la comisión, María Jesús Moro, ha llegado a decir que la propuesta “elimina el poder judicial, que es el garante de los derechos y libertades”.
ERC niega que haya habido “actos terroristas en Cataluña” y celebra que se “blinde” la amnistía
La portavoz adjunta de ERC en el Congreso de los Diputados, Teresa Jordà, ha asegurado que no ha habido “actos terroristas en Cataluña” y, por eso, era “vital blindar” la ley de amnistía y darle “el músculo necesario para que tenga la seguridad jurídica que merece un proceso absolutamente democrático que se produjo” en este territorio. Jordà ha hecho declaraciones en el patio del Congreso, donde ha celebrado haber pactado con el PSOE y Junts “transaccionar dos artículos” de la ley antes de su elevación al Pleno. También ha destacado que el cambio en el artículo 2 consigue “blindar todos esos casos tipificados de terrorismo”, aunque ha reconocido que ERC quería “que se suprimiera”. “Es evidente que en Cataluña no ha habido terrorismo”, ha dicho Jordà. ERC mantendrá “viva” la negociación para la “supresión total y absoluta” del artículo 2, según Jordà, que confía en que se pueda aprobar en el pleno de la semana que viene porque quiere una ley de amnistía “de máximos”.
Preguntada sobre si los delitos de tenencia de explosivos por los que se acusa a los Comités de Defensa de la República (CDR) quedarán dentro o fuera de la amnistía, Jordà ha explicado que “esta amnistía incluye absolutamente a todos, también a los CDR, como no puede ser de otra manera”, porque “entendemos también que los CDR no tenían explosivos”. (Servimedia)
El acuerdo sobre la ley de amnistía busca también el blindaje ante posibles recursos
El PSOE y los independentistas han pactado una segunda enmienda, también con el acuerdo de Sumar y Podemos, que pretende garantizar que las medidas cautelares y las órdenes de detención como la que tiene vigente Carles Puigdemont en España se levantarán en cuanto entre en vigor la ley de amnistía, aunque los jueces que tengan que aplicarla planteen objeciones ante el Tribunal Constitucional o la justicia europea. El texto inicial solo concretaba que esas medidas cautelares se alzarían “incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad”, pero no precisaba qué ocurriría si un juez preguntaba al Tribunal de Justicia de la UE la vía por la que previsiblemente van a optar muchos tribunales. ERC y Junts habían presentado enmiendas para ampliar esos supuestos, rechazadas al principio por el PSOE y ahora consensuadas en un texto genérico.
Vox ve confirmado el “golpe de Estado” al incluir el terrorismo en la ley de amnistía y quien lo niegue “será cómplice”
Vox considera que la enmienda que extiende la aplicación de la ley de amnistía a casos de terrorismo siempre que no haya “intención directa” de provocar “violaciones graves de los derechos humanos” viene a confirmar el “golpe de Estado” que achaca al PSOE y a los independentistas. El partido de Santiago Abascal ha avisado de que quienes lo “nieguen” o lo “blanqueen pactando son sus responsables” se convierten “en cómplices”, en lo que parece una alusión al PP.
En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X, destacan el acuerdo con mediador europeo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” en los que han colaborado PP y PSOE. Sobre la enmienda, Vox ha criticado que “blinda” al líder de Junts, Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, y “exonera” a los “terroristas callejeros”. La formación lo considera “un nuevo escándalo” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, compuesto, dice, de “golpistas y enemigos de España”. “No puede quedar impune”, ha lamentado.
Feijóo arremete contra el Gobierno tras los cambios en la ley de amnistía: “Siempre logran caer más bajo”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra el Gobierno tras el cambio sobre los delitos de terrorismo en la ley de amnistía, un paso que, a su entender, evidencia que “siempre logran caer más bajo”. Tras asegurar que al terrorismo “solo se le condena”, ha animado a la participación en la protesta que el PP ha convocado este domingo en Madrid.
El Gobierno y sus socios han acordado excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. Este cambio pretende blindar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic —entre ellos el expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira (también huida)
El líder del PP considera que “actúan contra la dignidad de los ciudadanos y ahora insultan su inteligencia para justificar otra mentira”. “Los españoles responderemos este domingo en la Plaza de España de Madrid”, ha escrito Feijóo.
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El PSOE se mantuvo al margen esta vez, tras las críticas de la pasada semana del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones de jueces a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por cuestionar la imparcialidad del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Pero los socios y aliados del Gobierno aprovecharon este martes los focos sobre la Comisión de Justicia del Congreso, donde se aprobaba el dictamen de la proposición de ley de amnistía, para descalificar a los jueces que se han manifestado contra esta futura norma. El nombre de García-Castellón ha salido a relucir profusamente en algunas intervenciones. El más duro ha sido el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, quien lo ha acusado de “actuar como si la Audiencia Nacional fuese el viejo Tribunal de Orden Público de los tiempos del franquismo”.
El Gobierno no ve la enmienda transaccional pactada con ERC y Junts como una cesión, sino como un éxito negociador que blinda la ley ante los seguros recursos al Tribunal Constitucional. La Moncloa, que dijo que la ley estaba perfecta y solo admitiría mejoras técnicas, finalmente ha aceptado un cambio importante —pasar la exclusión de los delitos de terrorismo de los que tuvieran sentencia firme a los que revistan gravedad—, pero que en esencia no altera el perímetro de la ley: entran los mismos que antes; esto es, prácticamente todos los implicados en el procés por cualquier delito, incluido terrorismo siempre que no haya causado una “violación grave de los derechos humanos”. Y sí supone un blindaje jurídico superior.
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El PP, a través de su vicesecretario de Institucional, ha matizado unas duras críticas lanzadas este martes por el mismo Esteban González Pons, que en un encuentro en el Círculo Ecuestre organizado por La Vanguardia aseguró que su formación se plantea la posibilidad de dejar de presentar recursos al Tribunal Constitucional porque entiende que está dominado por un sector progubernamental dirigido por un presidente con conexión política con el Gobierno y de calificar el órgano de garantías como “el cáncer del Estado de Derecho”. A media tarde, González Pons ha retirado esa última afirmación sin dejarla crítica al tribunal de garantías al asegurar que su independencia está “profundamente comprometida”, si bien el PP tiene como función preservar “el máximo respeto a las instituciones”. Y ha añadido que su formación “no dejará ninguna vía política, social o judicial sin explorar para evitar lo que entiende que es una medida ilegal e injusta”, en pleno debate sobre la proposición de ley de amnistía que se dirime en el Congreso, contra la que el PP ha salido en tromba.
Así le hemos contado la última hora de la actualidad política este 23 de enero
Hasta aquí la narración en directo de la actualidad política de este martes 23 de enero. Mañana miércoles continuaremos informándoles de la última hora. Les recordamos que hasta entonces tienen más información en todos los soportes de EL PAÍS. Buenas noches y gracias por seguirnos.
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