Es un enigma. Y complejo de descifrar, más allá del vituperio o la adhesión incondicional. Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat que se marchó a Bélgica y permanece huido de la justicia española, explica sus posiciones políticas en este texto a través de varias conversaciones con su círculo más íntimo en Bruselas y Waterloo. Su núcleo duro da cuenta a este diario de las negociaciones con los socialistas, la proposición de ley de amnistía, la guerra judicial —también llamada lawfare— y el futuro de la legislatura. Los análisis y proyectos de Puigdemont, así como su trayectoria, son claves para explicar los próximos tiempos en la política catalana y española: idolatrados por los suyos, escandalosos para sus adversarios y criticados por muchos catalanes así como por una mayoría de españoles, se han convertido en una suerte de piedra de Rosetta para desentrañar las incógnitas del tiempo político que se abrió el 23-J. Los siete votos de Junts fueron imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía, una ley que puede demorarse meses y que deberá superar varios recursos en instancias judiciales.

La amnistía es el asunto más inmediato en el Parlamento, que acaba de registrar las enmiendas a la totalidad de la derecha española y está pendiente de las enmiendas parciales de los nacionalistas. La cúpula de Junts propuso a la dirección del PSOE “contar con el PP” para llevarla a buen puerto, según las fuentes consultadas en las citadas conversaciones. Pero los socialistas respondieron que eso “resultaba imposible”, vista la oposición cerrada de los conservadores, afirma Waterloo. El nacionalismo secesionista se propone presentar antes del 16 de enero varias enmiendas a la proposición de ley, “incorporando elementos que al final de la negociación no fueron asumidos”.

Eso sí, desde la convicción de no poner en peligro su viabilidad: “La amnistía se aprobará, es un texto minuciosamente preparado”, suele comentar el expresident —que aplaza cualquier entrevista oficial—, a sus más cercanos. Este juicio es especialmente contundente respecto al “muy trabajado” préambulo. Ha habido sintonía y un meticuloso trabajo conjunto de los técnicos, añaden las fuentes consultadas. Y explican que el esperado encuentro pendiente de su líder con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se celebrará de inmediato, pero sostienen que no debería retrasarse demasiado. “Entendemos que Sánchez quiera aplazarla para asociarla a la aprobación de la ley”, pero lo mejor es agendar “cuanto antes” esa reunión. “A los dos les va bien, les refuerza”.

Esta norma es la clave de bóveda de los acuerdos Junts-PSOE (y de los socialistas con Esquerra), pero el entorno de Puigdemont se esfuerza por subrayar que no responde a un interés personal de los dirigentes extraterrados, aunque les beneficie. Y constituye el pilar del paquete de acuerdos que permitió investir a Sánchez. Puigdemont “era más bien escéptico” sobre la posibilidad de que los contactos cristalizasen en un pacto, dada su experiencia en las negociaciones con el expresidente Mariano Rajoy en octubre de 2017 para convocar elecciones autonómicas a cambio de no intervenir la Generalitat mediante el artículo 155 de la Constitución.

Ya se sabe que Waterloo suele distinguir poco —al menos públicamente— entre los dos grandes partidos—, y que su cabeza visible considera que “entre Cataluña y España no hay espacio para el amor”, pues este genera decepciones y frustraciones. “Pero podemos procurar que haya espacio para las relaciones, por supuesto consentidas entre ambas partes, porque ambas queden satisfechas, y en eso estamos”.

¿Confía en la otra parte? ¿Cree que el pacto está avanzando por buen camino? La respuesta es una de cal y otra de arena, no se sabe si por cálculo negociador o por conveniencia retórica ante sus seguidores más partidarios de la controversia que del acuerdo. Sobre el cumplimiento progresivo de las condiciones que Junts planteó al PSOE en la negociación, Waterloo afirma que la primera condición era que se reconociese la legitimidad del independentismo; de lo contrario todo lo demás sobraba. El catalán en la UE “avanza, aunque no todo lo deprisa que convendría”, quizá algún organismo de la administración general del Estado no ha presionado lo suficiente, apuntan las citadas fuentes. En cuanto al mediador, su propuesta inicial era calificarlo de “independiente” para no provocar más problemas, pero “era evidente que para ser independiente de verdad solo podía ser internacional”. Hay avances, en suma, aunque con matices.

Pero la desconfianza sigue ahí; al menos en parte. Se han desactivado los desacuerdos más ásperos, “aunque nunca se sabe”, reproduce su círculo. En esa asignatura pendiente de la falta de confianza “solo estamos empezando, aún vamos en pañales”, pero “existe una voluntad común de reconstruir pasarelas”. Según el manual de Waterloo, para rehacer puentes lo primero es el respeto; después, el cambio de narrativa sobre la cuestión catalana; y lo tercero, la lealtad, que los compromisos se cumplan. Falta trayecto: los recelos de partida son máximos. “Nosotros hemos sido espiados, nos han dicho que nos llevarían presos a España, lo dijo incluso Pedro Sánchez, y eso es difícil de olvidar, pero al mismo tiempo somos políticos”, se conjuga. Aunque la desconfianza sea un juego de espejos y en la coalición progresista se lamente el escaso reconocimiento a los puentes que ha tendido.

Así, cuando se aduce que el PSOE arriesga mucho en ese envite, Waterloo alega que los socialistas partían de una posición muy débil tras el 28-M, sin poder territorial, apenas sin comunidades autónomas ni Diputaciones, sin percha para miles de liberados: “Afrontaba un momento de pasokización”, asegura el entorno del expresident, aunque ese énfasis obvia que el PSOE ganó un millón de votos el 23-J respecto a los anteriores comicios. Junts perdió apoyos: ¿no es Junts quien tenía ese problema? “También, y tenemos otro riesgo, el de que nuestra gente no entienda lo que estamos haciendo, no nos acompañe”. Con esos mimbres se impone un cierto pragmatismo. No pretenden con el pacto “construir un gran edificio”, sino “ir poniendo un ladrillo encima de otro, y otro tras otro”. A veces los arrojan, con provocaciones dialécticas que dan munición a la extrema derecha, siempre en los momentos más delicados: “Entiendan que la narrativa es importante, que solo se puede construir un proyecto distinto sobre la base de una narrativa disruptiva, y que partimos de posiciones muy lejanas”, se justifican.

¿El regreso al pragmatismo que adoptó ERC con los indultos es el que abraza ahora Junts con la amnistía? Waterloo niega que estén volviendo a la política de las cosas concretas como a un lugar que hubieran “abandonado”, y añade que sus líderes han sido tratados “como apestados, como trumpistas, como supremacistas, como antisistema”. “No somos una secta religiosa”. Quizá no, pero adoran a Puigdemont, que no está sometido al control democrático de un partido al que no pertenece. El expresidente “tiene autoridad, aunque la ejerce muy pocas veces, como ha ocurrido con la decisión de pactar con el PSOE: en este caso sí, no podía eludirlo”. Reconocen, eso sí, que su organización “es, digamos, rara”, con un líder carente de responsabilidad orgánica. “Por eso hay que comprender que al PSOE le resultase difícil negociar así, venía a ser un cierto reconocimiento de la autoridad derivada del exilio”.

Una de las condiciones más especiales y polémicas del acuerdo, a la que no se suele hacer referencia, aludía a que “los únicos límites” del pacto debían ser, según Junts, los tratados internacionales. Y ahí radica el cogollo de las ambigüedades, porque muchos ciudadanos consideran que en el pacto firmado con el PSOE falta una mención explícita al marco de la Constitución, y a su acatamiento presente y futuro: un “no lo volveremos a hacer”. Waterloo emplea un juego de sobreentendidos y filigranas para abordar ese asunto. Como que la Constitución establece en su artículo 96 que los tratados internacionales rubricados “formarán parte del ordenamiento interno”: el entramado constitucional debe interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales, como dice su artículo 10.

Y sí, eso es literal en la Ley Fundamental. Pero también es exacto que los diputados de Junts se disponen a firmar la ley de amnistía, y esta establece claramente en su preámbulo, tan alabado por el expresident, que cuelga taxativamente de la Constitución. Eso excluye la unilateralidad, que ellos siguen defendiendo. Al menos públicamente.

La réplica a este razonamiento es clásica: “No podemos renunciar nunca a un derecho que no nos pertenece, sino que es un derecho colectivo del pueblo. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, según los tratados internacionales asumidos por España”. Al contraponer que ese derecho opera exclusivamente en forma de autogobierno dentro del Estado al que un pueblo está adscrito, y que solo se traduce en derecho a la secesión si eso no puede cumplirse porque se trata de una colonia o una dictadura, según el derecho internacional, el círculo de Puigdemont intenta despejar el enigma con una promesa de voluntarismo y otra de salvaguardas: “Nosotros queremos negociar y agotar el camino iniciado. Y al final queda acogerse a ese recurso [la unilateralidad, expresión que rehúye, al menos ante este diario] si después todo fracasase”.

Los íntimos del líder de Junts no ven “ninguna incompatibilidad entre la ley de amnistía y el marco constitucional”. Eso sí, recuperan el añejo discurso pujolista, según el cual el Tribunal Constitucional y los sucesivos Gobiernos han realizado “interpretaciones restrictivas” de ese marco hasta convertirlo en “excluyente”. “Si alguien tiene la voluntad de volver a los cimientos, la dinámica puede cambiar; por ejemplo, un referéndum consultivo es perfectamente posible, y además, recomendable”, añaden. El argumentario evoca la frase liberal según la cual “cuando se reconoce el derecho a la secesión existe menos riesgo de división del Estado, como en el caso de Suiza; y cuanto más se constriñe, mayor es el riesgo para la continuidad del Estado”.

Sin embargo, ese razonamiento olvida que Puigdemont y los suyos gobernaron exclusivamente —y según pautas declaradas ilegales y anticonstitucionales—, solo para la mitad de los catalanes en 2017. En ese punto hay apelaciones a lo genérico: la democracia implica disputa política. “No se ha roto el Reino Unido por el Brexit”; “no tengamos miedo a los debates”; “no confundamos el derecho de los ciudadanos, que es para todos, y la identidad nacional, que es de cada uno”.

El último de los enigmas explorados en estas conversaciones es el lawfare o guerra judicial. Cuando se recrimina en Waterloo que ese asunto apunta a erosionar la independencia de los jueces y por tanto las bases del Estado de derecho, la dialéctica sube de tono. El interlocutor asegura que “lo pactado no consiste en que el poder político revise la jurisprudencia de los tribunales”. Que solo “se trata de averiguar qué ocurrió fuera de los juzgados, si hubo reuniones indebidas de jueces con dirigentes políticos, si hubo una sumisión o una coordinación”. Y que “por supuesto son los niveles judiciales superiores los que tendrán que decidir sobre los niveles inferiores”, “pero necesitarán información, y eso es lo que proporcionarán las comisiones parlamentarias”.

Tratando de voltear el calcetín, el círculo puigdemontiano combina esa versión suave con la indignada, sosteniendo que sí, que “hay que restituir el Estado de derecho”, “porque todos los indicios apuntan a que ha sido sometido a un golpe”. “Es muy probable que haya habido jueces que hayan violentado las normas básicas; aunque una mayoría sea correcta, el poder judicial y muy concretamente su consejo general mantiene connivencias y complicidades intolerables”, critica el entorno más íntimo del hoy eurodiputado.

Incluso si eso fuera cierto, el Congreso no es competente para nombrar o destituir jueces. “De acuerdo, las Cámaras no pueden destituir jueces, pero deben poder dirigir la luz a las irregularidades, conocer las averías en su funcionamiento. Y deben generar la normativa según la que funcione el poder judicial”, apuntan las mismas fuentes. La tarea de las comisiones de investigación “no puede consistir en tomar medidas concretas sobre personas, sino en emprender las reformas legales que correspondan: el objetivo último es muy simple, que los jueces españoles sean tan independientes como los jueces alemanes”. La delgadez de los alambres, este toma y daca, este sí pero no pero quizás, es la marca del enigma Puigdemont.

“No haré un Tarradellas”

No, rotundamente “no haré un Tarradellas”, aseguró Carles Puigdemont a un visitante, en una frase que sus próximos consideran inacabada. Su rechazo a un retorno con recepción masiva y espectacular quizá se deba a la dificultad de lograrla. Pero la argumenta en que los primeros en acogerse a la ley de amnistía deben ser los manifestantes, los que estuvieron en la organización de los colegios electorales, la gente de base todavía hoy sometida a incertidumbre sobre su futuro.

Y su obsesión es no brindar abono a la crítica de que ha buscado sobre todo un beneficio personal. Si bien sus asesores jurídicos consideran que desde el momento en que la ley se apruebe, y aunque sea recurrida ante los tribunales, será libre de volver inmediatamente sin cargos, porque las órdenes de detención y otras cautelares decaerán automáticamente, en su interpretación del preámbulo y del artículo 4.

Aún no ha pensado al detalle el formato del regreso, pero sí que se desarrollará sobre la doble aspiración de dignidad y sentido institucional. “De ninguna manera como candidato de un partido”, sino de forma que “sirva para afianzar la unidad independentista”, explican fuentes muy cercanas.

Si las cosas suceden más o menos así, habrán quedado atrás seis años en Waterloo. Hacia afuera, su principal protagonista rechaza el victimismo, les dice a sus hijas que están mucho mejor que mucha gente, que tienen suerte de verse cada 15 días, aunque sus íntimos le hayan visto emocionarse con una botella de agua de Viladrau llevada por un paisano.

Y a veces confiesa a familiares y amigos, quizá para no ofrecer flancos débiles, que podría pasarse “toda la vida” allá, que ya ha cumplido una larga trayectoria política. Pues, aunque olvide que a veces la ha denostado con saña, Europa es su casa. “Soy europeo”, proclama a los suyos, “me siento en casa y me emociona la imagen del canciller Kohl y el presidente Miterrand dándose la mano”, refiriéndose a la foto de ambos en el cementerio de Verdún, en 1984, a los 70 años de iniciarse la primera gran guerra. “Me siento hijo de esa aventura europea”.