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Junts votará en contra del decreto ‘ómnibus’ y las medidas anticrisis del Gobierno

La formación de Carles Puigdemont se opone porque considera que “pone en peligro” la aplicación de la amnistía debido a las medidas de digitalización de la justicia, por invasión de competencias y por agravar la “infrafinanciación” de Cataluña

Los diputados de Junts acceden al hemiciclo durante la investidura de Pedro Sánchez, el pasado noviembre.
Los diputados de Junts acceden al hemiciclo durante la investidura de Pedro Sánchez, el pasado noviembre.Claudio Alvarez

Junts pone el primer palo en la rueda del Gobierno tras haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez. La formación de Carles Puigdemont ha anunciado este viernes que votará en contra de los tres reales decretos que el Gobierno llevará al pleno del próximo miércoles: el que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis que terminaba el pasado 31 de diciembre, el decreto ómnibus que incluye otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos —como la transformación digital de la Justicia— y un tercero relacionado con el Ministerio de Trabajo. Junts ha confirmado que votará en contra de los textos, que se debatirán en un pleno parlamentario la próxima semana junto a las enmiendas totales de la ley de amnistía, con el argumento de que el decreto sobre Justicia “pone en peligro” la aplicación de la medida de gracia a los encausados por el procés y porque consideran que parte del contenido de las iniciativas parlamentarias invade competencias de la Generalitat y agrava su “infrafinanciación”, según fuentes del partido independentista.

Junts ha confirmado su negativa esta mañana después de que este jueves el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, mantuvieran una reunión en Barcelona sin llegar a un acuerdo, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado este periódico. Los independentistas basan su negativa en que los textos no se han consensuado y rechazan también tramitarlos como proyecto de ley —una opción que pueda dar el Gobierno en el pleno para introducir modificaciones a posteriori—. Junts insta al Ejecutivo a retirar directamente los textos y redactar otros nuevos. Fuentes de la dirección socialista insisten en que las conversaciones seguirán adelante. “La pasada legislatura se basó en diálogo, diálogo, diálogo y esta no va a ser diferente. No hay mayorías absolutas, y esto es la normalidad. Sin dramas”, sostienen desde el PSOE. Fuentes gubernamentales agregan que continuarán negociando pero no retirarán los decretos.

Los problemas que los independentistas encuentran para su oposición, con la que ya habían amenazado, son básicamente tres. Primero ponen el foco en que el decreto sobre la transformación digital de la Justicia puede “poner en riesgo” la aplicación de la ley de amnistía, debido a que los cambios previstos en el artículo 43.bis harían que las causas judiciales se paralicen cuando un magistrado plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, y a pesar del rechazo de Junts, el decreto no implica cambios respecto a la medida de gracia porque la jurisprudencia está muy asentada, tanto en el derecho europeo como en el comunitario, y los tribunales siempre dejan en suspenso los procedimientos cuando hay planteada una cuestión prejudicial que le afecte. Lo que ocurre es que esa jurisprudencia no estaba plasmada, hasta ahora, en una ley española.

En segundo lugar, la formación independentista rechaza los otros dos decretos porque recogen medidas que, a su juicio, agravarían lo que consideran una deficiente financiación de la Generalitat al contemplar traspasos de servicios sin recursos económicos extra. Y observan una “invasión competencial” en materias que están bajo el paraguas del Gobierno catalán. Las fuentes consultadas de Junts insisten en que el Ejecutivo de Sánchez les ha enseñado los reales decretos sin margen para poder negociar previamente.

La posición en contra de los independentistas pone en riesgo la extensión de las medidas anticrisis aprobada el 27 de diciembre, pues por el momento el PP no ha aclarado cuál será el sentido de su voto y aunque el Gobierno consiga el apoyo del resto de partidos menos Vox tampoco le dan los números. Algunas de las medidas del escudo social que siguen vigentes durante 2024 son las ayudas al transporte público, la reducción del IVA al 0% de los alimentos básicos y del 10% para la electricidad y el gas, o la suspensión de los desahucios para “hogares vulnerables sin alternativa habitacional”. Quedan por delante cinco días hasta que se celebre el pleno para su ratificación, por lo que las negociaciones podrían revertir la negativa de los independentistas. En situaciones previas y similares, como la conformación de la Mesa del Congreso, Junts mantuvo el pulso hasta prácticamente el inicio del pleno. Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo confía en reconducir la situación, pero anticipa que la incertidumbre pueda mantenerse hasta el último minuto.

El decreto ómnibus que afecta a la Justicia recoge compromisos adquiridos con Bruselas para 2023 que se habían quedado pendientes por el adelanto electoral. De su aprobación antes del 31 de diciembre dependía que España pudiera cobrar la cuarta partida de los fondos Next Generation por valor de 10.000 millones de euros, por lo que el Ejecutivo optó por aparcar las leyes en las que se iban a incluir y regular esas medidas mediante dos reales decretos —cuya tramitación es más rápida—, uno aprobado antes de las elecciones y otro, el pasado 19 de diciembre. En lo que afecta a Justicia, el decreto ómnibus recoge medidas de eficiencia digital y procesal que, en muchos casos, están ya extendidas en la práctica habitual de los tribunales, pero que hasta ahora no tenían una regulación, que era lo que pedía Europa.

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En la práctica, en lo que respecta a la ley de amnistía, el decreto no varía nada porque aunque ese asunto no estuviera regulado hasta ahora en una norma específica española, porque además de que la jurisprudencia está muy asentada, esta suspensión está también recogida en el artículo 23 del Estatuto del TJUE y así se ha aplicado, por ejemplo, con la euroorden dictada contra Puigdemont y el resto de líderes independentistas fugados de la justicia española, que ha quedado en suspenso durante meses porque el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial. También es jurisprudencia extendida que los jueces que tuvieran sobre la mesa asuntos sobre los que otro compañero haya preguntado al TJUE dejen ese procedimiento en suspenso.

La formación de Puigdemont ya había amenazado con oponerse al texto a finales del mes pasado cuando su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, expuso con detalle a través de la red social X (antes Twitter) sus reservas frente al decreto. En el mensaje publicado por Nogueras se refirió además a una crítica habitual de los grupos políticos, incluidos los aliados parlamentarios del Ejecutivo, a los reales decretos: lo que ella denomina su carácter “macedonia”, es decir, que incluye una miscelánea de medidas sin conexión temática entre ellas.

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