El Gobierno tacha de machista a un senador del PP por llamar ‘groupies’ a las vicepresidentas

Las sesiones del control al Gobierno en el Senado esta legislatura recuerdan a un concurso de méritos en el que los portavoces populares se suceden mientras compiten entre sí por ser el azote más duro del Ejecutivo. “¿A qué humillación más van a someter a España? ¿Qué convivencia pretenden vender? ¿La de entregar el Ayuntamiento de Pamplona a los herederos de ETA?”, arrancó fuerte Alicia García, la recién estrenada portavoz en el Senado. “Han hecho un Código Penal a la carta de sus socios, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Juzgar a los jueces? ¿A los que verifique Puigdemont o a los que señale ese partido progresista que ahora es Bildu para beneficiar a sus amigos asesinos?”, subió el pistón el portavoz adjunto del PP, Alejo Miranda de Larra. Sin embargo, fue Vicente Azpitarte, senador junior por Granada, el que dio la sorpresa y terminó acaparando los focos dentro de la estrategia de confrontación con el Ejecutivo en la que parecía que iba a ser una pregunta sin pena ni gloria por el nombramiento de Miguel Ángel Oliver, exsecretario de Estado de Comunicación, como presidente de la agencia EFE.

“Cuando tiren del argumentario facilón de que somos unos ultras, le digo una cosa: somos unos ultras de la libertad y la igualdad. Sin embargo, usted y el conjunto de vicepresidentas son unas meras groupies del peor presidente que ha tenido la democracia española”, le espetó a María Jesús Montero. La vicepresidenta cuarta, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE no se anduvo con rodeos: “Decirles groupies a las vicepresidentas, ¿por qué? ¿Usted es groupie de Feijóo o es porque somos mujeres? En cualquier caso, señor Azpitarte, le recomiendo que se vuelva a ver [en la intervención] si se gusta”. Azpitarte concentró el malestar del Gobierno. “Llamar groupies a las vicepresidentas es machista. Estoy esperando las disculpas por parte del Grupo Popular”, le reprochó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. El PP no corrigió a su senador.

La última bronca parlamentaria, previa a la de los miércoles en el Congreso, estuvo precedida en cambio por un instante muy poco habitual. Un senador del PP, el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, pidió la palabra al inicio de la sesión para rectificar sus acusaciones de lawfare —persecución judicial con fines políticos— que había realizado la semana anterior en el pleno de la Cámara alta contra el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que juzgó el caso Gürtel, la trama de corrupción política vinculada al PP en Madrid y Comunidad Valenciana. “El mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España lo mecieron ustedes. El juez De Prada introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la Gürtel, que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy”, afirmó hace justo una semana durante una interpelación a Bolaños. La reacción de De Prada fue la de pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante sus acusaciones. Monago se desdijo este martes tras la crisis que le abrió al PP con el mundo judicial: “Quería aclarar que creo firmemente en la independencia judicial, que no tenía que haber hecho esa alusión a ningún juez, en este caso al juez De Prada, y que, por lo tanto, era desafortunada la referencia que hice en torno al lawfare. Utilicé una serie de argumentos que hablaban de decisiones judiciales y me referí expresamente con su nombre a un juez; creo que no fue acertado por mi parte”. Bolaños agradeció la corrección y la aprovechó a su favor: “Se la reconozco, ese es el buen camino, el de reconocer los errores cuando se cometen. Me gustaría que cundiera el ejemplo en la bancada del PP”. En la misma línea se pronunció la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la que fue su última sesión de control en el Senado antes de asumir sus nuevas funciones como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Consejo de Ministros aprobó este martes un requerimiento a la Mesa del Senado para que revoque su decisión de admitir a trámite la toma en consideración de un proyecto de ley que presentó el PP para derogar el impuesto de sucesiones y donaciones, al considerar que supone una inconstitucionalidad “absolutamente flagrante”. La iniciativa del PP, señaló Bolaños, busca eliminar el impuesto a las grandes fortunas y que el Estado compense a las comunidades autónomas por el importe recaudado en el último ejercicio fiscal. Su impacto presupuestario sería de 2.800 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo, que basa su petición en el artículo 134 de la Constitución, que establece que es necesaria su conformidad para que las Cortes tramiten cualquier norma que suponga una disminución de los ingresos presupuestarios.