Cae una red de explotación laboral en campos de cultivo de Navarra y Aragón

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros, en su mayoría ciudadanos senegaleses, a los que ofrecían trabajo en labores agrícolas en campos de la Ribera del Ebro de Navarra y Zaragoza y mantenían en una situación de explotación laboral. 43 personas han sido detenidas e investigadas por varios delitos contra los derechos de los trabajadores, de explotación laboral, falsedad documental y tráfico de inmigrantes. Los investigadores creen que la red tenía una “estructura sólida y estable de carácter complejo por sus distintas conexiones” en la que sitúan a unas 60 personas. Los dos principales investigados, un ciudadano senegalés y un empresario agrícola, han ingresado en prisión provisional. La operación, denominada Oslo, permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Según la investigación, la red ofrecía trabajo a las víctimas, tanto en sus países de origen como en España. Posteriormente, una vez los habían trasladado al destino, los alojaban en viviendas de diferentes poblaciones de la ribera del Ebro y, valiéndose de su situación administrativa irregular en España, les imponían condiciones de trabajo en régimen de semiesclavitud. Les obligaban a trabajar siete días de la semana con jornadas de hasta diez horas. Apenas cobraban siete euros a la hora y carecían de un contrato de trabajo, por lo que tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social. La investigación apunta que, si descansaban durante media hora para comer, la organización les descontaba este tiempo de su salario. Los investigadores todavía no han estimado el número total de afectados. Por ahora, solo se ha podido localizar y tomar declaración a cinco de ellos, que están considerados como víctimas de trata con fines de explotación laboral.

Para evitar ser detectados, el cabecilla de la trama imponía como condición a los trabajadores en situación irregular en España que aportaran la tarjeta de identificación de extranjero y de autorización para trabajar de un tercero. Así, las víctimas podían identificarse ante una eventual inspección en el campo de trabajo en el que se encontraran.

Las pesquisas policiales comenzaron en enero, a raíz de varias inspecciones “aleatorias y rutinarias” que los agentes realizaron junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Durante esas primeras comprobaciones identificaron a seis personas con una documentación “que no correspondía con la original” que, además carecían de contratos de trabajo, detallan fuentes policiales. Los agentes detuvieron entonces a seis personas como presuntos responsables de un delito de falsedad documental.

La operación, de cuyo cierre se informó este jueves, es fruto de una investigación que empezó a comienzos de año y que llevó a la detención de otras 27 personas en septiembre. Entre los arrestados había varios miembros del escalón superior e intermedio de la organización, considerados “lugartenientes” de uno de los principales investigado.

Los principales responsables de la red ―dos hombres de 37 y 53 años― han ingresado en prisión provisional. Uno es un ciudadano senegalés afincado en España y con la documentación en regla. Según la investigación, se encargaba de captar a conciudadanos, tanto en España como en su país de origen, “prometiéndoles un trabajo digno, con todas las condiciones laborales de las que puede disfrutar otra persona que viva en este país”. El otro era un “importante empresario agrícola”. Este último era propietario de la mayoría de las casas en las que alojaban a los migrantes, que vivían hacinados y en pésimas condiciones de higiene y habitabilidad.

15 empresarios investigados

Los agentes han detectado la participación de hasta 15 empresarios agrícolas de la ribera del Ebro en Navarra y Zaragoza que supuestamente se beneficiaban de la mano de obra irregular aportada por la trama para realizar labores en sus respectivas explotaciones, en su mayoría de fruta y hortaliza de temporada. En los cinco registros domiciliarios realizados en Ribaforada (Navarra) y Alfaro (La Rioja) se intervino “abundante documentación para contrataciones laborales fraudulentas, tarjetas de identificación de extranjeros para suplantaciones, vehículos de traslado de trabajadores y 6.000 euros en efectivo”. Esta labor se complementó con otras tantas inspecciones policiales simultáneas en campos de la Ribera del Ebro, tanto en la Comunidad foral como en Aragón.

En una segunda fase, Policía Nacional ha detenido a otras diez personas, entre ellas, varios empresarios agrícolas de Navarra y algunos “lugartenientes” del principal investigado, que permanece en prisión. En las pesquisas han participado agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) central, de Pamplona, Tudela y Logroño.