Dormir en el suelo y trabajar 12 horas diarias: así explotaban a migrantes en un pueblo de Málaga

La Policía Nacional ha detenido en un pueblo de Málaga a 43 personas que formaban parte de una organización dedicada a la explotación y la regularización de migrantes de forma fraudulenta. Los arrestados llevaban al menos cinco años desarrollando esta actividad ilegal, para la que habían creado dos empresas agrícolas en el municipio malagueño de Casarabonela (2.500 habitantes). La mayoría de víctimas, que supera el centenar de personas, son ciudadanos de origen marroquí en situación administrativa irregular que eran forzados a mantener jornadas laborales de más de 12 horas incluso en las peores olas de calor durante el verano y dormían en el suelo en viviendas “destrozadas y en condiciones infrahumanas”, según fuentes policiales.

Los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) reflejan que Andalucía es la comunidad autónoma donde más se inspecciona la situación laboral de los trabajadores. Así dejan constancia 3.914 personas en 2021 (último año disponible), cuando se detuvo a 11 personas por trata laboral en dicha región, cifra que alcanzó las 31 en todo el país. La complejidad para la realización las operaciones policiales centradas en la explotación laboral y para contabilizar exactamente las cifras de las organizaciones criminales quedan bien reflejadas en las cifras del CITCO, organismo dependiente del Ministerio del Interior. En sus últimos datos disponibles, correspondientes a 2021, reflejan que en toda España solo hubo 31 personas detenidas por trata laboral —la mayoría en Andalucía, con 11 y Cataluña, con 9— y que la cifra alcanza los 244, la mayoría de nacionalidad española y rumana, desde 2017. En el lustro que va desde ese año hasta 2021 han sido liberadas 518 personas explotadas, de las que 273 eran hombres, 24 menores y el resto, mujeres. La mayoría de trabajadores inspeccionados —unos 13.000 anuales— tienen nacionalidad española, a la que le siguen las de Marruecos y Rumanía.

El líder de la organización es un ciudadano de Marruecos que fundó la primera de sus dos sociedades en el año 2017 en Casarabonela, un pequeño pueblo de poco más de 2.500 habitantes en la comarca de la Sierra de las Nieves, al oeste de la capital malagueña. Para él trabajaban tanto personas en situación administrativa regular como irregular. La diferencia era que estos últimos debían trabajar más horas y cobrar un salario menor. Fuentes de la investigación explican que la mayoría de personas que carecía de documentación habían llegado a España en patera. La necesidad y el boca a boca les hacían llegar hasta Casarabonela, donde eran explotados en tareas agrícolas y residían en viejas viviendas del propio casco urbano, propiedad de la red criminal. Dormían hacinados sobre mantas en el suelo o colchones en pequeñas habitaciones con humedades y paredes desconchadas.

El cabecilla ofrecía los servicios de sus trabajadores, tanto los regulares como los irregulares, a distintos empresarios agrícolas de la zona. Estos, “con total conocimiento de lo que hacían”, según los agentes que han participado en la investigación, contrataban a las cuadrillas. Estaban formadas por un miembro de la organización, que ejercía de jefe, y empleados explotados laboralmente. Según la temporada se dedicaban a la recogida de limones, algarrobas, aceitunas u otros productos de la comarca de la Sierra de las Nieves o del entorno del municipio de Coín, en el Valle del Guadalhorce. Las jornadas se podían extender a 12 horas diarias a pesar de que son trabajos muy físicos. A los policías les ha llamado mucho la atención que dichas circunstancias se mantenían incluso durante el verano y las distintas olas de calor que Andalucía vivió durante 2022 en la temporada estival “poniendo en riesgo la vida de estas personas”.

Para conocer todos los detalles de la organización los agentes han realizado un complejo trabajo que arrancó en noviembre de 2021 tras un aviso a la Oficina de Extranjería de Málaga. No ha sido fácil realizar seguimientos o inspecciones en un entorno rural y un pueblo pequeño donde todos los vecinos se conocen y cualquier desconocido llama la atención. Tampoco desgranar un entramado empresarial y de contratos laborales desarrollado por la organización, que contaba con el apoyo de varios empleados de una gestoría y una abogada. De hecho, los investigadores han comprobado que las empresas también cometían fraudes tributarios relacionados con impuestos como el de sociedad, es el IVA o el IRPF.

La red era, igualmente, utilizada para regularizar, de manera fraudulenta, a migrantes de Marruecos. Éstos tenían que pagar entre 1.500 y 3.000 euros para que los responsables de la trama le facilitaran contratos de trabajo ficticios a través de los que podían obtener permisos de residencia y trabajo su situación administrativa. Otros, directamente, compraban contratos para cotizar en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones sociales, como el desempleo, sin haber trabajado e incluso residiendo en su país de origen.

La operación ha culminado con la detención de 43 personas de diversas nacionalidades, la mayoría españoles y marroquíes. Entre los arrestados se encuentran tanto el líder como los integrantes de la organización delictiva, que funcionaba al menos desde el año 2017 y de cuya explotación laboral hay más de un centenar de víctimas. También han sido detenidos empresarios de los alrededores de Casarabonela que contrataban los servicios de la red con pleno conocimiento de lo que ocurría, además quienes compraban contratos para defraudar a la hacienda pública. A los empleados de la asesoría y la letrada que colaboraba con la banda se les imputan varios delitos, aunque no se llegó a su arresto. Durante los registros realizados los agentes de la Policía Nacional han intervenido 56.985 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y distinta documentación que permitirá ampliar la investigación.