El secretario de Estado de Justicia acusa al juez García-Castellón de intentar “influir” en la negociación de la amnistía

La crítica del Gobierno en funciones a la ofensiva judicial contra la ley de amnistía ha subido este miércoles de tono con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que ha acusado al juez Manuel García-Castellón de querer “influir” en la negociación entre PSOE y Junts al señalar en la investigación a Carles Puigdemont e imputar a Marta Rovira por terrorismo en la causa sobre Tsunami Democràtic. “Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...”, ha afirmado Rodríguez en una entrevista concedida este miércoles a Radio Popular-Herri Irratia. El número dos de Justicia ha cargado también contra la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente suplente, Vicente Guilarte, ha presentado un texto explicativo sobre su decisión de votar en blanco en el pleno celebrado el lunes para debatir una moción contra la amnistía. Guilarte considera que pronunciarse ahora sobre una norma cuyo texto no se conoce es “prematuro” y una “injerencia en la actividad política”.

Según el secretario de Estado de Justicia, la situación, “se le está yendo de las manos a algunos”, sobre todo a raíz de los altercados de las últimas noches ante la sede del PSOE en Madrid. Rodríguez se ha mostrado preocupado por la violencia en la calle, pero también por la actitud de un sector de la judicatura. Además de cuestionar la decisión de García Castellón de citar como investigado ahora a Puigdemont, el número dos de Pilar Llop los ha criticado duramente al CGPJ, a cuyos vocales ha llamado “verdaderos okupas” por seguir en el cargo cuando hace casi cinco años que cumplió su mandato. Rodríguez se ha referido al CGPJ como “el partido judicial” y ha calificado de “absurdo y desproporcionado” el texto aprobado el pasado lunes en el pleno de este órgano, que critica que la amnistía “supone degradar y convertir” el Estado de derecho “en objeto de mercadeo al servicio del interés personal” del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. “Se permiten criticar una ley que todavía no existe”, ha advertido, para añadir: “Lo que tendrían que hacer por decencia democrática es irse, dimitir. Ellos ya no representan al Poder Judicial”.

El secretario de Estado ha criticado también a la APM, la asociación mayoritaria, de tendencia conservadora, que ha emitido un comunicado en el que sostiene que la futura ley de amnistía es “el principio del fin de la democracia”. “Es una ley que no conocen, que no existe, y se atreven a decir que es el fin del Estado de derecho y de la democracia. Hay cosas que no entiendo”, ha señalado Rodríguez. Preguntado sobre si ve ideología detrás de esas afirmaciones de la APM, el número dos de Justicia ha afirmado: “Alguien que se permite criticar una ley que no existe, que mantiene los mismos postulados que mantienen algunos partidos importantes de la derecha de este país... Blanco y en botella, leche”. “Si no conocen el texto, no tienen que hacer declaraciones tan absurdas y desproporcionadas. Si lo hacen es porque tienen algún tipo de intencionalidad política”, ha afirmado Rodríguez.

“Falta de oportunidad”

El presidente suplente del CGPJ ha presentado este miércoles un escrito en el que explica su voto en blanco en el pleno del pasado lunes. En este texto, Guilarte deja claro su postura contraria a la amnistía y defiende que la convocatoria del pleno extraordinario fue legítima, en contra de lo que sostiene el vocal progresista Álvaro Cuesta, pero reconoce la “falta de oportunidad” de la iniciativa en un momento de “dramática bipolarización” y defiende que habría sido mejor no pronunciarse ahora para evitar “la injerencia en la actividad política”. El presidente suplente lamenta, además, que esta nueva confrontación dentro del órgano de gobierno de los jueces “no ayuda a fomentar un consenso” ni a acercar la renovación de un CGPJ que lleva casi cinco años en funciones. “En tanto no se plasme la hipotética decisión sobre la amnistía en un anteproyecto o proposición de ley es prematuro un pronunciamiento del CGPJ pues su intervención pudiera entenderse como la de un sujeto activo del debate político”, advierte Guilarte.