El Gobierno carga contra la “deslealtad constitucional” del CGPJ por su crítica a la amnistía

Los partidos de la coalición han arremetido este martes contra los últimos movimientos judiciales sobre dirigentes independentistas y la futura ley de amnistía, en plena recta final de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Las actuaciones coinciden, además, con la creciente movilización de la derecha ultra en las calles y un aumento del clima de crispación que preocupa al Gobierno. El Ejecutivo ha sido durísimo con la declaración institucional contraria a la norma sobre la medida de gracia emitida el lunes por el Consejo General del Poder Judicial, que en diciembre cumplirá cinco años pendiente de renovación ―equivalente a un mandato entero― y ha sido impulsada por los nueve consejeros propuestos en su momento por el PP. “Sin conocer un texto legal, que hagan un pronunciamiento me parece de una deslealtad constitucional como hacía tiempo que no se veía”, ha afeado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en los pasillos del Senado. Desde Sumar también han criticado la actuación del juez Manuel García-Castellón, que un día antes reactivó la investigación sobre Tsunami Democràtic al citar como imputados al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La plataforma que lidera Yolanda Díaz considera que el movimiento no es “casualidad” y tiene consecuencias sobre las conversaciones.

Sobre la declaración del CGPJ ha hablado muy firme la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez. “No deja de ser inaudito que un órgano en el que están sentadas personas con unos conocimientos y trayectorias jurídicas emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe, de la que desconocen su contenido (...) Igual habría estado bien que estas personas que conforman este órgano de gobierno de los jueces hubieran actuado con la misma celeridad sobre algo que les afecta muy directamente que es su mandato caducado en los últimos cinco años, una situación totalmente anómala”, ha cargado la ministra desde la sala de prensa de La Moncloa.

“El PP ha demostrado algo, y es que no se puede confiar en ellos, que dejaron de ser un partido de Estado. Hay un partido político responsable de ese incumplimiento constitucional que es el PP”, ha apostillado la portavoz del Ejecutivo, que ha expresado el deseo de que “en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y, por tanto, hay nuevo Gobierno como deseamos, poder abordar una cuestión que es un lastre para nuestro país y su reputación ante las instituciones europeas: la renovación del CGPJ”.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que ha censurado que el CGPJ intente “sentar una doctrina” sobre que “no es democrático que gobierne alguien diferente al Partido Popular”. “Es absolutamente inaceptable lo que está pasando y llamo a toda la sociedad española a que mantenga la tranquilidad frente a este intento de desestabilización de la democracia”, ha sostenido el también líder del PCE. La portavoz adjunta del grupo, Aina Vidal, ha abogado por la reforma del Consejo para cambiar las mayorías que permitan desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

En cuanto a la decisión de Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, de citar como imputados a Puigdemont y Rovira, la portavoz del Gobierno ha evitado ofrecer su postura. Rodríguez ha subrayado que “no debe emitir opinión política sobre decisiones judiciales” y ha expresado su “respeto” por todas las actuaciones jurídicas, aunque ha recordado que la causa se lleva instruyendo cuatro años y la Fiscalía “tiene criterios distintos” y prevé recurrir la resolución. También el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido muy cuidadoso con hacer el menor comentario sobre la imputación del expresident, pero sí ha arremetido contra el Poder Judicial. Marlaska ha recordado que el órgano de los jueces “lleva ya cinco años de una prórroga indebida” y la consecuencia es “un incumplimiento absoluto de nuestro ordenamiento jurídico de la Constitución”.

“Intencionalidad política”

Los diputados de Sumar, en sus respectivas comparecencias, sí han cargado contra la decisión en un tono muy diferente. “Ha habido mucho tiempo para que la Audiencia Nacional hiciera su trabajo y tampoco era imprescindible hacerlo la misma semana que se está intentando cerrar el acuerdo. Tiene una clara intencionalidad política. Al final acaba todo en nada, pero el efecto mediático se consigue y se contribuye a la desestabilización”, ha asegurado Enrique Santiago. “No es casualidad que el juez invitado estrella fuera García-Castellón”, ha ironizado por su parte Vidal. “El mismo que dio por sentada la Púnica y el mismo que cada vez que el [ex]presidente [José María] Aznar le llama a hacer lo que sea actúa intentando utilizar a personas, a periodistas, a políticos con tal de mermar la base para la investidura”, ha disparado la portavoz adjunta del grupo de Díaz. Después de días de ataques y concentraciones frente a sedes del PSOE en distintas ciudades de España en contra de la futura ley de amnistía, los parlamentarios han arremetido también contra las derechas españolas por “inflamar las calles”.

Fuentes de Sumar apelaban este martes a la prudencia, enfriaban las posibilidades de un acuerdo inminente y admitían que estos últimos movimientos judiciales han tenido su efecto en la mesa de negociaciones con Junts, que todavía está cerrando los últimos flecos de un texto muy complejo con el PSOE para tratar de limitar el margen de interpretación y evitar que pueda ser recurrido al Tribunal Constitucional por una judicatura que ya ha mostrado sus resistencias.