El PP toca a rebato contra la amnistía

La derecha ha entrado en combustión. Desde que se hizo público, este jueves, el acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la aprobación de una amnistía a los encausados del procés independentista y en torno a 15.000 millones de euros de condonación de la deuda de Cataluña, la tensión se ha disparado en el mundo conservador. En los corrillos de dirigentes del PP durante el congreso del PP vasco celebrado el sábado en Vitoria, muchos contaban que no paran de recibir mensajes en sus teléfonos móviles de simpatizantes instándoles a impedir ese pacto. “¿No se puede hacer nada más? ¡Haced algo!”, les interpelan, según explican estos dirigentes con sensación de impotencia, porque tampoco está en sus manos detenerlo. Pero el PP es consciente de la exaltación de sus bases y va a responder en consecuencia. La dirección popular va a ir “con todo, hasta el final” para oponerse a la amnistía, y “jugando fuerte”, según apuntan fuentes de la cúpula. Presionado por ese ambiente, que agitan además los halcones de la derecha como José María Aznar, y sin dejar de mirar por el retrovisor a Vox, Alberto Núñez Feijóo ordena zafarrancho de combate.

Aznar fue el primero en llamar a rebato. El expresidente del Gobierno quiere seguir influyendo, para disgusto de los más moderados del PP, y aprovechó un acto público junto a Feijóo el jueves para lanzar una llamada de alerta: “Hay que actuar”, reclamó. “Lo digo con toda claridad. El candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”, añadió Aznar con dramatismo, sentado junto a Feijóo. “Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto. Porque se ha puesto la Constitución y el Estado de derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esta es la situación que tenemos. Y, por lo tanto, hay que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. Y el que se pueda mover, que se mueva”.

La derecha es una olla a presión, en todos los ámbitos. En el mundo judicial, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha maniobrado para forzar un pleno extraordinario en el que el órgano de gobierno de los jueces —que lleva casi cinco años con el mandato caducado— se pronuncie contra la amnistía. Una medida que “supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España”, sostienen ocho vocales del CGPJ. La asociación mayoritaria de jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera la medida de gracia como “el principio del fin” de la democracia.

Y en paralelo, el viernes, poco después de que se anunciara que la ley de amnistía incluirá a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo y el caso Tsunami Democràtic, llegaron dos decisiones judiciales con relación directa: la Audiencia Nacional dictó la apertura de juicio oral a una docena de cdr procesados por terrorismo y la Guardia Civil entregó el informe definitivo sobre el caso Tsunami, que concluye que Marta Rovira, secretaria general de ERC, huida en Suiza, fue una de las cabecillas.

El mundo policial no está menos agitado. El Ministerio del Interior está estudiando acciones legales contra la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, por un tuit en el que tildó de “felonía” la amnistía. La crispación también ha saltado a la calle y el viernes una concentración a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid reunió a varios centenares de personas contra los pactos con los independentistas. La protesta fue convocada por redes sociales y contaba con el apoyo de Vox. El sábado hubo otra similar, con unos 300 asistentes.

En medio de ese alboroto, Feijóo, que siempre se ha reivindicado como un político institucional, ha autorizado esta semana una maniobra de filibusterismo parlamentario en el Senado. El PP, aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara alta, modificará el reglamento para poder retrasar dos meses la aprobación del proyecto de ley de amnistía. Fuentes de la dirección del PP alegan que el PSOE también está forzando las costuras parlamentarias para sacar adelante la norma.

Los dirigentes más moderados del PP temen que la cosa se vaya de madre, que Feijóo no resista la presión de echarse del todo al monte. “Nosotros no somos los CDR ni Vox, sería un error llegar al punto, por ejemplo, de que se rodeara el Congreso como se hizo en la investidura de Mariano Rajoy”, apunta uno de ellos, que lamenta que va a ser difícil contener la tensión: “Va a ir a más”. “La gente está muy caliente”, confesaba en Vitoria un diputado del PP, que reconocía también el problema que afronta el partido por la frustración de sus bases. “Si les estamos diciendo que esto es inconstitucional, que no se puede hacer… ¿cómo les decimos que no podemos impedirlo?”.

El problema que enfrenta también el PP es que su discurso inflamado choca con sus posibilidades reales de frustrar el pacto del PSOE con los partidos independentistas catalanes. En Vitoria, Feijóo subió otro escalón el sábado en sus invectivas al PSOE acusándolo de “corrupción” por sus acuerdos con los independentistas. “Cambiar votos por impunidad es corrupción, y comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del Gobierno de España es corrupción”, percutió.

Los populares sí pueden hacer mucho ruido en las instituciones, aprovechando su bastión del Senado y sus 11 presidentes autonómicos, como también en la justicia, en Europa y en la calle. El PP celebra actos públicos contra la amnistía cada domingo y asistirá a cualquier manifestación que se organice contra la medida de gracia, como la del día 18 en Madrid, a la que también irá Vox. La extrema derecha está moviendo, además, la convocatoria de una huelga general, que el PP tampoco desdeña pero ve muy improbable. “Hablaremos con los sindicatos”, dicen en la cúpula popular. Feijóo se ha movilizado, aunque en su entorno sostienen que no se pasarán de frenada: “No podemos cometer errores, es lo que están esperando”.