El nacionalismo vasco se moviliza contra las resoluciones judiciales sobre el euskera

Miles de personas —70.000 según el Ayuntamiento— se manifestaron este sábado por las calles de Bilbao para protestar contra la “euskerafobia” de los jueces y la “ofensiva” que, en opinión de los convocantes —la plataforma Euskalgintzaren Kontseilua—, ha emprendido el poder judicial contra la lengua vasca. Los partidos y sectores nacionalistas están indignados por las últimas sentencias contra distintas normativas vascas que regulan el uso del euskera en los ayuntamientos. Los jueces han dictaminado que no puede exigirse el conocimiento del euskera por encima de lo permitido legalmente en determinados concursos públicos, y tampoco favorecerse el uso de esta lengua sobre el castellano en la atención a los ciudadanos.

La irritación en las filas nacionalistas pudo percibirse en un acto oficial el pasado 23 de octubre. El lehendakari, Iñigo Urkullu, no suele enfadarse en público. Pero ese día se molestó cuando, nada más empezar a hablar en euskera durante una conferencia ante el Instituto de Empresa Familiar (IEF), escuchó murmullos y carraspeos. Paró unos segundos su intervención y, contrariado, lamentó la “falta de respeto” de algunos empresarios asistentes. Al día siguiente se disculparon con él el presidente del IEF, Andrés Sendagorta, y el máximo dirigente de la CEOE, Antonio Garamendi. El mandatario vasco, que siempre alterna el euskera y el castellano en sus intervenciones y repite sus mensajes en ambas lenguas, recordó que “los ciudadanos de Euskadi tienen derecho a ser atendidos en los dos idiomas”.

Los jueces han anulado en varias sentencias —­una decena desde 2021 según el recuento de Kontseilua, 13 según el Gobierno vasco— medidas concretas aprobadas por el Ejecutivo autónomo y por varios ayuntamientos que exigían el conocimiento del euskera para trabajar en las administraciones públicas o para contratar con estas. “Los jueces están de facto determinando la política lingüística”, critican las entidades que trabajan para favorecer el uso del euskera.

Esa sucesión de resoluciones de distintas instancias —desde juzgados de lo contencioso hasta el Tribunal Superior del País Vasco— ha ido rechazando convocatorias de empleo público en las que se pedía un nivel de euskera que supera el recogido en la propia normativa autonómica. Así, fue anulada la exigencia del euskera que estableció el Ayuntamiento de Irún (Gipuzkoa) para sus policías municipales, el requisito fijado por el de Erandio (Bizkaia) para sus agentes o el reclamado a los trabajadores de las residencias de la Fundación guipuzcoana Uliazpi. Los jueces no dejaron pasar tampoco la exigencia de euskera que el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) estableció para contratar a una empresa de servicios culturales, y tumbaron los requisitos lingüísticos impuestos a los trabajadores de una empresa de autobuses escolares de Ondarroa (Bizkaia). Además, un juzgado de Vitoria obligó a readmitir a una funcionaria interina que fue despedida por el Ayuntamiento de Llodio (Álava) por no acreditar el perfil lingüístico. La jueza, entre los argumentos utilizados, alegó que el euskera “ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo”.

Pero el principal varapalo judicial llegó el pasado julio. El Tribunal Constitucional anuló el artículo 6.2 de la Ley 2/2016 de instituciones locales de Euskadi, que promueve el uso “preferente” del euskera frente al castellano. Ese artículo exigía a los concejales y trabajadores públicos que quisieran ser tratados en castellano en sus ayuntamientos que acreditasen primero que desconocían el euskera. Dicha exigencia, sentenció el tribunal, “quiebra el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas cooficiales al condicionarse el uso del castellano al desconocimiento del euskera”.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), acogiéndose a esta sentencia del Constitucional y otras del Supremo, estimó en dos resoluciones conocidas en octubre sendos recursos presentados por Vox y el PP y anuló varios artículos y apartados del decreto del Gobierno vasco de 2019 referido a la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en los municipios. Han quedado sin efecto, por ejemplo, el precepto que obligaba al personal de los ayuntamientos a dirigirse a los ciudadanos inicialmente en euskera. El TSJPV considera que el plan de normalización del euskera no puede privilegiar esta lengua frente al castellano, porque eso vulnera la Constitución.

Kontseilua sostiene que estas actuaciones judiciales suponen “una injerencia de los tribunales” y entorpecen la revitalización del euskera. Es de esta opinión el profesor de Derecho Administrativo de la UPV-EHU Iñigo Urrutia: “El euskera se encuentra en una situación de inferioridad con respecto al castellano. La política de normalización lingüística trata de adoptar medidas de acción positiva para intentar igualar el estatus y la realidad de las dos lenguas oficiales. Se está poniendo límite a las administraciones públicas en el proceso de normalizar el uso de las lenguas sin trabas”, protesta. Paul Bilbao, representante de Kontseilua, critica igualmente “la espada de Damocles que los jueces han colocado sobre el euskera” y opina que en Euskadi “hay una lengua dominante, el castellano, lo que impide que haya una cooficialidad real”. La académica de Euskaltzaindia Sagrario Aleman sostiene que “el uso del castellano está plenamente garantizado en el País Vasco y Navarra, algo que no ocurre con el euskera”.

Urkullu ha levantado también la voz contra lo que considera una “falta de sensibilidad” de los jueces. “Han judicializado una cuestión que estaba resuelta en el ámbito político. El euskera y el castellano no están en igualdad de condiciones y falta mucho para alcanzar esa igualdad. En el plano judicial falta mucha sensibilidad para abordar jurídicamente esta cuestión”, dijo en una comparecencia reciente en el Parlamento.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Alberto López Basaguren, vascoparlante, cree, sin embargo, que “se está produciendo un salto al vacío en la exigencia del euskera en el ámbito público” que sobrepasa los límites que establecen las leyes. “Hay una campaña por parte de quienes defienden un espacio de impunidad para todo aquello que se hace en nombre del euskera, excluyéndolo del control judicial, y eso es inaceptable en un sistema democrático”, subraya.

El volumen de críticas contra resoluciones judiciales llevó al expresidente del Tribunal Superior vasco Juan Luis Ibarra a dar un golpe sobre la mesa y salir en defensa de su gremio. En una conferencia organizada por la Fundación Buesa sobre los mitos del terrorismo de ETA, Ibarra afirmó que en las críticas a las sentencias judiciales “se detecta el eco sostenido y específico del discurso de deslegitimación social que la cultura de la violencia política dirigió durante más de una década contra la judicatura ejerciente en el País Vasco”. Urkullu tachó estas opiniones de “impresentables” por vincular “el euskera con lo que ha sufrido el pueblo vasco y con la socialización del sufrimiento” que desplegaron ETA y su entorno.

El PNV, EH Bildu y Sumar, al igual que la mayoría de los sindicatos —salvo UGT y CC OO—, se han adherido a la protesta de este sábado en Bilbao. Ni el lehendakari ni ningún miembro del Gobierno vasco (una coalición PNV-PSE) han asistido. El Ejecutivo autónomo, que recurrirá las resoluciones judiciales ante el Supremo, está dividido en esta cuestión. El ala nacionalista ha apoyado desde el primer momento la protesta en la calle, mientras que los socialistas se han desmarcado de plano. Esta división se hizo visible el pasado jueves en el Parlamento. El PNV y EH Bildu unieron sus votos para aprobar una iniciativa que se opone “con firmeza” a las sentencias “que atentan no solo contra la revitalización del euskera, sino también contra un amplio consenso social”. Las resoluciones suponen “un ataque al autogobierno”, dijo el peneuvista Aitor Urrutia. Jasone Agirre, de Bildu, fue más allá y empleó el término “fascismo” para atacar a los jueces. Los socialistas, en cambio, pidieron respeto para las decisiones de los tribunales y advirtieron de que la lengua vasca “no es monopolio de los abertzales”. Entre los responsables institucionales que han participado, figuran la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria; los diputados generales de Álava y Gipuzkoa, Ramiro González y Edider Mendoza; y los alcaldes de Bilbao y San Sebastián, Juan Mari Aburto y Eneko Goia.